Llinares: "El lucro es muy difícil de probar y muchos corruptos no van a pisar la cárcel"

Joan Llinares lleva la batalla contra la corrupción tatuada en el ADN de su conciencia política. Como director del Palau de la Música de Barcelona levantó las alfombras del caso que le costó una condena en firme a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el cobro de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de obras públicas. Licenciado en Derecho, nacido en Alzira en 1954, tiene plaza de funcionario como secretario de ayuntamientos, pero ha ocupado diversos puestos de responsabilidad política. Fue gerente del Ayuntamiento de la Ciudad Condal con Ada Colau de alcaldesa hasta que en 2017 fue nombrado director general de la Agencia Valenciana Antifraude sin ningún voto en contra del Parlamento autonómico. Desde este organismo se ha empeñado en propiciar políticas de prevención de la corrupción en las instituciones territoriales y efectúa una labor de vigilancia de la acción administrativa de ayuntamientos, diputaciones y Generalitat, que le ha costado no pocos encontronazos con políticos de todos los colores en la Comunidad Valenciana.

Llinares tiene una posición muy crítica con la reforma del delito de malversación que el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han pactado en el Código Penal. Según dice, desprotegerá el patrimonio público y debilitará la lucha contra los corruptos, aunque sí ve positiva la incorporación del delito de enriquecimiento ilícito.

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PREGUNTA. Usted conoce bien cómo funciona el cuarto oscuro de la corrupción. Descubrió el caso Palau en Barcelona. Dirige ahora la Agencia Valenciana Antifraude. Ahora, se ha mostrado crítico con el desdoblamiento que se ha hecho del delito de malversación de caudales públicos. ¿Por qué?

RESPUESTA. En primer lugar, porque desvía el objeto que tiene el propio delito, que es el de preservar el erario público, preservar el patrimonio público. El bien jurídico que protege el delito de malversación es el del patrimonio de todos, el que gestiona y el que se administra desde las propias administraciones públicas. Y cuando matizas si el desvío de esos recursos, de manera intencionada y con una clara intención y claro objetivo de que estos recursos públicos no sirvan al interés general, es por un ánimo de lucro o para beneficiarse aquel que tiene poder para hacer esa desviación, entramos en un terreno donde podemos estar perdiendo de vista que los recursos públicos no se pueden desviar a otros usos y a otros objetivos que no sean los asignados para servir y al interés de la comunidad. Si introducimos si hay apropiación o no hay apropiación como una manera de mitigar esa pérdida, desde mi punto de vista se está desviando el elemento esencial que ha configurado el delito hasta ahora.

"La cárcel es lo único que teme el corrupto"

P. Se ha abierto un debate interesante sobre qué se puede considerar corrupción. ¿Se puede ser corrupto sin tener un lucro personal o favorecer el de terceros? ¿Qué ejemplos se podrían poner de esto?

R. Hay una ausencia legal de la definición de la corrupción, porque la corrupción en el Código Penal aparece de una manera tangencial, en el caso de corrupción entre particulares o corrupción de menores. Pero la corrupción, tal como la entendemos como un delito contra la buena gestión, contra la administración, contra la lealtad en la gestión de los asuntos públicos, no lo tenemos conceptuado. Desde el ámbito de las instituciones especializadas en la prevención y la lucha contra la corrupción, como es la Agencia Valenciana Antifraude, hemos tenido que ir perfilando qué debemos entender por corrupción. La definición que nosotros utilizamos a la hora de establecer nuestras actuaciones y nuestro ámbito de funcionamiento, es la de que corrupción es el uso del poder o el uso de un poder público en beneficio privado, sea para sí mismo o sea para otros.

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P. Pero no necesariamente tiene que ser un beneficio económico.

R. No, no, no. Ahí es donde aparece, desde mi punto de vista, el error de esa modificación de la malversación. Estamos acostumbrados a ver que los beneficios económicos, sobre todo en el ámbito de la política, no se generan en el mismo momento en el que se produce el desvío. Podemos tener los casos burdos de quien desvía dinero y se crea una cuenta propia o articula mecanismos para cargar a la administración de la cual es gestor el desvío. Eso es el caso de forma burda. Pero hay formas muy sutiles, donde los beneficios vienen incluso mucho después. Las puertas giratorias, por ejemplo, qué son sino premios, sino agradecimientos a aquellos que durante el mandato han estado realizando servicios con los recursos públicos que han beneficiado a aquellas empresas que los terminan acogiendo. El Código Penal está planteando un supuesto que pretende que para aplicar la sentencia más grave, para aplicar el castigo más grave, se tenga que acreditar que ha habido lucro personal. Y el lucro personal, por su naturaleza muy compleja, es muy difícil poder probarlo si no los pillas con las manos en la masa; si no pillas al que hace ese desvío de recursos en el momento en que está haciendo esa apropiación.

Uno de los grandes agujeros negros que tenemos con los casos de corrupción es la enorme dificultad para recuperar esos recursos. Fíjate la de años que hace lo del Palau de la Música. Por sentencia, fueron 23 o 24 millones. En la auditoría nos salía bastante más. Pero no se ha recuperado ni la mitad de aquello. Si nos vamos a los casos Gürtel, en todas las piezas que han sido juzgadas; si nos vamos a muchísimos de los casos donde hay sentencias firmes, miremos qué es lo que se recuperará. Hay dificultad que hay para localizar esos recursos. Si decidimos que si no se acredita que el malversador se ha quedado con una parte del dinero, se va a beneficiar porque la sentencia va a ser más leve o si finalmente se queda en tres o cuatro años, aplicando todas las atenuantes típicas que van desde la carencia de antecedentes penales hasta la típica de la dilación indebida del procedimiento, eso supone que no va a entrar a la cárcel con toda seguridad.

"Una ley nueva que establece unas penas inferiores va a generar la revisión de condenas que existen"

La cárcel es lo único que teme el corrupto, puesto que el dinero lo tiene bien escondido. Si son muchos años en la cárcel, al menos sabe que no va a poder disfrutarlo. Pero si no entra ni en la cárcel o entra dos años y medio… Aquí (en Valencia) tuvimos el caso Cooperación. ¿Hay algo más grave que malversar dinero que iba destinado a las personas más pobres del mundo, como fue el desvío de dinero destinado a hacer un hospital en Haití y ayudar a las víctimas de aquel terremoto? Robaron ese dinero. ¿Cuánto ha estado el máximo responsable de esto, el conseller (Rafael) Blasco? A los cuatro días lo teníamos por ahí tan pancho. ¿Cuánto dinero se ha recuperado de aquello? Cantidades ridículas. Ahora vamos a decir que como no se ha podido demostrar van a ser entre seis meses y cuatro años. Porque, ojo, cuando estamos hablando de procedimiento penal hay que demostrar que alguien se ha lucrado o se ha quedado con una parte del dinero malversado. Con la aplicación de la pena más baja, si no tienes antecedentes, sumando atenuantes, etcétera, etcétera, esta gente no va a pisar la cárcel.

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P. El gobierno dice que la reforma no tendrá consecuencias en condenas ya resueltas. Pero la Unión Progresista de Fiscales sí que ha advertido que podrían darse revisiones de casos. ¿Cree que podría darse el caso?

R. Es que eso es un principio constitucional. La Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes punitivas salvo en aquello que pueda ser favorable. Claro que sí, aunque no quieran. Una ley nueva que establece unas penas inferiores va a generar la revisión de aquellas condenas que existen.

P. Usted pone mucho el foco mucho en la necesidad de prevenir, de anticiparse a irregularidades o a conductas administrativas, en primer lugar, que pueden derivar en casos más graves. ¿Por qué es importante esta labor de prevención o precriminal, por decirlo de alguna manera?

R. Entre otras cosas porque en las situaciones de corrupción a las que han llegado muchas instituciones ha habido unas fases previas donde nadie dijo nada ni nunca ocurrió nada. Esas fases previas son las que comienzan por la ausencia de unos principios y unos valores en lo que es la gestión de lo público, donde funcionen unos códigos éticos. Es bueno que haya comités de ética con personas independientes que aborden asuntos como el del conflicto de intereses. El conflicto de intereses es la institución menos aplicada en el ámbito de lo público en España. El conflicto de interés que obliga a abstenerse cuando un interés particular puede entrar en colisión con los intereses generales es la antesala de la corrupción. Si no actúas cuando se producen esos conflictos de interés, todo lo demás ya va de bajada. Todo lo demás se desliza solo. El trabajo desde una agencia como la que dirijo, que en definitiva su primera función es la de prevenir la corrupción, lo realizamos a través de formación y de ayudar a las administraciones a realizar análisis de riesgos y a establecer planes antifraude y planes de integridad y que éstos funcionen. Esta es una función que hasta ahora, que se han ido creando agencias y oficinas antifraude en algunos de los territorios de España, ninguna instancia pública tenía encomendada.

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P. España tiene pendiente transponer la directiva europea para proteger a las personas denunciantes o que informan sobre infracciones.

R. Una de las maneras de prevenir la corrupción es que haya canales por los que se pueda presentar denuncia, sin que la persona que ha sido testigo, la persona que está viendo que se están produciendo desvíos de recursos, sufra ningún riesgo ni pueda ser represaliada. Eso es la directiva europea en definitiva. Ahora está el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y se le ha dado trámite de urgencia, seguramente para que se apruebe en las próximas semanas o meses.

P. Pero Bruselas ha abierto un expediente a España por el retraso. Estamos en la lista con Croacia, Finlandia, Grecia, Letonia, Luxemburgo o Portugal. ¿Ha habido realmente voluntad de acelerar en esto?

R. No ha habido ninguna voluntad. Hay ordenamientos autonómicos, como el valenciano, que crea en 2016 la ley la Agencia Valenciana Antifraude que ya anticipaba lo que luego aprobó la directiva. Es una directiva de 2019. No lo tenían tan complicado. Miremos la ley que en 2021 aprobó en el Parlamento andaluz, creando también la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que además ha añadido el de protección de las personas denunciantes. Miremos lo que se ha hecho en los territorios y hagamos la transposición de la directiva. Desde 2019, España tenía dos años para hacer la transposición. Han pasado esos dos años, no lo ha hecho y Europa ha abierto un procedimiento sancionador. Y la ley ha entrado ya en el Congreso, eso cierto. Pero de momento lo único que existen son leyes autonómicas con enormes dificultades para poder llevar a cabo nuestra función de proteger a aquellas personas que denuncian corrupción, fundamentalmente funcionarios y funcionarias o empleados públicos.

"Donde hay instituciones fuertes y mecanismos de control, la corrupción es menos significativa"

Hay normas estatales que es importante modificarlas con la transposición de la directiva como el Estatuto Básico del Empleado Público para que se recoja allí la situación de protección. O el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el propio Código Penal. En esta reforma que se ha hecho del Código Penal, se ha aprovechado para introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Se ha hablado poco de él. Lo contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se aprobó en 2003 y que España ratificó en 2006. Desde entonces, este delito se tenía que haber incorporado al Código Penal. Es aquel en que para quien acumula una fortuna de manera sucia y no justificada, de procedencia inconfesable, sea un delito si se trata de un cargo público, de naturaleza funcionarial o de naturaleza electa. Así está en los ordenamientos jurídicos de los países a los que nos queremos parecer de nuestro entorno. Aquí en España no estaba eso. Ahora se ha introducido y es bueno. Aquí hemos tenido gente con muchos millones de euros que no han sabido explicar su procedencia, han hecho la regularización o como máximo se les ha condenado por delito fiscal. Con esta modificación del Código Penal, al menos hay un elemento más de prevención y también de persecución. Pero bueno, para mí no compensa que en el delito malversación se haya introducido ese tipo atenuado en el que prácticamente no le ocurre nada a alguien que ha desviado recursos públicos y no se ha podido demostrar que se ha quedado con algo. Ya he comentado que las penas son mínimas.

P. Desde la Agencia han hecho una encuesta sobre la percepción de la corrupción. Más de la mitad de los valencianos cree que los políticos son corruptos y casi un 50% opina que también los empresarios ¿Tenemos un problema con la percepción de nuestras élites políticas y económicas? ¿A qué cree que obedece esto?

R. Hemos publicado los datos en bruto de esta encuesta dirigida por el catedrático de Ciencia Política, Fernando Jiménez Sánchez, de la Universidad de Murcia y responsable de la Cátedra de Buen Gobierno, Integridad Pública, y también el profesor Luis de Sousa, de la Universidad de Lisboa. Ellos van a terminar el estudio cruzando todos estos datos y nos darán muchísima más información que las tablas que hemos publicado. Esos datos nos dan un nivel de percepción de nuestra clase política y de nuestra clase empresarial con respecto a la corrupción. Tampoco se libran los propios funcionarios que están entre un 37 y un 39%, según sea la opinión en el ámbito de la Comunidad Valenciana o en toda España. También se pregunta si la ciudadanía en general es corrupta. Y también se sitúa en un 36% tanto en el ámbito de la comunidad como en el ámbito de toda España. Pero la encuesta tiene también aspectos que creo que son reconfortantes. A la pregunta de cuántas veces usted como ciudadano se ha visto obligado a regalar o a pagar por un servicio público o por una excepción en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo administrativo, pues tenemos que casi un 95% dice que nunca. Estamos más o menos en la media de Europa.

P. Pero es como que tenemos la percepción de que el sistema está bastante corrupto, que no sé si es algo vinculado también a los países latinos, como Italia o España, con esta visión de que las normas son un poco más laxas que en otros países. No sé si está relacionado.

R. Mucho más que la latitud, que puede coincidir, no lo niego, en los países del sur el elemento clave es la debilidad de las instituciones y de los mecanismos de control. Donde hay instituciones fuertes, mecanismos de control rigurosos, la corrupción ocurre de manera mucho menos significativa. Porque la corrupción es innata al ejercicio del poder, y ahí no entran ni ideologías ni nada. Es una cuestión humana que cuando tenemos poder tenemos que tener controles para no ejercerlo de una manera abusiva o desviada. Donde no existen esos controles o esos controles están capturados por el propio poder, precisamente para que no funcionen como tales, pues es donde se producen más casos. ¿Eso coincide con una latitud geográfica en Europa? Pues sí coincide. Si nos vamos a Centroamérica, también, frente a Norteamérica, especialmente Canadá o los propios Estados Unidos. Miremos donde las instituciones tienen esa fortaleza y donde los sistemas de control funcionan y veremos que son también los sitios donde menos corrupción existe. También coincide que los sitios donde las instituciones y los mecanismos de control funcionan también son los más prósperos económicamente y hay una mayor confianza en los negocios y en las inversiones. Y en los sitios donde más corrupción hay es donde hay más pobreza.