División, ruina y sospechas de corrupción: la patronal gallega prolonga su calvario

Un tímido “compromiso de lealtad” con quien resulte ganador es todo lo que han conseguido de sus candidatos los empresarios de la patronal gallega, que este 24 de noviembre van a elecciones tras un periodo de tres años de interinidad. Fracasaron de momento los intentos de lograr una candidatura única, pero no es la única mala noticia en una entidad instalada desde hace décadas en una lógica norte-sur, abrumada por las deudas, el derroche y las sospechas de corrupción. La división territorial se ha cronificado en la Confederación de Empresarios de Galicia, que antes de resultar descabezada tuvo cuatro presidentes en apenas tres años y está a la espera de sentencia por un presunto desfalco de más de seis millones de euros.

La CEG no ha quebrado gracias a un préstamo de Abanca avalado por la Xunta, a un severo ajuste de gastos y a la hipoteca de su lujosa sede en el centro histórico de Santiago, en cuya adquisición hay que buscar parte de las dificultades económicas que la asfixian. Con todo, esa operación es solo una de las muchas prácticas dudosas que la llevaron en 2018 al borde de la desaparición, entre ellas, unos salarios de sus dirigentes superiores a los 100.000 euros. O un plan de internacionalización por el que se colaron a la Xunta 648.000 euros en facturas dudosas que está obligada a devolver.

La CEG no ha quebrado gracias a un préstamo de Abanca avalado por la Xunta, a un ajuste de gastos y a la hipoteca de su sede en Santiago

La preocupación de los empresarios confederados parece más enfocada hacia el control de la organización que a afrontar sus graves problemas. Como cada vez que se acercan las elecciones a la presidencia, el duelo entre las organizaciones de Pontevedra y Vigo y la de A Coruña se abre paso sobre cualquier otro debate, por más que en esta ocasión los coruñeses hayan desistido de presentar candidato y opten por un control indirecto a través del ourensano José Manuel Díaz. Eso es al menos lo que sostienen sus colegas del sur, que apuestan por un aspirante local, Pedro Rey, que surgió al margen de la organización provincial. Esa supuesta independencia de Rey y la relativa desvinculación de A Coruña de Díaz son las únicas bazas a favor de un giro del escenario que permita configurar una candidatura única de última hora.

El último presidente que tuvo la CEG fue el coruñés Antón Arias, que dimitió cuando apenas había cumplido un año al frente de la entidad. La forma en que accedió al cargo no hacía presagiar una etapa de consenso: formalizó su candidatura a 10 minutos de que finalizara el plazo, rompiendo un acuerdo escrito entre las cuatro provincias por el que renunciaban a promover ningún aspirante no pactado. Arias llegó con la promesa de reformas, pero dimitió sin tiempo de emprenderlas. Desde entonces, la patronal sigue dirigida en la sombra por uno de sus antecesores, el líder provincial de A Coruña, Antonio Fontenla.

Fontenla fue presidente de la CEG entre 2001 y 2013, una época en la que se firmó con la Xunta un plan, el Pexga, para promover oficinas en el exterior que favoreciesen la internacionalización de empresas gallegas. En la práctica, fue un coladero de facturas presuntamente ilegales que el Gobierno gallego ha reclamado a la confederación. Entre las facturas, rechazadas hay un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros, otro a Moscú de su presidente por 6.000 euros, la imputación de 3.000 euros abonados en efectivo para el arreglo de la oficina de Argentina o un servicio de chofer por 1.694 euros para Fontenla en México.

Fontenla cesó como presidente de la patronal gallega en 2013 tras ver cómo Construcciones Fontenla, la constructora sobre la que cimentó su carrera empresarial, era liquidada con una deuda de más de 40 millones, mientras era investigado por un juez por los supuestos favores del exalcalde coruñés Francisco Vázquez en una operación urbanística. La causa fue finalmente archivada por prescripción del presunto delito de tráfico de influencias y por no poderse acreditar el supuesto cohecho.

Después de Fontenla, ya en esta década, la gestión dudosa continuó y provocó la caída de su sucesor, José Manuel Fernández Alvariño

Pero las prácticas dudosas venían de antes de Fontenla y siguieron después. De la época de su antecesor, el fallecido Antonio Ramilo, de Vigo, es el presunto desfalco con cursos de formación por valor de 6,3 millones de euros, cometido presuntamente en 2000, pero que no se juzgó hasta finales del pasado año en Santiago, y para el que aún no hay sentencia. El boato con que se desempeñaban la confederación y su presidente en aquella época escondía un estercolero económico, inflado con los generosos fondos que la Xunta y la Fundación para la Formación Continua (Forcem) entregaban a la confederación para sus cursos. Una auditoría destapó presuntamente 1,2 millones de euros en facturas incobrables, una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones y dos millones más desaparecidos de la caja sin explicación alguna.

Después de Fontenla, ya en esta década, la gestión dudosa continuó y provocó la caída de su sucesor, José Manuel Fernández Alvariño, dos años después de su elección. El empresario de Vigo dimitió tras conocerse las sucesivas contrataciones con empresas de su grupo en las que embarcó a la CEG durante su mandato, como el coche oficial y su chófer o el seguro de la sede central de la confederación.

Los opositores de Alvariño cuestionaron igualmente una partida por 70.000 euros de gastos judiciales extraordinarios con el despacho de Garrigues de Vigo, con el que trabajan habitualmente sus empresas. Durante su mandato en la CEG, trascendió que, en su etapa como presidente de la patronal de Pontevedra, contrató por 89.000 euros una empresa de su familia —creada dos años antes y sin empleados— la elaboración de un estudio sobre energía fotovoltaica que se realizó en apenas 17 días y nunca llegó a utilizarse.

Los nuevos aspirantes llegan desligados de esa generación de dirigentes cuyas prácticas han socavado el antiguo prestigio de la Confederación, pero con un sistema de elección que consolida la capacidad de bloqueo de las organizaciones provinciales, según denunció, pero no pudo cambiar, el último presidente, Antón Arias. La reforma de los estatutos que blindan ese poder está en el programa de ambos candidatos, que dedican los últimos días de campaña a medir y ganar apoyos entre los 180 empresarios en cuyas manos está esta nueva etapa para la patronal.