El TSJ valenciano imputa a Oltra un "posible concierto" para proteger su carrera y a su exmarido

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha declarado competente para instruir la causa contra la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, también 'consellera' de Igualdad, y otros 13 investigados por una posible prevaricación y abandono de menor en el caso de abusos a una adolescente tutelada por el que fue condenado el exmarido de la dirigente de Compromís, Luis Eduardo Ramírez. La resolución se produce tras recibir la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia y conocerse el escrito de la fiscal superior del TSJ, Teresa Gisbert, que respalda también la investigación. Oltra tendrá que comparecer y declarar como investigada el próximo 6 de julio.

El Tribunal aprecia “una serie de indicios plurales” que “hacen sospechar la posible existencia de un concierto” entre la aforada y diversos funcionarios para “proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada”, según recoge el auto.

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El TSJCV entiende que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, “con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario”.

La Sala asume la causa en su integridad, es decir, también en lo relativo a los otros 13 investigados, entre los que figuran altos cargos de la 'conselleria' y trabajadores del centro de menores donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos “una conexidad imprescindible”.

En su escrito de alegaciones, la Fiscalía apuntó a la posible existencia de delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Por su parte, Oltra presentó otra alegación en la que defiende la gestión de su departamento, niega que diera órdenes de condicionar el expediente administrativo de la menor y considera que no hay pruebas contra ella. El TSJ señala ahora que cabría también calificar un delito de malversación de caudales públicos si se confirman los hechos, por los medios púbicos usados en la 'conselleria'. Sobre el delito de encubrimiento, afirma que no cabe investigarlo todavía porque la sentencia contra Ramírez está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo para ser firme.

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Los hechos tuvieron lugar durante el año 2017, aunque el exmarido de Oltra no fue juzgado hasta 2019. Lo que se investiga es la gestión de 13 personas ligadas a la tutela de la menor, desde la directora del centro religioso en el que estaba acogida hasta la cúpula política de la Conselleria de Igualdad, además de la sección de Menores, cuyos informes internos y externos no dieron credibilidad al relato de la víctima.

El TSJ señala que puede que los diferentes trámites y expedientes llevados a cabo en el seno de la 'conselleria', "considerados en abstracto y de una forma aislada", no puedan entenderse ilegales e incluso irregulares, "pero, si los valoramos en su conjunto, poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos".

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Todos estos trámites, según se relata tomando como base al razonamiento del instructor inicial de la causa, el juez de primera instancia Vicente Ríos, estarían vinculados "de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal del marido de la Sra. Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad", se escribe en el auto de judicial conocido este jueves.

El auto, firmado por Ferrer; la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y el magistrado Vicente Torres, admite que "no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada", la propia Oltra. Pero afirma que sí que concurren "unos indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar". Y añade que es admitido por la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, "que esta modalidad de prueba es perfectamente admisible para desvirtuar la presunción de inocencia de una persona".

Tras conocerse el auto, el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, evitó pronunciarse sobre el contenido hasta conocerlo más en profundidad, según dijo. El barón socialista mostró "respeto a la Justicia y sus procedimientos". La imputación de Oltra abre un importante frente al Consell del Botànic compartido por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. Los valencianistas han cerrado filas con su lideresa, que, por el momento, se resiste a abandonar sus cargos. Además de vicepresidenta y 'consellera' de Igualdad, ejerce también de portavoz del Gobierno autonómico.