PP y Vox cambian la ley para elegir la TV valenciana y Antifraude sin mayoría cualificada

Aluvión legislativo de la mayoría en las Cortes Valencianas del Partido Popular y Vox. Los dos partidos aliados en la Generalitat que preside el popular Carlos Mazón anunciaron este jueves por la tarde la presentación de cinco proposiciones de ley que se tramitarán por procedimiento de urgencia. Los cambios implican modificaciones sustanciales en el mecanismo de elección de los órganos de gobierno de la radio y la televisión autonómicas (À Punt) y la Agencia Valenciana Antifraude. Si ahora se requerían mayorías reforzadas para designar a sus máximos responsables, las nuevas normas permitirán a ambas formaciones tomar el control de las dos entidades sin necesidad de consenso con las fuerzas de la oposición.

En el caso de Antifraude, la propuesta de ley se produce en el contexto del proceso renovación de su actual director, Joan Llinares, cuyo mandato vence en mayo. Si no hay acuerdo antes de salga adelante la nueva norma, PP y Vox podrán imponer con su mayoría absoluta en segunda votación al nuevo director del organismo encargado de fiscalizar y tramitar denuncias de posibles casos de fraude y corrupción, no solamente en el conjunto de la Administración valenciana y su sector público instrumental, sino también en los ayuntamientos de toda la Comunidad Valenciana.

Actualmente, había dos candidatos en liza, el ahora subdirector de la Agencia, Gustavo Segura, considerado continuista del proyecto de Llinares, y el inspector de Hacienda y exdelegado de la Agencia Tributaria en Valencia, Eduardo Beut, que desempeñó cargos en la Corporación Industrial de las extintas cajas de ahorro Bancaja y CAM en la etapa de Eduardo Zaplana y con vínculos de amistad con quien fue si jefe de gabinete, Juan Francisco García. Los dos están procesados por el caso Erial, cuyo juicio comenzó este mismo jueves.

La nueva Ley de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, bautizada por sus siglas como Cacvsa, también modifica la fórmula de designación. De entrada, suprime el actual modelo con dos sociedades, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SMCV) para fusionarlas en un único ente. La existencia de dos mercantiles habría generado muchos problemas de funcionamiento y también de estabilidad financiera en la cadena autonómica. La simplificación venía siendo reclamada por la actual dirección.

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Pero con la corrección del modelo, PP y Vox han aprovechado para rebajar también las mayorías parlamentarias necesarias para elegir a los integrantes de sus órganos de gobierno. Con la nueva ley habrá un único consejo de administración que podrá elegirse por mayoría absoluta en segunda votación en las Cortes Valencianas si no se alcanzan los tres quintos a la primera. Este consejo propondrá al Consell el nombre del director general.

Hasta ahora, esta fórmula solamente se aplicaba para elegir al presidente del Consejo Rector. Los cinco miembros elegidos por el Parlamento requerían de mayoría cualificada. Además, el actual Consejo Rector contaba con dos miembros elegidos por el Consejo Audiovisual, otro vocal por el Consejo de Ciudadanía y un cuarto por los representantes de los trabajadores. Todos ellos desaparecen en el nuevo modelo. El consejo de administración de Cacvsa estará compuesto por siete personas elegidas por los grupos parlamentarios, y una octava a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). En la práctica, PP y Vox podrán copar el nuevo consejo de administración si se ponen de acuerdo entre ellos.

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En la presentación de estas proposiciones de ley, el portavoz adjunto del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, aseguró que el objetivo es disponer de una "televisión moderna" con una "visión más profesional y ágil". Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, señaló que el nuevo modelo supone "una actualización a los tiempos modernos" y permitirá un "control" presupuestario "más austero". "Desaparece la dualidad que había entre la corporación y la sociedad y se crea una sociedad pública en la que primarán los principios de objetividad, excelencia, mérito y control presupuestario. Vamos a intentar tener una radiotelevisión pública del siglo XXI”, señaló el vocero ultraconservador. El cambio legislativo implicará suspender el proceso de oposiciones y consolidación del personal ahora en marcha.

Vox y PP vuelven a 1931

El acuerdo entre populares y voxistas implica también la derogación de la norma de Memoria Democrática aprobada en 2017 por el Consell del Botànic. Será sustituida por un nuevo texto bautizado como Ley de la Concordia que en la práctica supondrá finiquitar todos los procedimientos, trabajos de investigación e iniciativas sobre los años de la represión franquista. Solamente se permitirá mantener los trabajos de exhumación de víctimas, aunque lel texto no recoge si podrán seguir recibiendo ayudas públicas. El nuevo texto amplía el periodo temporal del reconocimiento de las víctimas de "violencia social, política, terrorismo, persecución ideológica y religiosa" desde 1931 hasta la actualidad. La norma pretende hacer un reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA y de raíz islamista.

Preguntado sobre las razones de que se incluya el periodo de la Segunda República, Llanos señaló que la ley busca reconocer a las víctimas de "la violencia revolucionara del Frente Popular", pese a que la coalición electoral de izquierdas que ganó los últimos comicios democráticos del periodo republicano no nació hasta enero de 1936. “Estamos hablando de un sistema político que unos consideran que fue una democracia y otros que hubo muchas movilizaciones y desde luego fue un golpe a un sistema democrático. Entendemos que se puede incluir. No estamos para dar una clase de historia”, señaló. La norma presentada por PP y Vox otorga el mismo reconocimiento a "las víctimas de la Segunda República" que a las que recoge la regulación estatal de memoria democrática estatal sobre las víctimas de la Guerra Civil.

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“Somos los primeros de todo el territorio nacional que tenemos una ley de concordia, frente a la falsa memoria democrática que enfrentaba a las dos partes. Además, quitamos los términos ‘gerracivilistas’ y hablamos de concordia. Se mantendrá la reparación de las víctimas, de todas: las de un lado y las de otro. No vamos a hacer como los bárbaros que destruían todo lo anterior. Nos felicitamos porque en la Comunidad Valenciana impera el sentido común. Queremos gobernar para todos”, dijo el portavoz de Vox.

La nueva norma recoge textualmente que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo", ni entre historiadores ni entre ciudadanos.

Ley de "libertad educativa"

El paquete legislativo incluye también una nueva ley de regulación de "libertad educativa" que en la práctica deroga el modelo plurilingüe aprobado por el Consell del Botànic. Ahora las familias podrán elegir la "lengua base" en la que quieren que se eduque a sus hijos, tanto en valenciano como en castellano.

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Se mantiene la eliminación del 25% mínimo de valenciano que ya se aprobó hace unos meses para las zonas castellanohablantes, aunque sí se fija ese porcentaje para cualquiera de los dos idiomas oficiales en las zonas consideradas de predominio del valenciano. Para las áreas de habla castellana se permite la exención en el examen de la asignatura de valenciano, aunque se tratará de "promocionar" su estudio otorgando las certificaciones automáticas a quien supere la materia. La asistencia a clase sí será obligatoria. “La imposición del valenciano ha hecho mucho daño a la lengua. La libertad de elegir un centro no es un eslogan, es un derecho. Con esta norma eliminamos la imposición del valenciano que tanto daño ha hecho por la promoción del mismo”, dijo el portavoz adjunto del PP.

Esta es una de las grandes novedades de la nueva ley. Los títulos que acreditan los conocimientos de la lengua cooficial se otorgarán solamente con superar la asignatura de valenciano, sin necesidad de optar por la vía del idioma cooficial como lengua base. Al terminar la ESO se obtendrá el B1 y al acabar el Bachillerato el B2. Si la nota final de la prueba de valenciano al acabar el Bachillerato o en la prueba de acceso a la universidad iguala o supera el 7 se obtendrá la certificación C1.

“En cuanto al profesorado, el valenciano será mérito y no requisito en formación profesional y enseñanzas de régimen especial. De la misma manera, el profesorado que imparta docencia en lengua extranjera tendrá ciertas preferencias como la elección de turnos y horarios”, añadió Pérez.

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La quinta de las proposiciones de ley supone modificar las leyes de Trasparencia y Buen Gobierno y la de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de cargos públicos autonómicos ahora en vigor. Entre otras cuestiones, el texto rebaja las incompatibilidades por pertenencia a un consejo de administración de una empresa privada al mismo nivel que el previsto para los concejales de Ayuntamientos con dedicación exclusiva.

PSPV: "Es una contrarreforma"

La oposición calificó de "contrarreforma" el paquete legislativo de PP y Vox. El síndico del PSPV-PSOE en las Corts, Jose Muñoz, denunció la "involución democrática" del la gestión de los dos socios de gobierno en la Comunidad Valenciana con cinco leyes para "entrar al asalto en À Punt y en la Agencia Antifraude, acabar con la Memoria Democrática, socavar el valenciano en la escuela y reducir los controles frente a la corrupción".

Muñoz afeó que PP y Vox “quieran que volvamos a nuestro peor pasado” y subrayó que con estas iniciativas lo que demuestran es que "no confían en el sistema educativo, ni en los profesores, ni en la Agencia Antifraude y dudan de la profesionalidad de los trabajadores de À punt". "Lo único que están impulsando son los retrocesos en el valenciano, en la libertad de prensa asaltando la televisión y la radio pública valenciana y acabando con la significación de nuestra historia”, concluyó.

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Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, señaló: "Hoy es un día muy negro para la democracia valenciana. El PP y Vox han empezado a dinamitar avances que habíamos conseguido todos los valencianos y valencianas. Tienen un objetivo muy claro: quieren hacernos volver al pasado. Un pasado de opacidad, de corrupción, de manipulación de la televisión pública y de sectarismo.Exactamente el mismo pasado que representaba Zaplana y que hoy mismo se está juzgando y que asume su discípulo, Carlos Mazón". Y añadió: "Desde Compromís lo decimos claro, plantaremos cara a todos y cada uno de los intentos de PP y de Vox de atacar los derechos de los valencianos, como el derecho tan elemental de aprender nuestra lengua, de aprender valenciano."