Luz roja en Valencia y Murcia: el atasco político cronifica un agujero de 1.246 M

Castigo doble para las autonomías más perjudicadas por el reparto de la financiación autonómica. La Comunidad Valenciana y Murcia, los territorios situados a la cola en la redistribución de fondos que realiza el Estado para cubrir las competencias trasferidas (principalmente, sanidad, educación y servicios sociales), están sufriendo por dos veces el retraso por parte del Ministerio de Hacienda en las llamadas entregas a cuenta, el dinero correspondiente al ejercicio de 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene paralizado con el argumento de que la Abogacía del Estado no le permite anticiparlo por estar en funciones y sin Presupuestos Generales aprobados.

Esta dilación en la entrega de recursos que habitualmente se realiza periódicamente en varios tramos a lo largo del año está provocando muchas tensiones en la tesorería regional y obligando a los gobiernos autonómicos a ejecutar recortes anticipados de partidas sobre los presupuestos autonómicos aprobados a partir de un techo de gasto basado en la previsión de unos PGE que finalmente no vieron la luz. La consecuencia de esta situación es un empeoramiento en la calidad de la prestación de los servicios públicos y retrasos en el abono de facturas a todo tipo de proveedores, que en el caso concreto de Valencia y Murcia ya de por sí se ven forzados habitualmente a esperar la liberación de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para cobrar.

A la demora en las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda se suma el hecho de que la Comunidad Valenciana y Murcia son las peor financiadas

A la demora en la entrada en caja de estos ingresos, se suma el hecho de que estas autonomías reciben estructuralmente menos recursos que el resto por el deficiente sistema de financiación autonómica de 2009, ya caducado y que ha cronificado la desigualdad entre los territorios españoles. El último análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), realizado sobre la liquidación del ejercicio de 2017 y publicado el pasado mes de agosto, refleja que sigue existiendo una brecha de más de 25 puntos entre la autonomía peor financiada (Comunidad Valenciana) y la que más dinero recibe (Cantabria) a competencias similares y en términos de población ajustada. Se trata de una estimación que tiene en cuenta el sistema de los costes unitarios relativos de provisión de los servicios públicos de titularidad autonómica con base en variables demográficas y geográficas, incluyendo como factores correctores el grado de envejecimiento de la población y su dispersión, así como la extensión del territorio.

Según el análisis de Fedea, sobre una base 100, el territorio valenciano y Murcia se sitúan en el 94,2 y 92,6, respectivamente. En términos absolutos, esto significa que para equipararse a la media española, las dos regiones deberían haber recibido una aportación superior del Estado de 974 millones, en el caso de la Comunidad Valenciana, y 272 millones, para Murcia. En conjunto, los farolillos rojos del reparto de fondos sumaron un "déficit" de recursos de 1.246 millones en el último ejercicio liquidado, según cálculos realizados por El Confidencial a partir de la financiación efectiva estimada por Fedea.

Las diferencias en recepción de recursos explican la crítica de Ximo Puig a la rebaja fiscal de Ayuso. Valencia no puede permitirse reducir impuestos

Esta situación de mayor precariedad en las cuentas públicas explica que el presidente valenciano, Ximo Puig, fuese especialmente crítico con el anuncio de rebaja fiscal realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, que contempla una disminución de todos los tramos autonómicos del IRPF que se sumará a la menor presión fiscal en patrimonio (bonificado al 100% en Madrid), sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales. Puig acusó a Ayuso de practicar el 'dumping' fiscal aprovechando la ventaja que otorga a su autonomía el efecto de la capitalidad del Estado y del sistema radial de infraestructuras. No es que el barón socialista valenciano no quiera acometer una rebaja de impuestos similar, es que aunque quisiera no podría hacerlo sin depreciar más la calidad de los servicios públicos que presta la Generalitat valenciana. Cada valenciano recibe del Estado 245 euros menos que un madrileño, según la liquidación de Fedea de 2017.

"Oscura disposición" para Madrid

"El caso de Madrid es llamativo e ilustra los inesperados efectos de algunas de las complejas disposiciones de la actual ley de financiación. La mejora de esta comunidad se debe en buena parte a un importante incremento en su participación en el Fondo de Competitividad que, en contra de lo que cabría esperar, no proviene de una caída de su financiación previa al reparto de ese fondo sino de la desaparición en 2017 de un ajuste 'ad hoc' a tal financiación que se aplicaba en ejercicios anteriores de acuerdo con una oscura disposición transitoria de la ley reguladora" del sistema de financiación, señala el informe de Fedea firmado por Ángel de la Fuente. La Comunidad de Madrid fue, además, la que más creció en 2017 en ingresos por el sistema de reparto, como consecuencia de ese ajuste en el Fondo de Competitividad. Esta autonomía se sitúa algo por encima de la media, un 101,9 sobre base 100.

Cuatro territorios figuran por debajo de ese listón. Además de Valencia y Murcia, también Andalucía (95,5) y Castilla-La Mancha (96,8) están por debajo de la media en términos de población ajustada. Se trata de una anomalía que se ha cronificado y que no tiene aspecto de mejorar a corto plazo. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el nuevo presidente, Pedro Sánchez, aparcó para la siguiente legislatura la actualización y reforma del modelo de financiación que había prometido en varias ocasiones. Lo hizo argumentando ausencia de consenso tanto entre territorios como entre las fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la ausencia de un escenario de estabilidad política en el Gobierno a medio plazo no augura nada bueno para los defensores de la necesidad de abordar un nuevo modelo. No solamente que el líder del PSOE esté tratando de pergeñar un Gobierno en solitario en minoría, es que la posibilidad de unas nuevas elecciones es ahora una opción real, lo que retrasará todavía más la negociación de reformas estructurales como el reparto de recursos entre autonomías.

En este contexto, Compromís, socio de Ximo Puig en el Consell valenciano, está elevando la presión sobre el 'president' para exigirle que eleve el tono contra Sánchez y reclame más fondos de la forma que sea. Este martes, la vicepresidenta, Mónica Oltra, se reúne con el 'conseller' de Hacienda, el socialista Vicent Soler. Según publicaba 'Valencia Plaza', tiene previsto exigirle que la pata socialista del Botánic abandone su actitud pasiva ante el bloqueo en las entregas a cuenta de la ministra María Jesús Montero y reclame alternativas para recibir fondos antes de negociar cualquier tipo de recorte en las distintas 'conselleries' para encarar el último cuatrimestre del año.