La bomba financiera de la Generalitat valenciana que espera al ganador del 28-M

El próximo Gobierno de la Generalitat valenciana afrontará una gestión de las cuentas públicas condicionada por el regreso de los requisitos de estabilidad presupuestaria tras tres años de relajación de la vigilancia de Bruselas por la irrupción de la pandemia del covid y la guerra de Ucrania. El compromiso del Gobierno con la Comisión Europea de adelantar al año 2024 el ajuste del déficit público consolidado al 3%, incorporado en el Programa de Estabilidad 2023-2026, coge a la Administración valenciana con un gasto per cápita (5.551 euros) bastante superior al que se encontró el Botànic que preside el socialista Ximo Puig en su primera legislatura de 2015 (3.451 euros), pero sin que se haya consensuado una reforma del modelo de financiación que corrija el agujero estructural que sufre en materia de ingresos.

La autonomía ha equiparado su nivel de gasto a la media española, lejos de los 7.967 euros de Navarra, pero por encima de la Comunidad de Madrid (3.809 euros), la más austera del país en términos relativos. El esfuerzo presupuestario se ha ido cubriendo, además de por el incremento de ingresos fiscales, con cargo a un déficit consolidado que ha elevado la deuda pública por encima de los 55.000 millones de euros, un 44,4% del PIB regional, según las cifras del Banco de España. El año pasado, además, la Generalitat cerró el ejercicio con un desequilibrio en sus cuentas superior a los 3.800 millones, por encima del 3% de su producto interior bruto. La previsión para 2023, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es que la valenciana sea una de las cuatro autonomías que incumplan la referencia del 0,3% de déficit, junto a Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

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El actual presidente y barón del PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que no habrá recortes sociales la próxima legislatura. Pero tampoco ha explicado cómo piensa reordenar las políticas de gasto para adaptar las distintas conselleries al nuevo marco fiscal si el Ministerio de Hacienda decide centrifugar hacia los territorios parte del compromiso de estabilidad negociado con Bruselas. Tras unos años de tensión en la etapa del popular Cristóbal Montoro al frente de las cuentas públicas, la Generalitat ha disfrutado de cierta sintonía con María Jesús Montero, no sin episodios de crisis como la reforma fiscal de Puig.

Es muy probable que haya que poner en revisión muchas de las promesas de la campaña

El hecho de compartir siglas en la gestión financiera a ambos lados del embalse de Contreras ha permitido que el Gobierno central cubra vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) los excesos de déficit de la Generalitat sin reclamar medidas de ajuste adicionales. El Botànic ha presupuestado sistemáticamente una partida "reivindicativa" pero ficticia de ingresos de 1.500 millones de euros con base en la cuantía que estima que le correspondería con una corrección del modelo de reparto de recursos entre autonomías. Montero lo ha permitido sin poner pegas, al tiempo que ha congelado la reforma del sistema de financiación por falta de consenso partidario y entre territorios. Como contrapartida, la deuda de la Generalitat con el Estado se ha incrementado de forma considerable. El Tesoro Público es el principal acreedor de la Generalitat.

A la vez, la irrupción del covid y, después, la turbulencia de la guerra de Ucrania han tenido una respuesta keynesiana por parte de la Unión Europea en forma de relajación de las exigencias de estabilidad presupuestaria y oxígeno financiero a través de los mecanismos de recuperación, lo que ha permitido a las administraciones regionales, entre ellas la Generalitat, lanzar planes de apoyo a sectores productivos y ampliar líneas de ayudas.

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El nuevo escenario, sin embargo, puede condicionar tanto las generosas promesas y políticas de apoyo social que ha impulsado el Botànic durante los años del covid y la inflación derivada de la guerra de Ucrania como las masivas bajadas de impuestos que propone el candidato popular, Carlos Mazón, cifradas en casi 1.800 millones de euros, prácticamente todo el déficit estructural que sufre la Generalitat por el caducado sistema de financiación. Es muy probable que muchas de las promesas que los aspirantes están lanzando en campaña, desde la ampliación de la educación gratuita de cero a tres años hasta las ambiciosas rebajas de IRPF, se pongan en revisión tras el 28-M.

En esto también influirá el color político que resulte de las elecciones autonómicas y las generales de diciembre. En caso de que ministerio y Conselleria de Hacienda tengan siglas diferentes, es posible que la gestión financiera se haga más complicada.

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Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), explica cómo el escenario que vive el país de crecimiento moderado sumado a inflación alta ha permitido al Estado elevar la recaudación y mantener en niveles no demasiado desbocados el incremento del coste de la deuda en un momento de tipos de interés al alza. Sin embargo, advierte de que, después de las elecciones, "convendría que se contemplara de frente" un panorama en el que crecimientos del gasto "muy fuertes" pueden "desembocar en situaciones de insostenibilidad". Pérez recuerda cómo a partir de la crisis de 2008 el ajuste fiscal brusco que ordenó Bruselas se ejecutó de golpe "sin ordenar las prioridades", explica. Es algo que cree que, si toca apretarse el cinturón del gasto público, no debería repetirse, para evitar un deterioro en la calidad de los servicios públicos fundamentales.

Pérez es partidario de ser prudente en las políticas de gasto, pero advierte de que esto no debería justificar que la Comunidad Valenciana se aleje de los niveles de media española en gasto social alcanzados en los últimos años. Por ello, propone "seguir insistiendo" en la anomalía del sistema de financiación, aunque sea para hacer entender al Estado que es "necesario para mantener el estado de bienestar". A la vez, insiste en meter en la ecuación "que el problema de la deuda es muy serio y está sin resolver". "La revisión del modelo tiene que ir acompañada de la deuda", advierte.