Barones del PP asumirán la gestión del ingreso mínimo, pero exigen recursos adicionales

El anuncio de cesión a las autonomías de régimen común de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) efectuado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha caído en saco roto en territorios gobernados por el Partido Popular. Gobiernos regionales como el de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia o Castilla y León expresaron, a las pocas horas de conocerse la iniciativa, su predisposición a asumir la tramitación de esta ayuda básica, que ya tienen cedida el País Vasco o Navarra y que el líder del PSOE pactó trasferir a la Generalitat de Cataluña en la reunión que mantuvo con el president republicano, Pere Aragonès, el jueves de la semana pasada en Barcelona.

La gestión del IMV ha sido una reivindicación del Govern independentista casi desde su puesta en marcha por el Ejecutivo central. Pero lo cierto es que no ha sido el único en reclamarla. Territorios tanto en manos del PSOE como del Partido Popular que contaban con sus propias rentas o ayudas básicas ciudadanas han tenido problemas desde el primer momento para hacer legalmente compatibles ambos subsidios, de ahí que vengan reclamando desde hace meses su cesión a las autonomías con el fin de agilizar y coordinar su tramitación y evitar que los beneficiarios se perdiesen en una maraña burocrática que, en ocasiones, incluso implicaba tener que devolver algunas de las ayudas. Una vez hecha la foto con Aragonès, Sánchez ha atendido esta petición en una nueva versión del café para todos, similar a la que el Ministerio de Hacienda pretende poner encima de la mesa con las condonaciones de deuda autonómica para diluir los pactos con el universo indepe, que dieron al líder del PSOE la investidura en coalición con Sumar.

Uno de los gobiernos territoriales que más claramente se ha posicionado este miércoles ha sido el de la Generalitat Valenciana, que preside el conservador Carlos Mazón. El Palau venía negociando con el Ministerio de la Seguridad Social, ahora en manos de Elma Saiz, desde la etapa del Botànic de Ximo Puig. Fuentes de la Conselleria de Igualdad, que dirige la vicepresidenta segunda, la también popular Susana Camarero, avanzaron que reclamarán el traspaso de la gestión del IMV "con el objetivo de poder mejorar la compatibilidad con la Renta Valenciana de Inclusión y que, de esta forma, repercuta en una mayor eficiencia tanto de gestión como de impacto en las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad", manifestaron a preguntas de El Confidencial.

No obstante, el Ejecutivo valenciano reclamó que esa delegación de la competencia vaya ligada a la trasferencia de recursos suficientes "económicos, técnicos y personales" para poder asumir el volumen de solicitudes y su correspondiente instrucción. "Además, actualmente estamos estudiando una revisión y mejora de la Renta Valenciana de Inclusión, por lo que nos encontramos en el momento adecuado para adoptar la gestión del IMV", insistieron.

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El andaluz Juanma Moreno también tiene intención de reclamar al Ejecutivo central la gestión del IMV, siempre que vaya aparejado a las transferencias necesarias para ello. La consejera de Inclusión de la Junta, la popular Loles López, reclamó por carta a José Luis Escrivá esta gestión al llegar al Gobierno, en julio de 2022. Y, hace un año y tres meses, López reiteró su petición en una reunión que mantuvo con el ahora titular de Transformación Digital, entonces responsable de esta prestación.

La petición del Gobierno andaluz no es baladí, ya que un tercio de los beneficiarios de esta prestación está en la comunidad. Concretamente, un 32% de los casi dos millones que han recibido la ayuda, mientras que el peso poblacional de Andalucía en el estado es bastante inferior, en torno al 18% del total.

“Aún estamos esperando una respuesta”, apuntan desde el departamento de Loles López, donde creen que el anuncio de Pedro Sánchez de ceder el IMV a las comunidades del régimen común es consecuencia de que esa exigencia figure en los pactos alcanzados por el PSOE con los independentistas catalanes para la investidura del líder socialista.

Eso no ha sido un obstáculo para que el barón popular reclame la gestión de la prestación, lo que da pistas de una situación que el Gobierno de PSOE y Sumar tiene intención de repetir siempre que tenga ocasión: tender puentes con los dirigentes regionales del PP para erosionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Es más que probable que el gesto vuelva a producirse cuando el Ministerio de Hacienda concrete cómo se hará la quita de deuda que también está en el acuerdo con ERC y que es extensible al resto de territorios.

Galicia también ha pedido en diversas ocasiones el traspaso de la gestión de esta prestación. Lo solicitó el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hace más de un año, en una carta dirigida al ministro Escrivá, y también la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, se lo solicitó recientemente en otra misiva a la nueva ministra del ramo, Elma Saiz.

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En este sentido, fuentes de la Xunta señalaron a Europa Press que solicitarán próximamente al ministerio una reunión bilateral para analizar y estudiar conjuntamente las condiciones del anuncio. "En Galicia valoramos positivamente el anuncio del traspaso de la gestión del IMV a las comunidades de régimen común y confiamos en que esta vez se cumpla la palabra del Gobierno central, porque teníamos el compromiso desde hacía mucho tiempo", aseguran. La misma posición expresó la Junta de Castilla y León.

Page dice que lo estudiará

Con más cautela se expresaron otros dos ejecutivos populares en coalición con Vox, Baleares y Aragón. Desde el Govern de Marga Prohens, indicaron que a priori prefiere gestionar la prestación, pero reclamaron saber antes cómo se transferirá y con qué recursos. Así lo han explicado fuentes de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales, precisando que quieren conocer "la letra pequeña", puesto que, si tiene que ser con los recursos que ya tiene la conselleria, es "insuficiente".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este tema "debe tratarse en la Conferencia Sectorial" y que, una vez que se le traslade y se lleven a cabo las reuniones, "se valorará por cada comunidad".

Mientras, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, señalaron que hasta el momento solo conocen la voluntad de llevar a cabo la cesión en la gestión y que están en disposición y abiertos a escuchar la propuesta, las condiciones de la cesión y la manera de hacerlo y, en función de ello, estudiará la propuesta que se haga a las comunidades autónomas para poder decidir.