Antifraude cuestiona seis años de contratos menores en comidas de trabajo (186.000€) de la era Puig

La última resolución de investigación publicada por la Agencia Valenciana Antifraude de que ha sido primer director, Joan Llinares, que este lunes abandonó el cargo tras finalizar su mandato, es una andanada contra los mecanismos de contratación del corazón del poder político representado por el socialista Ximo Puig en el Consell del Botànic. La entidad cuestiona la legalidad de seis años de contratos menores de restauración y productos de menaje por parte de Presidencia de la Generalitat entre 2018 y 2023, con un importe acumulado en comidas de trabajo servidas en las dependencias del Palau presidencial de algo más de 186.000 euros.

En un informe de conclusiones publicado este martes, la entidad fiscalizadora sostiene que, de los contratos analizados desde el año 2018, se desprende que se han eludido las normas en materia de contratación, "produciéndose un fraccionamiento fraudulento de los contratos en el que se ha eludido el procedimiento de adjudicación oportuno, sin realizarse con la debida publicidad y concurrencia". Además, afirma, se eludieron los mecanismos de control previos en materia de fiscalización, "ya que no han sido sometidos a fiscalización previa al tramitarse como contratos menores".

Los contratos analizados son los relativos al servicio de restauración en las dependencias de Presidencia. La mayor parte de ellos se justifican como acuerdos de servicios de comidas "para reuniones del President con diversos comensales con el fin de tratar temas de presidencia". Las cuantías crecieron exponencialmente entre 2020 y 2022, los años de la pandemia, cuando el entonces president Puig acostumbró a organizar reuniones del equipo de seguimiento en la batalla contra el virus. Si en el curso 2019-2020 el gasto ascendió a 10.819 euros, la cifra escaló hasta los 53.052 euros en el periodo 2020-2021 y los 81.489 euros en el de 2021-2022. En la franja del 2022-2023 los contratos cayeron de nuevo a 28.837 euros. La etapa investigada incluye hasta el 24 de octubre de 2023, cuando el popular Carlos Mazón ocupaba ya el puesto de presidente autonómico, según los expedientes.

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En sus alegaciones a la investigación de Antifraude, la Generalitat ha alegado que el incremento del gasto por encima de las cuantías fijadas para los contratos menores se justifican por el aumento de reuniones y comidas de trabajo derivadas de la etapa en que el Consell concentró sus esfuerzos en la lucha contra el covid. Sin embargo, los investigadores de la Agencia Antifraude consideran que no cabe separar ambos conceptos, las reuniones ordinarias de las que se produjeron como consecuencia de la incidencia del Covid-19. "Se ha utilizado el contrato menor para satisfacer una necesidad recurrente, periódica y previsible y no una necesidad puntual y esporádica, tal y como se deduce del artículo 118 LCSP (Ley de Contratos)", señala la resolución. El informe recuerda, además, que ese recurso inadecuado a los contratos menores fue cuestionado por la Intervención Delegada de la Administración autonómica en sus análisis de control financiero, sin que se corrigiese el procedimiento a través de la convocatoria de un concurso ordinario de prestación de servicios.

"De los contratos menores de restauración, se ha verificado el solapamiento de algunos de ellos dentro de un mismo ejercicio económico, unidos a la concatenación de unos con otros, sin que se justifique tal circunstancia ni se cite en los informes de necesidad", señala Antifraude.

En su apartado de conclusiones y recomendaciones, Antifraude insta a los nuevos inquilinos del Palau de la Generalitat a plantearse "la apertura de expedientes internos para exigir responsabilidades entre su personal". Además, aconseja al gabinete de Mazón que inicie un procedimiento de revisión de oficio de los contratos menores investigados de servicios de restauración y de suministro de menaje por fraccionamiento indebido, realizados durante los períodos 2018 a 2023, "al haberse incurrido en causa de nulidad de pleno derecho", por cuanto se han realizado "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

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Asimismo, insiste la entidad que hasta esta semana dirigía Llinares, "se deberá acreditar el coste efectivo de mercado de los servicios y suministros prestados de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho, en el seno del expediente de revisión, reclamando en su caso a los proveedores los excesos que se hayan podido producir en su caso".

Se da la circunstancia de que Llinares ha dejado al frente de la Agencia de forma provisional a la directora adjunta, Teresa Clemente, hasta que las Cortes Valencianas designen un nuevo responsable. El candidato favorito del director saliente era Gustavo Segura, actual director de Investigación y Análisis de la entidad, departamento que firma la resolución relativa a los contratos de la etapa de Ximo Puig. Pero su nombramiento, que contaba con el respaldo de PSPV-PSOE y Compromís, ha sido vetado por el Partido Popular y Vox, que están tramitando una nueva ley de Antifraude que permitirá elegir a su máximo responsable con mayoría simple. Entidades ligadas a la lucha contra la corrupción, como la Fundación Hay Derecho, han expresado su malestar por la decisión de la actual mayoría de gobierno en el Parlamento autonómico de despreciar el perfil de Segura y temen un "intento de control por la puerta de atrás" de la Agencia en su nueva etapa, tras concluir el mandato de Llinares.