La Audiencia absuelve a Camps de su última causa por las adjudicaciones a la Gürtel

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market, según ha informado este miércoles el órgano judicial. La Fiscalía Anticorrupción reclamaba un año de prisión. Se trataba del último juicio que quedaba pendiente de las causas relacionadas con la trama Gürtel en las que estaba implicado el antiguo barón valenciano del Partido Popular. En todas ellas ha quedado eximido de responsabilidad penal. El expolítico conservador ha convocado a los medios de comunicación al final de la mañana para ofrecer su opinión sobre el fallo.

No obstante, el tribunal sí ha condenado a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, que se habían conformado con las penas que acordaron con las acusaciones de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. La sentencia ha sido dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, integrada por José Antonio Mora (ponente), Fernando Andreu y Teresa García Quesada y tiene 232 folios.

Además de a Camps, el tribunal también absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat Valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valencia para su exposición en la feria Fitur. La sentencia libera de responsabilidad a varios altos cargos del Consell valenciano, como la exconsellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, el que fue vicesecretario del PP, David Serra, y cuadros del segundo escalón y asesores como Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, Mary Patricia Callaghan Pitlik, María Auxiliadora Hernández Miñana, Rafael Peset Pérez, María de la Paz Aviñó, Manuel Cervera Taulet, Luis Eduardo Rosado Bretón, Inmaculada García Pardo, Paula de Cubas, José Manuel Vidal y Arantxa Vallés.

En relación con la acusación a Francisco Camps por su participación en las contrataciones para el certamen de turismo, la sentencia afirma que "no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps en dicha contratación, pero es más no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal". En especial, se afirma que no hubo indicación alguna en sentido de Camps a Dora Ibars, que en aquella época era directora general en Presidencia, a quien también se absuelve de las acusaciones.

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La sentencia, avanzaron desde el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional, también resuelve sobre el alcance de las relaciones de Álvaro Pérez con Camps y concluye que "más allá de la opinión de terceras personas y de las escasas escuchas telefónicas entre ambos, durante Navidades, y que el propio Camps Ortiz fuera a actos de celebración personales del Sr. Pérez, de ello no puede deducirse en absoluto que el Sr. Camps fuera responsable de todos los actos del Sr. Pérez o que favoreciera las actividades del mismo dentro del ámbito de la contratación pública".

También se estudian en la sentencia otros hechos de la época de Camps, como el Open de Tenis de Valencia. La Sala distingue los contratos de patrocinio de la Generalitat con los titulares de los derechos de la ATP, de los contratos realizados directamente por los titulares de las empresas IMT y Esedos, como empresas privadas, de los realizados por la Generalitat con otras empresas.

Se analizan igualmente en la sentencia las contrataciones por razón de la salida de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante y concluye que no se aprecia que la Generalitat sufriera perjuicio alguno. Respecto a las otras contrataciones realizadas por las distintas consellerías, la resolución de la Audiencia analiza la responsabilidad en la contratación de los distintos consellers, de sus jefes de gabinete y de los respectivos directores generales, para concluir quiénes fueron los responsables de las distintas contrataciones con Orange Market y las otras empresas del grupo Correa.

En concreto, la sentencia estudia uno a uno los contratos en los que participaron y su adaptación a la legislación de la época, recogiendo la forma de trabajo en las distintas consellerías y quiénes eran los responsables de la contratación, así como la forma en que se procedía posteriormente al pago de las distintas facturas, examinando la legislación de la época sobre contratos menores. El Tribunal llega a la conclusión de que estos últimos no eran responsables, ni tenían el dominio del hecho de los distintos contratos adjudicados a las empresas del grupo Correa, en especial a Orange Market.