Fallo humano o falta de seguridad: dos versiones para dos acusados en el juicio del Alvia

Casi una década han tenido que esperar los familiares de las víctimas del Alvia en Angrois para ver a los encausados en el banquillo. El juicio, que ha cumplido ya tres sesiones, enfrenta dos explicaciones de un accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos. De un lado, el fallo humano, como se esfuerza en argumentar el exdirectivo de Adif, Andrés Cortabitarte, que atribuye toda la responsabilidad al maquinista, Francisco Garzón. "Lo que hizo es impensable e ilegal", afirmó a la jueza. Garzón, del otro, lamenta la falta de medidas de seguridad en el lugar del descarrilamiento: "No había ningún tipo de señal hasta la curva, nada de nada". La jueza deberá pronunciarse, pero los familiares lo tienen claro. La hostilidad con que recibieron a Cortabitarte revela el hartazgo de un colectivo que clama por unas responsabilidades políticas que ya no llegarán.

La imputación del que fuera director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se produjo después de una rectificación del juzgado instructor, que en un primer momento cerró el sumario con Garzón como único imputado. Es mucho menos de lo que deseaban las familias, pero la corrección convierte a Cortabitarte en lo más parecido a un responsable político en el juicio de Angrois. Entre otras decisiones, él fue el responsable de Adif que, a petición de Renfe, autorizó un año antes del accidente la desconexión del sistema de seguridad propio del AVE en los Alvia híbridos entre Ourense y Santiago y su sustitución por un método de control puntual de velocidad convencional.

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Las declaraciones en las primeras jornadas del juicio, que no se reanudará hasta el 25 de octubre, han confrontado dos explicaciones opuestas, aunque no necesariamente incompatibles: el fallo humano y el de seguridad. La plataforma de víctimas del Alvia no niega la responsabilidad del maquinista, pero la del alto cargo de Adif "es más evidente y mucho más grave", como afirmó el abogado del colectivo, Manuel Alonso Ferrazuelo, tras la declaración de Cortabitarte, al que acusó de eludir responsabilidades.

La actitud de los dos únicos acusados en el banquillo también ha sido completamente opuesta. Los familiares de los afectados acusan de "arrogante" al exdirectivo de Adif, que fue agredido levemente por uno de ellos el primer día del juicio. Garzón, en cambio, se desmoronó durante su declaración y pidió perdón a las víctimas. "Que me perdonen, no pude evitarlo", afirmó entre lágrimas. Pese a todo, el maquinista se negó a responder a las preguntas de los abogados que representan a los familiares y solo lo hizo a las cuestiones que le trasladó su propio letrado.

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Garzón puso el acento en la falta de señalización de zona del accidente. "No había ningún tipo de señal hasta la curva, nada de nada, de nada", subrayó, para destacar la ausencia de indicaciones visuales que obligasen a reducir la velocidad, algo que solo se podía realizar por el conocimiento de la línea y de la existencia de una curva tan prolongada, justo antes de la estación de Santiago. Su abogado incidió en la formación recibida por su cliente, con prácticas "circulando por la vía 2", en la que la señal avanzada "nunca está en vía libre", y no por la 1, en la que se produjo el siniestro y sí lo está.

Buena parte de su declaración tuvo que ver con el uso de los teléfonos móviles en cabina, y en concreto con la llamada del interventor que recibió aquel 24 de julio de 2013, minutos antes del accidente, para interesarse por cuestiones relacionadas con la estación de Pontedeume. "¿Dejó de prestar atención a la vía?", le preguntó el letrado. "En ningún momento, respeté todas las señales y todas las limitaciones que había en la vía. Seguí prestando atención", contestó Garzón, que apuntó que ese teléfono móvil es corporativo, y, por tanto, "una herramienta de trabajo más".

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El maquinista también ratificó que ya había alertado del riesgo de la curva de Angrois al jefe de seguridad de la zona y que en la actualidad un accidente así sería "imposible", dadas las actuales medidas de seguridad. A su juicio, el siniestro sirvió de "análisis y evaluación del riesgo" —motivo por el que está imputado Cortabitarte—, "evidentemente, y para desgracia de las víctimas y mía también".

El exalto cargo de Adif y su abogado le dieron especial relevancia a la llamada atendida por Garzón poco antes del descarrilamiento y a la velocidad de entrada en la curva. O lo que es lo mismo: se defendieron atacando al empleado de Renfe. "La causa del accidente fue el incumplimiento por parte del maquinista de la velocidad a la que debía circular", acusó. Y el detonante de esa velocidad fue, añadió, la llamada telefónica en el sitio "más importante" del trayecto, algo que calificó de "impensable" e incluso de "ilegal" y que habría provocado el despiste. "Si hubiese frenado cuatro segundos antes, no estaríamos aquí; estamos aquí por cuatro segundos...".

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La fiscalía sostiene que Cortabitarte "tenía las más altas responsabilidades en materia de seguridad" y fue quien emitió el certificado de seguridad sin el cual la línea de alta velocidad donde se produjo del siniestro "no podría entrar en funcionamiento". El exdirectivo, en cambio, negó tener "competencia" en la evaluación de riesgos de la línea e indicó que el certificado de seguridad que él emitió era "uno más" de los "ocho" exigidos. La evaluación de los riesgos la descargó en la UTE que construyó la línea y en el Ministerio de Fomento, que es el que concede la autorización definitiva de la puesta en marcha de la línea.

Pero en el juicio, que se desarrolla en la Ciudad de la Cultura de Santiago, no solo se ventila la culpabilidad de dos personas y de dos tesis, sino también las indemnizaciones de las aseguradoras. Se trata de aclarar si la responsabilidad corresponde a la de Adif, Allianz, o a la de Renfe, la australiana QBE. Decenas de millones de euros están en juego con intereses contrapuestos, con el Abogado del Estado en el papel de defensa de Cortabitarte y los letrados de QBE eximiendo a Garzón de cualquier hecho de naturaleza delictiva.