Galicia sigue a Cataluña y se convierte en la segunda CCAA con ley de acción exterior

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal de este jueves la ley de acción exterior, que será remitida a la Cámara autonómica para continuar su tramitación. Una vez reciba luz verde en el Parlamento, Galicia se convertirá en la segunda comunidad, tras Cataluña, en contar con una norma que regula su acción exterior. Así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha comparecido acompañado del vicepresidente, Alfonso Rueda, para dar los detalles de esta normativa "pionera" que aspira a "mejorar la proyección de Galicia" a través de la coordinación de la acción exterior gallega.

La norma es fruto "de un amplio proceso participativo" y Feijóo ha subrayado que está "validada" por el Ministerio de Exteriores, toda vez que el Gobierno central tiene "la mayoría de las competencias" en materia de Política Exterior y se ha buscado su opinión. No en vano, de la catalana, Rueda ha recordado que fue objeto de "modificaciones" después de que el Ejecutivo estatal, bajo el mandato de Mariano Rajoy, la llevase al Tribunal Constitucional (TC). Entre sus "objetivos estratégicos", el Ejecutivo autonómico sitúa la diversificación de los mercados exteriores, así como la captación de capital mercantil industrial para inversiones productivas y de capital humano cualificado. También aspira a favorecer el retorno de los emigrantes y sus descendientes.

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Finalmente, incorpora el reto de profundizar en la ejecución de los objetivos de la Agenda Global de Desarrollo de las Naciones Unidas, establece mecanismos para regular las negociaciones entre la Xunta y el Estado y pretende contribuir a "consolidar" la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, así como la "proyección" de la Comunidad gallega entre los países de la lusofonía. "Es uno de los anteproyectos de ley más participativos y más consensuado de los que remitimos al Parlamento", ha destacado Núñez Feijóo sobre una normativa que es fruto de un debate iniciado el 8 de febrero de 2019 y que aspira a "conseguir un amplio consenso social y político".

Tras ser remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, el pasado mes de noviembre el texto recibió luz verde por parte del Consello Galego de Acción Exterior (CAEX) y, posteriormente, fue aprobado por unanimidad en el Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento. La ley crea nuevas figuras que se encargará de la atención a los gallegos en la diáspora o a las empresas internacionalizadas como el 'Asiento de gallegos en el exterior' --gestiones a distancia para ciudadanos--, el 'Asiento de empresas y profesionales' --construcción de redes y oportunidades de negocio-- y 'Registro de foráneos con intereses en Galicia' --orientado a personas no españolas y residentes fuera de España con "especial vínculo" con Galicia--.

La Xunta sitúa entre los objetivos "estratégicos" de la nueva normativa avanzar hacia la "diversificación" de los mercados exteriores, captar capital mercantil e industrial y capital humano, favorecer el retorno de emigrantes y sus descendientes y ejecutar la Agenda Global de Desarrollo de las Naciones Unidas. De este modo, incorpora la Estrategia Gallega de Acción Exterior, que fue aprobada sin votos en contra en el año 2018 en el Parlamento de Galicia y que tiene como "elemento central" la coordinación de la acción exterior gallega.

La Xunta sitúa entre los objetivos "estratégicos" de la nueva normativa avanzar hacia la "diversificación" de los mercados exteriores

Además, en el ámbito de los acuerdos internacionales, existe un apartado específico "para defender los intereses del mar en el exterior" a través de "una política activa de acuerdos" de la Unión Europea con terceros estados no miembros. Preguntado acerca de si el texto contempla las 'embajadas' o sedes representativas de la Xunta en el exterior, Alfonso Rueda ha replicado que la nueva norma sí recoge la figura de las delegaciones en el exterior que ya existen en la actualidad y se determina que su creación se hará por acuerdo del Consello de la Xunta.

Al margen de estas delegaciones, como la que la Xunta tiene en Bruselas, el texto recoge otros dos tipos de oficinas que no ostentan representación política de la Xunta: oficinas creadas a iniciativa de una consellería con un fin concreta e incluso otro modelo de oficinas no permanentes para cometidos puntuales. Todo ello --ha añadido-- priorizando la "coordinación" con el Gobierno central, que ya tiene oficinas de representación del Estado en cada país.

Rueda ha incidido, asimismo, en que la ley aspira a "reforzar" los canales con la lusofonía. "Es uno de los objetivos estratégicos por razones obvias", ha dicho, antes de recordar que esta misma semana el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, se reunió en Lisboa con la directora xeral de la Comunidade de Países de Lingua Portuguesa (CPLP), Georgina Mello, para abordar a futura e posible integración de España como Observador Asociado de este organismo.