La pesca del pulpo abre un conflicto 'diplomático' entre Valencia y Cataluña con el Castor de fondo

No hay pulpo a la venta en la lonja de pescadores de Vinaròs. Las embarcaciones que se dedican a la pesca del cefalópodo respetan la veda habilitada este mes de junio. En unas semanas podrán salir de nuevo a soltar los cangilones y nasas, los recipientes que se emplean para capturar el animal. Sin embargo, si faenan al norte de una línea de 133,3 grados hacia el interior del mar desde la desembocadura del río Sénia, el que marca también la frontera administrativa entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, se arriesgarán a ser multados por los inspectores de pesca y agentes ambientales de la Generalitat catalana. Ya ha ocurrido en un par de ocasiones. El año pasado, la Conselleria d'Acció Climàtica fijó en esa línea el ámbito geográfico de aplicación de su plan de gestión del pulpo común por un período de cinco años, que regula la actividad de la flota de artes menores de Terres de l'Ebre, al sur de Tarragona.

El límite impuesto en la orden autonómica catalana ha provocado una agria protesta de la Generalitat valenciana a través de su presidente, el popular Carlos Mazón, y del conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (Vox). Denuncian una "invasión marítima" de las aguas valencianas. "Históricamente, se ha respetado por todos que la línea era de 123 grados, que ya es más que una línea recta de 90 grados, pero ahora nos han quitado diez grados de mar, y lo han hecho a traición, sin consultarnos ni preguntarnos nada", señala Mateo Fresquet, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Pedro de Vinaròs, uno de los tres puertos afectados por la restricción junto a Benicarló y Peñíscola.

La autorización para la pesca del pulpo depende una licencia de marisquería que otorgan los gobiernos autonómicos. Con la orden catalana en la mano, solamente pueden faenar al norte de la línea de los 133 grados los barcos con base en las cofradías de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Deltebre, la Ràpita y les Cases d'Alcanar. Los pescadores del norte de Castellón que cuentan con licencia valenciana aseguran haber sufrido ya un par de sanciones por rebasar el límite imaginario con sus artes de pesca. Las multas alcanzan los 600 euros. "Se pagaron, pero no las tendríamos que haber pagado porque ese límite no tiene sentido", señala Mateo Fresquet.

La Generalitat valenciana ha anunciado su respaldo a los pescadores castellonenses a través de acciones jurídicas, aunque no está claro que esté en plazo para recurrir la orden catalana, publicada el 28 de julio de 2023. Fuentes de Agricultura señalan a El Confidencial que el asunto está en manos de la Abogacía autonómica, con la intención inicial de remitir requerimiento previo al contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Además, a través de un escrito al ministerio, el departamento reprobó la aplicación de la demora de 133 grados.

La Generalitat catalana justifica el límite marítimo por su reivindicación para vigilar el almacén Castor

"La Secretaría General del Ministerio de Agricultura comunicó telefónicamente que este asunto se abordaría en una reunión a tres bandas entre el Ministerio, la Generalitat de Cataluña y la Generalitat Valenciana. Hasta el momento, desde la Conselleria de Agricultura se sigue pendiente de esta convocatoria de reunión por parte del Gobierno central", señalaron las mismas fuentes. El pasado viernes, coincidiendo con una reunión interterritorial sectorial con la Secretaría General, estaba previsto que se tratase el asunto, pero finalmente no ocurrió.

"Si la Conselleria catalana unilateralmente puede poner 133 grados, la Generalitat Valenciana unilateralmente va a poner los 123 grados de los que no se tenía que haber movido", ha manifestado Mazón.

Aunque no está directamente relacionado con los asuntos pesqueros, pues la gestión de las aguas españolas es de ámbito estatal, la línea de 123 grados coincide con el reparto de las Capitanías Marítimas de Tarragona y Castellón, regulados en un real decreto de 2007 que fue modificado en marzo de 2008. Esa norma finaba inicialmente el límite en la raya de 135 grados, aunque fue corregida en marzo de 2008 para rebajarla a 123, coincidiendo con la aprobación del Proyecto Castor.

En 2020, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña presentó, a través de sus diputados Gabriel Rufián y Norma Pujol, una proposición no de ley para exigir al Gobierno la retirada de la corrección de errores del real decreto. Según los republicanos, esa división de los distritos marítimos impidió a la Generalitat de Cataluña presentar alegaciones contra el Castor, el polémico almacenamiento de gas natural situado frente a las costas de Vinaròs, ahora clausurado y a la espera de desmantelamiento por parte de Enagás.

"Esta decisión arbitraria que se llevó a cabo sin expediente administrativo e imposibilitando el trámite de audiencia, modificaba las coordenadas marítimas de los límites establecidos anteriormente entre Castelló y Tarragona unos kilómetros dirección norte haciendo así posible que parte de la instalación del proyecto Castor recayera en aguas administrativas valencianas. Ante esta decisión, la Generalitat de Cataluña ya no podía ejercer sus competencias en el citado espacio marítimo en materias tan diversas como medio ambiente, recursos pesqueros, acuicultura, patrimonio arqueológico, emergencias, protección civil, seguridad pública y salvamento marítimo. Este hecho además limitaba los principios de participación pública y acceso a la información de la Administración catalana por lo que respecta a la tramitación administrativa del proyecto Castor, en tanto que administración afectada", señalan ERC en su PNL.

ERC presentó en 2020 una PNL para modificar el decreto de Capitanías y Distritos Marítimos

Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia siempre se ha mostrado contraria al Proyecto Castor y denunció que el promotor Escal UGS (ACS) maniobró para sortear los mecanismos de evaluación ambiental. La actividad en el almacén fue finalmente suspendida tras producirse desde 2013 cientos de pequeños terremotos al tiempo que se inyectaba gas en el depósito natural. Un seísmo de 4,2 grados que afectó a las poblaciones costeras del sur de Tarragona y del norte de Castellón llevó a las autoridades a decretar el cese de la actividad.

Fuentes de este departamento, admiten que la cuestión de Castor, sobre el que Cataluña quiere poder aplicar competencias autonómicas, es la que ha servido para marcar los límites, si bien la orden reconoce la "relevancia social y económica" de la pesca del pulpo. En virtud de esta reclamación sobre la capacidad de decidir sobre el Castor, que sigue vigente, es por lo que la Conselleria d'Acció Climàtica de Cataluña fijó en una línea de 133,3 grados desde la desembocadura del Sénia el límite sur de su plan de gestión del pulpo común.

Desde la Generalitat de Cataluña aseguran estar dispuestas a alcanzar un acuerdo para evitar el conflicto con los pescadores castellonenses. Su propuesta pasa por hacer coincidir las vedas y los parones biológicos, aunque no está claro que esto implique que las embarcaciones de Castellón puedan llegar a trabajar más arriba de la demora de 135 grados en los periodos de pesca abierta. El pulpo no es la principal actividad de los tres puertos afectados, donde a diario se faenan especies del Mediterráneo, principalmente mediante redes de arrastre, pero hasta 40 embarcaciones de artes menores trabajan la captura del cefalópodo. Mateo Fresquet, de la Cofradía de Vinaròs, asegura que la zona cuyo acceso ha sido vetado a los barcos valencianos es bastante productiva en esta especie. Sea por el pulpo, sea por el Castor, el conflicto diplomático por las aguas territoriales sigue abierto entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.