Ayuso apoya ahora a Mazón en la quita de deuda y reivindica el eje económico Madrid-Valencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio un giro de 180 grados este martes en su posición sobre el debate de la condonación de la deuda del Estado a las autonomías. En el marco de la II Cumbre Empresarial Madrid-Comunidad Valenciana organizada por el lobby Conexus, la baronesa del Partido Popular se mostró partidaria de "ayudar" a la Generalitat que preside el también popular, Carlos Mazón, por haber "heredado una deuda inasumible que le impide desarrollar su programa electoral", dijo preguntada sobre si apoyaba la reivindicación de su homólogo alicantino. Ayuso culpó al gobierno anterio de Ximo Puig y llegó a pedir la inhabilitación de los dirigentes políticos que endeuda a la Administración, si bien el caso valenciano tiene la peculiaridad de que el fuerte crecimiento del pasivo se ha producido sin gastar más que la media. Mazón viene reclamando una "compensación" al multimillonario crédito acumulado como consecuencia de la infrafinanciación, superior a los 57.000 millones de euros. "Necesita ayuda porque, si no, va a estar infradotada en servicios públicos esenciales", admitió la presidenta madrileña.

Ayuso quiso hacer una distinción entre la situación financiera de Cataluña y el de la Comunidad Valenciana. "Son casos distintos", aseguró, calificando de "business del nacionalismo" la posible condonación de la deuda catalana. "No nos van a dividir", insistió para no mostrar una discrepancia pública con Mazón, con quien compareció en el atril en el Casino de Madrid. El equipo del president no ocultaba su satisfacción por haber arrancado un apoyo interno en una de las dirigentes conservadoras hasta ahora más reacia a abrir el melón de la deuda autonómica, toda vez que la Comunidad de Madrid no tiene ningún pasivo con el Estado a través del FLA.

La posición es muy distinta a la que ha mantenido hasta ahora Ayuso, que había evitado entrar en matices territoriales para sostener una opinión de rechazo frontal. "Es un incentivo al incumplimiento, a la falta de rigor, a la austeridad, a malgastar el dinero público, al incumplimiento presupuestario", manifestaba sobre las posibles quitas hace apenas un mes. El paso de Ayuso asumiendo la posición de la Generalitat Valenciana ya se daba por descontando por el Gobierno, conocedor de las diferentes opiniones de los barones populares. "No nos van a dividir", volvía a insistir la presidenta madrileña ante los micrófonos.

Ayuso contestó a la pregunta en el contexto de una reunión con 200 empresarios que pretendía poner en valor una nueva etapa de colaboración institucional entre Madrid y la Comunidad Valenciana en el nivel de los gobiernos autonómicos. "Esto va de España, de Madrid y las tres provincias Comunidad Valenciana. De que las comunidades sigamos trabajando, estrechando vínculos territoriales, emocionales y económicos", dijo.

La reunión sirvió a Ayuso y Mazón para escenificar una alianza que va más allá de la jornada de hoy. El anterior Ejecutivo el Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, mantenía una posición crítica en materia fiscal con la Comunidad de Madrid y mantuvo un discurso de oposición a los efectos negativos en materia económica de la capitalidad madrileña. Tras el cambio político, el popular Carlos Mazón ha dado un giro al discurso. Ha adoptado medidas similares a las madrileñas en materia fiscal, como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, y ha acercado posiciones con Ayuso, como ha hecho la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con su homólogo José Luis Martínez Almeida. "Ya no vemos a Madrid como un foco de arrase turístico o un competidor desleal, con ojos de dumping y buscando prohibirle crecer y competir. Cuando otro territorio de España compite, no se llora, se compite con él. Es importante que podamos luchar y avanzar, desde la coordinación y la unión y proyectos comunes", afirmó Mazón.

La sintonía política entre los dos barones del PP es evidente, y encaja con los intereses de los empresarios del sector logístico. Valencia se ha consolidado como el puerto de entrada de importación de mercancías de Madrid. La segunda cumbre empresarial Madrid-Comunidad Valenciana se derivó principalmente en una reivindicación de la aceleración de inversiones en materia de infraestructura y logística para mejora los flujos comerciales entre los dos territorios. La autorización pendiente del Consejo de Ministros de la licitación para la ampliación norte del puerto de Valencia sobrevoló toda la jornada. Es una obra que superará holgadamente los 1.000 millones de euros de inversión pública y privada y duplicará la capacidad de estiba del enclave mediterráneo.

Frente a las dudas medioambientales sobre el impacto de la ampliación, la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, defendió las conexiones marítimo-ferroviarias y las inversiones en eficiencia y desarrollo fotovoltaico en materia de energía.

Francisco Lorente, máximo responsable de MSC Spain, defendió el compromiso medioambiental de su corporación, concesionaria virtual de la gestión del nuevo muelle a través de su filial Terminal Investment Limited (TIL). “Somos los primeros interesados en mantener nuestros mares en las mejores condiciones”, señaló el hombre de la familia Aponte. La naviera, una de las big four del mar, mantiene su compromiso con la infraestructura valenciana pese a los retrasos en su ejecución.

Pendientes del Gobierno

El PSOE está tratando de convencer a la lideresa de Sumar, Yolanda Díaz, de que levante el veto a la ampliación, que ya frenó el pesado mes de enero al negarle el filtro el Consejo de Ministros. En pleno ambiente de presión empresarial y política hacia el Gobierno, el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene previsto visitar este jueves el puerto de Valencia de forma oficial. “No creo que el ministro quiera venir a que le critiquen. Lo lógico es que venga a que le tiren flores”, señalaban en el copetín organizado en el Casino de Madrid empresarios implicados en el proyecto de ampliación. "Me han dicho que el ministro Puente me va a llamar. No contemplo otra opción que diga que el Consejo de Ministros va a autorizar la autorización. Será una victoria tardía. Con mucho lucro cesante para toda España. Llevamos mucho tiempo reivindicando esto", dijo públicamente Mazón.

La percepción, a partir de declaraciones efectuadas también por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez puede darle la autorización al proyecto en cualquier momento. Otra cosa es que la autorización administrativa de la obra a la licitación no sea suficiente para lanzar la obra. La Comissió Ciutat-Port, que agrupa a organizaciones vecinales y ecologistas contrarias al plan por su impacto ambiental, tiene abierta una batalla en los tribunales para exigir una nueva Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. El proyecto se sustenta sobre una DIA de 2007, pese a haber sufrido cambios.