PP y Vox aprueban las leyes que les aseguran el control de la TV valenciana y Antifraude

El Partido Popular y Vox han impuesto su mayoría en las Cortes Valencianas para aprobar las nuevas leyes que regirán el funcionamiento básico y la elección de los órganos de gobierno de la televisión autonómica À Punt y la Agencia Valenciana Antifraude. Las dos formaciones políticas que dan sustento al Consell de la Generalitat que preside el popular Carlos Mazón han dado luz verde también a la bautizada como ley de libertad educativa. La principal novedad de esa norma es que fulmina el modelo de enseñanza plurilingüe del anterior gobierno del Botànic y fija capacidad de elección por parte de los padres de la "lengua base" (castellano o valenciano) en el itinerario educativo de sus hijos.

Las leyes para la cadena pública audiovisual y el órgano fiscalizador del cumplimiento de la legalidad en los procedimientos administrativos autonómicos y de los ayuntamientos valencianos eliminan el requisito parlamentario de la mayoría cualificada para elegir el consejo de administración, en el caso de À Punt, y el director general, en el de Antifraude. A partir de ahora, si en una primera votación los órganos de gobierno no reúnen una mayoría de tres quintos, podrán ser designados por mayoría absoluta.

En la práctica, esto asegura a PP y Vox el control sobre la televisión pública y la Agencia Antifraude, cuya dirección es actualmente interina tras vencer el mandato de Joan Llinares, que ha dejado ya el cargo, y rechazar los dos partidos del bloque de la derecha el único aspirante que había sobrevivido al proceso de sustitución, el actual director de Investigación y Análisis, Gustavo Segura.

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Con la aprobación de la nueva ley de À Punt se da por descontado que se producirá un relevo en el consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC). Esta mercantil se fusionará con su filial, la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, lo que agilizará los procesos internos de gestión del ente. El consejo rector, actualmente compuesto por cinco vocales nombrados por las Cortes Valencianas, dos del Consejo Audiovisual, uno del Consejo de Ciudadanía y un representante de los trabajadores, será sustituido por un consejo de administración de ocho personas, siete elegidos por los partidos en el Parlamento y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la que los populares tienen mayoría. El modelo de elección deja en manos de PP y Vox la posibilidad de que los grupos de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, tengan presencia o no en el consejo de administración. Este consejo elegirá al director general de la radio y la televisión autonómicas, que podrá conformar su equipo directivo sin necesidad de convocar concursos para elegirlo.

El cambio en la gestión de À Punt, no obstante, no será inmediato. Primero hay que proceder a la tramitación jurídica de la fusión de las dos sociedades, que no tiene por qué ser sencilla.

En declaraciones previas a la votación, recogidas por Europa Press, los portavoces de los cuatro parlamentarios evidenciaron la división entre los bloques de izquierda y derecha que han provocado las iniciativas legislativas. Los del PP y Vox, Miguel Barrachina y José María Llanos, celebraron la aprobación de las nuevas normas. El portavoz popular manifestó que están "muy felices" de haber cumplido con sus compromisos electorales". "Seremos los padres, que serán nuestros hijos quienes elijan la lengua en la que se han de educar y no el político de turno", aseguró.

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Por su parte, Llanos calificó de "éxito para todos los valencianos" los cambios legislativos. "A partir de mañana vamos a tener libertad en la educación frente a los recortes, a la imposición y al adoctrinamiento que ha supuesto la Ley del Plurilingüismo del Botànic", dijo el portavoz ultraconservador.

La posición es diametralmente opuesta en el caso de la oposición. El síndico socialista, José Muñoz, señaló que "con estas leyes, Mazón dice no a la educación pública, no a la lucha y prevención de la corrupción y no a la libertad de prensa, mientras que le dice sí a crear una autopista a la corrupción para que campe a sus anchas como ha pasado históricamente con los gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana".

Por parte de Compromís, Joan Baldoví señaló que en estas negociaciones "no ha habido ni acuerdo ni consenso". "Será un mal día cuando definitivamente se aprueben estas leyes que nosotros consideramos absolutamente falsas", ha manifestado.