La Audiencia Nacional juzga los vestigios del independentismo radical gallego

En abril de 2014, el Tribunal Supremo confirmó que Resistencia Galega es una organización terrorista. Lo hizo en una sentencia en la que atribuía al grupo la pretensión de “subvertir el orden constitucional español” utilizando “la fuerza y la violencia”, aunque se hallase “en una fase incipiente y sin una consolidada estructuración, con una incidencia limitada en la sociedad”. Aquel fallo es ahora la principal baza en contra de los 12 independentistas gallegos que son juzgados en la Audiencia Nacional, una causa que tiene como telón de fondo el conato de terrorismo en Galicia, descabezado en 2019 con la detención de sus dos principales artífices.

El terrorismo independentista gallego vivió sus peores años hacia 1990, con el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe al frente. Fue el año en que una discoteca compostelana llamada Clangor voló en plena madrugada, cuando estaba atestada de estudiantes. Murieron tres personas, entre ellas, dos 'guerrilheiros'. Resurgió a mediados de la pasada década con Resistencia Galega, que en 2005 publicaba un manifiesto fundacional e iniciaba una serie de unas 60 acciones violentas contra partidos políticos, instituciones, entidades bancarias y empresas. Lo hizo con explosivos de fabricación casera y sin causar víctimas mortales, lo que no impidió que el Supremo la considerase una organización terrorista y que ahora 12 simpatizantes se sienten en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de integrar su brazo político.

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Los hechos investigados están relacionados con la celebración el 11 de octubre de 2014 y de 2015 del llamado Día da Galiza Combatente, y ese día no es otro que el de la bomba del Clangor, del que se acaban de cumplir 30 años. La Fiscalía reclama para los acusados penas de entre cuatro y 12 años de cárcel por pertenencia a una organización criminal y por delitos de enaltecimiento en los que pudieron incurrir con su participación en diversos actos. Pide también que se disuelvan las dos entidades independentistas de las que forman parte: Causa Galiza y Ceivar. Todos los encausados han negado los delitos que se les imputan.

La operación Jaro está en el origen del juicio en la Audiencia Nacional. Se desarrolló entre 2015 y 2017 y llevó a la ilegalización de Ceivar y Causa Galiza, luego revertida por los tribunales. Para un amplio sector del nacionalismo gallego, lo que se juzga estos días no tiene que ver con el terrorismo sino con el independentismo. Es lo que sostienen las alrededor de 1.500 personas que salieron a la calle el pasado domingo en Santiago para mostrar su apoyo a los acusados, una manifestación que contó con la presencia de representantes del BNG (el diputado Xosé Luis Rivas), de Anova (su portavoz nacional, Antón Sánchez) y del sindicato nacionalista CIG (su 'secretario xeral', Paulo Carril).

La Fiscalía, en cambio, sostiene que Causa Galiza, cuya ilegalización fue dejada sin efecto en diciembre de 2016, “desarrollaba actividades concretas orientadas a la organización y promoción de actos de apoyo a los miembros” de Resistencia Galega, así como “a las organizaciones terroristas antecesoras de esta”. Asegura también que mantenía “una relación con colectivos del ámbito del independentismo radical y violento a nivel nacional”, con el objetivo “de colaborar con ellos y expresar su apoyo y solidaridad con las causas que defendían”. De Ceivar, al que solo pertenece uno de los juzgados, sostiene que realizaba “actividades de apoyo” a miembros de Resistencia Galega, “a los efectos de complementar la acción de la organización terrorista”.

Causa Galiza reaccionó al inicio del juicio con un comunicado en el que acusa a la Fiscalía de ejecutar “un grave salto cualitativo en la persecución del independentismo políticamente organizado”, por pedir tanto su disolución como la de Ceivar. “Defendemos y defenderemos siempre la legitimidad y la legalidad del trabajo político y de solidaridad frente a la represión desarrollada a la luz del día durante años” contra “una práctica independentista”.

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El independentismo se ha expresado en las instituciones de Galicia de forma democrática desde la Transición a través del BNG. Tras una primera legislatura titubeante, en los años ochenta asumió su representación muy alejada de los postulados que llevaron a la creación del fenómeno 'guerrilheiro' y de Resistencia Galega. No obstante, los espacios comunes entre el Bloque y organizaciones como Causa Galiza y Ceivar han llevado a un exportavoz nacional como Xavier Vence y a un exdiputado histórico como Bieito Lobeira a declarar estos días ante la Audiencia Nacional. Lo hicieron después de que la Fiscalía presentara un informe incautado en un registro que hace referencia a una reunión entre el BNG y Causa Galiza, en el que se alude a “posiciones históricamente divergentes” entre ambos por los métodos de lucha.

Lobeira confirmó la reunión, pero aseguró que en ella no se habló del recurso a la violencia como método de lucha. “Desde el BNG, mantenemos una apuesta clara e inequívoca por el uso de vías exclusivamente políticas, democráticas y pacíficas”, afirmó. Tanto él como Vence sostuvieron que el objetivo de la reunión era crear una plataforma “de carácter cívico, abierta a todos los sectores del nacionalismo, (...) para defender los intereses de Galicia”.

El juicio de la Audiencia Nacional llega con Resistencia Galega desarticulada “casi al completo”, según la Fiscalía General del Estado, ya que no se le atribuye ningún atentado desde el artefacto explosivo detonado en el Ayuntamiento de Baralla (Lugo) en 2014. Eso no impide que en la web de la Policía Nacional, la organización gallega aparezca todavía en el apartado de lucha antiterrorista al mismo nivel que el yihadismo y ETA.

El último gran golpe contra el conato de terrorismo en Galicia se produjo en junio del pasado año, cuando la Guardia Civil detuvo en Vigo a sus considerados líderes, Antón García Matos, alias 'Toninho', y Asunción Losada Camba, ambos en la clandestinidad desde 2006, junto a otros dos colaboradores. Toninho y Losada fueron arrestados en virtud de sendas requisitorias de la Audiencia Nacional por delitos de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, tenencia y transporte de explosivos y falsedad documental.

En los últimos años, se desarticularon varios comandos de la organización y se dieron golpes contra su entramado operativo de apoyo. El último de ellos se produjo la pasada semana, cuando las autoridades judiciales portuguesas decidieron entregar a España los efectos incautados en Coimbra a Resistencia Galega en noviembre de 2019, después de una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Judiciaria lusa desatada tras la detención de los dos históricos de la organización terrorista gallega.