Balín, García, Bigotes: la ola de confesiones cerca a Juan Cotino en el juicio del Papa

El juicio contra la trama Gürtel por los contratos fraudulentos y el cobro de comisiones en la visita de Benedicto XVI a Valencia se está calentando en los despachos de la Fiscalía a muy pocos días de arrancar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Un grupo importante de los acusados ha negociado acuerdos de conformidad con la acusación en los que acepta los hechos que se les imputa a cambio de rebajar penas y realizar desembolsos para cubrir la responsabilidad civil. El proceso ha investigado si la antigua Radio Televisión Valenciana (RTVV) subcontrató de forma fraudulenta a una empresa pantalla de la red de Francisco Correa los servicios de pantallas gigantes o megafonía para seguir el recorrido del Pontífice. La acusación, representada por la Fiscalía y por la Generalitat valenciana, sostiene que la antigua Canal 9 adjudicó ese contrato por un precio desorbitado de casi 7,5 millones de euros, y que posteriormente se repartieron 3,3 millones de euros en comisiones ilegales.

Los beneficiarios de esas presuntas comisiones fueron los principales acusados en el juicio que comienza el 9 de marzo. Francisco Correa, según la Fiscalía, recibió una comisión de 1,49 millones de euros; Pablo Crespo, de 166.000 euros, y Álvaro Pérez 'el Bigotes', de 500.000. Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, habría ingresado 249.000 euros por colaborar en la configuración de un entramado societario para blanquear los fondos. Por último, el exdirector de la cadena pública Pedro García Gimeno se habría hecho con medio millón de euros a través de una sociedad intermedia.

Fondos en Suiza y Mónaco y fincas en Latinoamérica embargadas a Correa podrían servir para cubrir el agujero provocado en la vieja Canal 9

Según fuentes judiciales, Blanco Balín y Pedro García han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público a cambio de retornar los fondos y de una rebaja sustancial de las penas. Aun así, el pacto no impedirá probablemente su ingreso en prisión, pues la Fiscalía reclamaba 40 años para García y 18 años para Blanco Balín. Sus confesiones, y las de algunos exdirectivos y miembros de la mesa de contratación, abrirán la lata de una posible sucesión de condenas al resto de acusados.

Esa lluvia de conformidades estrecha especialmente el cerco para el que fue director general de la Policía Nacional Juan Cotino, que en aquellas fechas era consejero del Consell de Francisco Camps. El sumario le atribuye un papel importante por "impulsar activamente" la contratación irregular de las pantallas a través de RTVV por parte de la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia (FVMEF), entidad encargada de organizar el evento religioso. La acusación de la Generalitat no contempla adherirse a los acuerdos negociados por la Fiscalía si no se producen dos circunstancias que considera claves: la recuperación de los fondos públicos detraídos de la empresa autonómica y una declaración incriminatoria contundente de los confesos sobre qué superiores eran conocedores de los hechos. Esto podría comprometer mucho a Cotino si García declara que estaba al tanto de las contrataciones fraudulentas. La Fiscalía reclama 11 años de prisión para el político del Partido Popular y 10 de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cuatro delitos: malversación de caudales públicos, fraude en la Administración Pública, cohecho pasivo y prevaricación continuada.

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La baza de Cotino es que nunca participó formalmente en las adjudicaciones de RTVV. No formó parte de la mesa de contratación ni estuvo en el proceso administrativo, lo que podrá servirle para contrarrestar durante el juicio las acusaciones de malversación, prevaricación y delito contra la Administración. Anticorrupción le atribuye, además, un delito de cohecho pasivo.

Pero, además, se espera también que a partir del lunes, cuando arrancan las sesiones, el que fuera responsable de la franquicia de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, muestre una actitud colaborativa con la Fiscalía. El Bigotes no tiene ningún acuerdo de conformidad firmado todavía con la Fiscalía Anticorrupción, pero la Fiscalía y la acusación particular cuentan con que mantenga la posición y el testimonio que ya protagonizó en enero de 2018 en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del Partido Popular valenciano. En aquella vista del 19 de enero, Pérez situó a Juan Cotino como la persona encargada de mantener contactos con empresarios ligados al partido. “Para cobrar, había que hablar con Juan Cotino, que mediaba con algunos empresarios”, manifestó. "Hasta que no llamaban y daban órdenes, no me podían pagar. Los únicos que repartían eran Juan Cotino, Francisco Camps o su jefa de Gabinete". En esa misma intervención, anticipó la que podía ser una declaración contundente en el juicio que ahora se inicia. “Hablar de la pieza de la visita del Papa es el tercer testamento”, dijo entonces en tono enigmático.

Álvaro Pérez no ha firmado aún conformidad con el fiscal, pero ya avisó de que el juicio del Papa iba a ser su "tercer testamento"

En realidad, Álvaro Pérez no tiene mucho que perder en esta causa. Está al límite de cumplimiento de penas en los delitos que se le imputan (asociación ilícita, prevaricación, malversación, cohecho activo, etc.). Es lo mismo que ocurre con Francisco Correa, el cabecilla de la Gürtel, y su mano derecha Pablo Crespo, que en esta ocasión ni siquiera han intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía por la misma razón. No obstante, en caso de condena, las acusaciones confían en que la responsabilidad civil se cubra en gran parte con los fondos que la Gürtel tiene embargados en cuentas de Suiza y en Mónaco, y también con fincas controladas por Correa en Latinoamérica. Otra parte del dinero ha sido ingresado ya en las cuentas del juzgado como consecuencia de las conformidades, que implicarán un cambio en la calificación del fiscal.

En lo que se refiere a los directivos de RTVV que participaron en los procesos administrativos, Ricardo Calatayud y Luis Sabater, que formaban parte de la mesa de contratación, han alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público, que reclamaba hasta 19 años de prisión por delitos de falsedad, malversación y prevaricación. Sin embargo, no todos los directivos de la antigua Canal 9 han optado por conformarse. Vicente Sanz y Juan Prefaci, por ejemplo, acudirán a las vistas sin pacto con la Fiscalía si no se produce un cambio en los próximos días.

Tampoco la familia Martínez Parra, dueña de la leonesa Teconsa, la empresa que se utilizó para canalizar los contratos con RTVV, ha alcanzado un acuerdo. Según fuentes judiciales, estaban dispuestos a firmar una conformidad, pero sin garantizar el desembolso de la responsabilidad civil, razón por la que hasta ahora no se ha producido el pacto.