Portugal investiga la montería de la vergüenza: 540 animales abatidos por cazadores españoles

Ocurrió los días 17 y 18 de diciembre, pero la indignación por la matanza de medio millar de jabalíes y ciervos en Portugal a manos de cazadores supuestamente españoles no ha dejado de crecer desde entonces. Esta semana, la Fiscalía lusa ha tomado cartas en el asunto, al abrir una investigación sobre lo ocurrido en la Quinta da Torre Bela, en el municipio de Azambuja. Las pesquisas las dirige el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa Norte, con el objetivo de depurar responsabilidades.

Las imágenes difundidas por los propios cazadores en sus redes sociales inflamaron la rabia en Portugal por la muerte de 540 animales, que ha ido en aumento hasta la intervención del Ministerio Público. Previamente, el caso llevó al Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF, por sus siglas en portugués), que tutela el sector cinegético, a suspender la licencia de caza de la finca y solicitar la intervención de la Fiscalía. El citado instituto informó de que no tuvo conocimiento previo de la montería, que se realizó en un área clasificada como "zona de caza turística".

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Según informó la prensa portuguesa, los cazadores, un total de 16, pagaron entre 7.000 y 8.000 euros por participar en la montería, organizada por una empresa española con sede en Badajoz, uno de los grupos monteros preferidos por cazadores extranjeros antes de la pandemia. El grupo, fundado hace 25 años por una pareja de estudiantes universitarios, actúa preferentemente en Portugal, donde dispone de 20.000 hectáreas en fincas abiertas donde realiza caza cien por cien salvaje, según información de la propia empresa. La Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura (Aprocex) se desmarcó de unos hechos que considera “propios de una masacre”, afirmó su presidente, Ignacio Higuero, que asegura que lo ocurrido en Azambuja “está muy lejos de lo que es la caza”.

Las fotografías no tardaron en ser retiradas de las redes sociales, pero solo después de provocar un fuerte rechazo, que se extendió de los grupos ecologistas a dirigentes municipales y partidos políticos. El ministro portugués de Medioambiente, Joao Pedro Matos Fernandes, calificó lo ocurrido de “vil e inaceptable”, además de probable “delito ambiental”. “Quien lo organizó, quien tenga la licencia y, probablemente, los propios cazadores tendrán que ser juzgados”, adelantó. El ministro sostiene que una parte muy significativa de los 540 animales abatidos fueron trasladados desde España.

"Quien lo organizó, quien tenga la licencia y, probablemente, los propios cazadores tendrán que ser juzgados"

El relato de algunos testigos es estremecedor. Uno de ellos aseguró escuchar disparos cada 10 segundos durante muchas horas. "Se oía: ‘pam, pam, pam’, y eran tiros, tiros, tiros y tiros. Tantos, que mi hija me preguntó qué era y le respondí: ‘No lo sé". Y así estuvieron “horas y horas y horas”, relató a la televisión portuguesa Rodrigo, vecino de la zona. “Imagino, porque yo no lo vi y esta finca es muy grande, que los animales fueron acorralados en algún lado y allí montarían una especie de paredón. No es creíble que cazasen 500 animales en un día", añadió.

La Quinta da Torre Bela, a unos 40 kilómetros al norte de Lisboa y considerada la finca amurallada más grande de Europa, ocupa una superficie de 1.100 hectáreas. Precisamente, el muro que la rodea es considerado una agravante, ya que los animales abatidos no pudieron escapar. Los propietarios de la finca, mientras, han rechazado toda responsabilidad y condenado la forma “ilegítima” en que se llevó a cabo la montería en su propiedad, por lo que han anunciado que recurrirán a la Justicia para que se les repare por los daños causados.

“Es incuestionable que el grupo de cazadores superó en gran medida los derechos de caza adquiridos, rebasando los límites acordados por contrato con la entidad operativa y que están en consonancia con lo permitido por la licencia de zona de caza que estaba en vigor en ese momento”, señalan los propietarios en un comunicado.

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La finca es un área clasificada como “zona de caza turística”, una concesión —ahora suspendida— que prevé la explotación del venado y del jabalí. La legislación portuguesa establece que, cuando existe esa licencia, no es necesario comunicar al ICNF las monterías organizadas, lo que el ministro de Medioambiente considera “un error”. Matos Fernandes abrió la puerta a revisar la actual Ley de Caza y anunció que en los próximos seis meses se van a inspeccionar todas las zonas de caza turística del país.

Una de las primeras voces que se levantaron contra lo sucedido en la quinta de Azambuja fue la de su vicealcalde, Silvino Lúcio, quien denunció en un comunicado del grupo municipal socialista el “crimen ambiental”. El Partido Animalista portugués (PAN), que cuenta con cuatro diputados en el Parlamento, se sumó rápidamente a la denuncia de la matanza y anunció que exigirá responsabilidades a las autoridades por los hechos. También se sumó a las primeras críticas un diputado del Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, que escribió en su perfil oficial de Twitter: "Fingir que este abatimiento masivo es para mantener el equilibrio ecológico y cinegético es un insulto”.

La Federación Portuguesa de Caza (Fencaça) sostiene que la cacería se pudo realizar para facilitar la construcción de un parque fotovoltaico en la Quinta da Torre Bela, una acusación que no comparte el ministro de Medioambiente. Actualmente, están en exposición pública un proyecto y un estudio de impacto para la instalación del parque, operado por dos empresas, Neoen y AuraPower, que llegaron a un acuerdo con el propietario de la finca para levantar las instalaciones sobre una superficie de 868,32 hectáreas. La implantación de las plantas fotovoltaicas es incompatible, por motivos de seguridad, con la licencia de caza.