Multa de 4.200 € por repartir comida a personas sin recursos en estado de alarma

El dueño de un restaurante valenciano y dos voluntarias han sido sancionadas con multas que suman 4.200 euros por repartir comida a personas sin recursos en el valenciano barrio del Cabanyal durante el estado de alarma.

Según publica Las Provincias, Javier Márquez, propietario del restaurante 'La Lusitana Tasca' y dos vecinas que lo ayudaron en esta solidariaacción, han recibido una multa de 3.000 euros y dos de 600, respectivamente, enviadas por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.

Los hechos sancionados tuvieron lugar el pasado 17 de marzo, en pleno confinamiento causado por la pandemia de coronavirus en España, que limitaba una serie de actividades, entre ellas la apertura de restaurantes excepto para entrega a domicilio.

El BOE lo contemplaba

Según relata el propio Márquez en un vídeo, el restaurante tenía bastante comida en las despensas y cámaras, por lo que, ante la prohibición de abrir al público salvo la entrega a domicilio, decidieron cocinar para las familias más vulnerables del barrio valenciano.

"Se persona la Policía Local que viene con un tono amenazante y me amenaza con que me va a cerrar el negocio"

"El día 17 de marzo hicimos un reparto de 84 raciones de comida para gente que venía de Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal (dos asociaciones que trabajan por la inserción social). Venía una persona de cada familia, manteniendo la distancia de seguridad. Todos nosotros llevábamos las EPIS. Al terminarlo, se persona la Policía Local que viene con un tono amenazante y me amenaza con que me va a cerrar el negocio", relata.

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Según el dueño del restaurante, el mismo agente que le amenazó con cerrar el local, le dijo "déjate de hacer la buena samaritana" a una de las vecinas voluntarias, interponiendo una multa tanto al propietario como a las dos voluntarias.

"Nosotros no estábamos haciendo ninguna actividad ilegal, el BOE lo contempla", continúa Márquez, que señala que el policía le explicó que eso le daba igual y que era necesario un permiso de la Delegación del Gobierno.

En la denuncia que han recibido se detalla que el agente "se dirige al establecimiento al observar una cola de personas en la puerta recogiendo comida que es repartida por dos personas en el interior del local al exterior. Que la persiana se encuentra subida y las luces encendidas y en el interior hay varias personas trabajando, que la puerta del establecimiento se encuentra abierta y que en el interior hay dos mesas a modo de mostrador".

En la denuncia también se explica que se informa al titular de que la actividad debe cesar en virtud del R.D 463/20, el artículo 10 apartado 4 que contemplaba la "suspensión de las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio" y que el dueño del local acepta el requerimiento y cesa de forma inmediata la actividad.

Una acción solidaria

Márquez sostiene, no obstante, que el local se utilizaba "exclusivamente como lugar de recogida y reparto solidario de dichos alimentos” y se niega a pagar la sanción. "Tanto desde el establecimiento, como desde la red de voluntarios, asociaciones, colectivos y vecinos del Cabanyal, nos negamos a pagar estas multas, que ascienden a 4.200 euros. De manera colectiva denunciamos los hechos ocurridos, porque no se tiene en cuenta el carácter solidario y no lucrativo de la actividad", afirma.

Además, denuncia que no se relatan de forma objetiva los hechos, pues el establecimiento nunca ha estado en funcionamiento durante el estado de alarma.