La histórica subida de la gran autopista gallega tensa la política autonómica

Recorrer los 160 kilómetros que separan las dos principales ciudades gallegas, Vigo y A Coruña, costará a partir del 1 de enero una cantidad muy próxima a los 20 euros. Solo en peajes, sin contar con el descontrolado precio del carburante. Es la consecuencia de la previsible aplicación a las tarifas del IPC y de un 1% anual en compensación por obras de mejora realizadas por Audasa, concesionaria de la AP-9. Es un coste demasiado elevado para un vial sin alternativas en la mayor parte de su trazado, y un aumento que tensiona la política gallega y reaviva la polémica de una concesión que arranca en 1973 y estará vigente hasta 2048, ahora en manos de un fondo de pensiones neerlandés.

La subida es histórica, la segunda más grande del presente siglo, aunque todavía está pendiente de aprobación y podría verse moderada por un mejor comportamiento de los precios en este final de año. Con todo, aunque finalmente no alcance el 9% previsto, el fuerte incremento, acumulado a los de los últimos años, ha vuelto a indignar a los usuarios y a levantar voces que reclaman el traspaso de la comunidad autónoma de la gran autopista gallega, e incluso el rescate de su concesión.

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El malestar por la inminente subida se extiende entre todos los grupos. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que llega "en el peor momento" y que responde a una "decisión política", mientras que el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aboga por hacer recaer el incremento en las cuentas del Estado, en lugar de los usuarios. Y el BNG califica la subida de "despropósito e indecencia". "No se puede usar esta crisis de precios como una nueva excusa para que Audasa siga haciendo caja", protestó su portavoz nacional, Ana Pontón.

Una idea de la importancia de la autopista en la política gallega la da el hecho de que el propio Bloque Nacionalista Galego vinculara su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la aplicación, por primera vez desde su inauguración, de auténticas bonificaciones para usuarios habituales. Desde julio del pasado año, los trayectos de regreso abonados con el dispositivo de telepeaje y que se realicen en un plazo máximo de 24 horas son gratuitos, con un coste para las arcas estatales de 55 millones de euros anuales. Pero esa mejora no ha evitado las protestas de los usuarios, muchos de ellos asociados en colectivos que han presentado demandas judiciales contra Audasa.

Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa) se creó para la explotación de la autopista que actualmente vertebra toda la fachada atlántica de Galicia entre Ferrol y Tui, en la frontera con Portugal. Formó parte fundamental de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y en 2003 pasó a manos de Itínere —controlada por Sacyr—, que compró ENA a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Después llegaron nuevos socios, como la gestora estadounidense Corsair Infraestructure Partners y, más recientemente, Algemene Pensioen Groep (APG), que ya formaba parte del capital de Itínere, en medio de una larga disputa guerra accionarial.

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Todos esos movimientos de capital se producían mientras se aprobaban distintas prórrogas concesionales, que convierten en especialmente golosa a una empresa que en el primer semestre de 2022 elevó un 30,47% su cifra de negocio, hasta los 80 millones de euros. El resultado de explotación creció un 61%, (45,9 millones), con un beneficio en ese período de 21,5 millones, un 73,8% más que el año anterior. Pero también esas ampliaciones del período de explotación son de dudosa legalidad. Al menos eso es lo que sostiene la Comisión Europea, que en marzo comunicó al Gobierno de España la apertura de acciones jurídicas por realizarlas al margen de las normas legales de la UE. Según la Comisión, las adjudicaciones directas, sin dar oportunidad a posibles competidores de presentar ofertas más ventajosas, contravienen la normativa comunitaria. La última de ellas se produjo en 2000, cuando se extendió hasta 2048, un período que debería finalizar en 2012.

Otra decisión polémica fue la de autorizar un incremento anual acumulable del 1% durante 20 años en los peajes a cambio de la financiación de obras en el puente de Rande y en la circunvalación de Santiago. Ese porcentaje es el que empuja año a año gradualmente los precios al alza por encima de lo que correspondería con el IPC. Así, de cumplirse la subida de tarifas prevista, la cifra de negocio de la empresa crecería en los 190 millones en un año, solo con mantener el tráfico del actual ejercicio.

Para evitar que ese esfuerzo recaiga en los bolsillos de los usuarios, el Gobierno estudia fórmulas de compensación. Lo hace acuciado por los usuarios y por los propios socialistas gallegos, cuyo secretario general, Valentín González Formoso, exige "un paso más para frenar la escalada de las tarifas". El dirigente socialista propone como modelo la AP-7, en la que es posible recorrer los casi 700 kilómetros de la autopista entre Alicante y la frontera francesa sin pagar peaje gracias a la decisión de Sánchez de no renovar las concesiones a medida que van venciendo.

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Alfonso Rueda exige mientras al Ejecutivo que asuma directamente la "brutal subida" del peaje con fondos estatales. "El Gobierno aún está a tiempo de rectificar y transmitir a los usuarios la tranquilidad de que no va a haber esa subida y esas tasas van a estar congeladas", reivindica el presidente de la Xunta.

Pero el discurso más duro es el del BNG, que califica la subida de "nuevo sablazo". "Las prórrogas fueron un fraude y un robo a todos los gallegos para mayor lucro de empresas multinacionales, una vez que quedó claro que fueron ilegales", acusa el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Los nacionalistas abogan por poner fin a la concesión cuanto antes. "No solo no debemos continuar pagando, sino que se debería devolver todo lo pagado de forma irregular desde el año 2013", reclaman.