Camps carga a Génova los contratos con Gürtel y dice que su relación con el Bigotes era "política"

"No sabía que existía Orange Market. La lealtad es un concepto político. Este señor tenía una relación política y profesional conmigo. No de amistad". Esa frase resume la esencia de la estrategia de defensa con la que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, compareció este miércoles en la Audiencia Nacional como acusado de haber favorecido a la trama Gürtel con contratos públicos en el año 2009 a través del responsable de la red de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez. El que fue barón popular en la Comunidad Valenciana negó haber tenido capacidad de decisión en aquellas contrataciones, se desvinculó de cualquier relación emocional con Pérez y atribuyó a la dirección nacional del Partido Popular la decisión original de contratar actos del partido con el grupo de empresas de Correa.

"Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional. La gran instancia", dijo, pese a reconocer en varias ocasiones que aquellas empresas estuvieron trabajando en sus propias candidaturas y campañas.

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Por segunda vez desde que en diciembre de 2011 fue interrogado por el conocido como caso de los trajes, Camps tuvo que responder ante un tribunal por su relación con los responsables de la red Gürtel. El político conservador, que dimitió por aquella imputación, de la que terminó absuelto, ha estado apartado desde entonces de la vida institucional, arrinconado por el Partido Popular, pese a sus intentos de regresar a la política. Entre su primera comparecencia y la de este miércoles en la Audiencia Nacional ha discurrido más de una década y una serie de procedimientos judiciales que se han saldado con una condena a parte de su cúpula orgánica por delito electoral y falsedad documental en las campañas de 2007 y 2008, otra por el amaño contratos en la Generalitat que llevó a prisión a una de sus conselleras, Milagrosa Martínez, y una tercera relacionada con contratos de la antigua Televisión Valenciana con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. En los tres casos, los jueces dictaron penas de prisión para Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, además de altos cargos autonómicos y de la dirección regional del PP, como Ricardo Costa o David Serra.

La Fiscalía Anticorrupción acusa ahora a Camps de haber favorecido a la trama Gürtel en la obtención de contratos irregulares de menor cuantía con distintas entidades públicas autonómicas en el año 2009, cuando la empresa Orange Market, controlada por Correa, Pérez y Crespo, se hizo con la adjudicación de un pabellón de grandes eventos para la feria de turismo Fitur. Las facturas, que sirvieron para dotar de contenido el expositor, ascendieron a 366.529 euros. Los tres cabecillas de la Gürtel y algunos de sus empleados han pactado una conformidad con el Ministerio Público, y han señalado el papel de Camps como elemento clave para la obtención de los contratos irregulares. "Yo le pedía que me ayudara, y él me ayudaba", aseguró Pérez.

Es algo que Camps negó en su interrogatorio, de más de dos horas, afirmando que nunca dio ninguna indicación a sus subordinados. Llegó a manifestar que no tenía relación con la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, también acusada, dependiente del área de Presidencia y responsable de gestionar los contratos.

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"Me segaron mi carrera política. Sigo tranquilo como hace 14 años. Me encantaría que usted dijese: 'Ya retiro la acusación', porque me pondría en campaña ahora mismo", alcanzó a reprochar a la fiscal en un interrogatorio en el que el presidente del tribunal le instó en varias ocasiones a no responder a la representante de Anticorrupción, Concepción Nicolás, con preguntas cruzadas.

Grabaciones comprometidas

El momento más comprometido del interrogario se produjo cuando la fiscal reprodujo en la sala las grabaciones policiales en las que Pérez, en las navidades de 2008, llega a decirle "te quiero" a Camps hasta en ocho ocasiones y habla con él y su mujer de los regalos que les ha hecho. Camps aseguró que la conversación fue una de las que solía tener con muchas personas en esos días festivos y que fue Ricardo Costa quien le pidió que tuviera el detalle de llamar al integrante de la Gürtel. Aseguró que devolvió los regalos (joyas) a Pérez y que si Pérez tenía el teléfono de su mujer era porque podía haber acudido a su farmacia a comprar productos para su hijo.

Precisamente una de las acusadas, Mónica Magariños, empleada de la Gürtel, ha declarado que Pérez solía acudir a la farmacia de la mujer de Camps para hablar con ella cuando se atascaba en la ejecución de contratos con subordinados del expresidente valenciano. En concreto se refirió a un encargo para el Open de Tenis de Valencia, si bien Camps aseguró que en aquellas fechas su esposa todavía no había comprado la farmacia de la Plaza del Ayuntamiento.

Anticorrupción reclama dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación para el antiguo barón populares por delitos de prevaricación y fraude a la Administración.