La macrocelulosa de Altri en el interior de Lugo abre la primera batalla de la legislatura gallega

La primera batalla de la legislatura en Galicia, la de la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda y la polarización entre PP y BNG, la ha servido un proyecto industrial de la multinacional portuguesa Altri para el interior de la provincia de Lugo. En concreto, en Palas de Rei, en la comarca de Ulloa, donde prevé instalar una gran planta de celulosa de 1,5 millones de metros cuadrados. La Xunta aplaude con entusiasmo una iniciativa que promete una inversión de más de 900 millones de euros y generar más de 2.000 empleos directos e indirectos. El BNG cuestiona esas cifras y pone encima de la mesa otras dos: el consumo de 46.000 metros cúbicos de agua diarios, tantos como toda la provincia de Lugo, y el de 1,2 millones de toneladas de eucalipto al año.

Los nacionalistas despliegan toda su capacidad de movilización tras abrirse el período de alegaciones del proyecto y comprobar cómo han ido evolucionando sus características, para convertirse en lo que tachan de "bomba ambiental". El Gobierno gallego, por su parte, lo declaró como estratégico en diciembre de 2022 y considera que es una oportunidad que Galicia "no puede perder", en palabras de Rueda. El presidente de la Xunta cree que Altri supondrá "un antes y un después en la provincia de Lugo y, probablemente, en toda Galicia", si bien reiteró el compromiso de la Xunta con el cumplimiento "absolutamente estricto" de la normativa ambiental. Rueda no descarta que la Xunta emprenda expropiaciones forzosas para reunir los terrenos necesarios para ejecutar su plan industrial.

La batalla de Altri ha cogido de perfil al PSdeG, que se debate entre el tibio apoyo del Gobierno y el rechazo frontal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palas de Rei. El candidato a la Secretaría General del partido, Ramón Gómez Besteiro, señaló que muchos aspectos del proyecto son "distintos de lo que se dijo en un principio". El excandidato a presidir la Xunta confía en el "cumplimiento estricto de los requisitos más altos en materia ambiental", especialmente la europea, ya que la inversión está vinculada a la consecución de 250 millones de euros de los fondos Next Generation, a través del PERTE para la descarbonización.

Esa evolución del proyecto inicial –emprendido en Galicia a través de Greenfiber, participada en un 25% por el dueño de Greenalia– está también en el origen del cambio de opinión al respecto del BNG, que se mostró inicialmente favorable a Altri. Esos cambios consisten principalmente en que la iniciativa industrial se presentó como una fábrica de biofibras textiles, y fue después de que se publicasen todos sus detalles en el Diario Oficial de Galicia cuando se supo que producirá cada año el doble de celulosa que de lyocell.

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La diferencia con Ence, en Pontevedra, es que esta produce principalmente pasta de papel, mientras que el grupo portugués extraerá pasta de celulosa para elaborar la biofibra textil. La compañía contempla "otros usos" entre los que no se descarta la propia pasta de papel. También los puestos de trabajo directos han caído de los 2.500 proyectados inicialmente a menos de 500.

Que Altri estará en el centro de la batalla política en los próximos meses quedó claro en la junta de portavoces del pasado lunes en el Parlamento gallego, la primera de la legislatura, cuando protagonizó las intervenciones de todos los portavoces. El del PP, Alberto Pazos Couñago, salió de la reunión con una crítica al Bloque por su "giro de 180 grados" en su postura y reclamó "serenidad" ante un proyecto que será sometido "a una tramitación ambiental absolutamente garantista".

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El BNG fijó su postura de oposición frontal y rechazo al "apoyo férreo" de la Xunta, a la que instan a escuchar a los vecinos y reconsiderar su posición. La viceportavoz parlamentaria del Bloque, Olalla Rodil, aseguró que el proyecto en sus actuales términos "no tiene nada que ver" con lo que la multinacional anunció cuando desveló que elegía Palas para su fábrica. Besteiro, mientras, reclamó explicaciones ante las dudas de que pueda haber una "desviación" sobre lo prometido inicialmente, y recordó que el Gobierno gallego es "quien apoyó y conoció" el proyecto cuando se lo presentaron y lo declaró iniciativa empresarial prioritaria.

El rechazo político está acompañado de una movilización social creciente, como se pudo comprobar en las frustradas asambleas informativas impulsadas por Greenfiber. Las protestas vecinales han provocado la cancelación de la gira prevista tras celebrar tres de las seis reuniones planificadas, una decisión considerada una "falta de respeto" por el alcalde de Agolada y de "espantada" por la plataforma Ulloa Viva. El PP, a través de su secretaria general, Paula Prado, ha acusado al Bloque "y sus satélites" de estar detrás de estas protestas para "reventar" las asambleas informativas con métodos "violentos".

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Las principales organizaciones ecologistas también se están movilizando de forma casi unánime contra un proyecto que consideran que fomentará la "eucaliptización masiva" de Galicia. Es la opinión, por ejemplo, de la Sociedad Galega de Historia Natural (SGHN), que lamenta que "pretenda hacerse pasar como industria de fibra textil a base de celulosa" cuando solo un tercio de la producción sería de lyocell. Para la SGHN, la instalación de Altri en A Ulloa "incrementaría un 33% la producción de celulosa" en Galicia, lo que ahondaría en el avance "imparable" del eucalipto en los montes gallegos.

Otras de las organizaciones ecologistas que se oponen tenazmente al proyecto son Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO), Grupo Naturalista Hábitat, Asociación Galega de Custodia do Territorio (AGCT) y Federación Ecoloxista Galega (FEG). No solo por la elevadísima demanda de agua y eucalipto —consumirá un 20% de la de la producción actual de madera de dicha especie en Galicia—, sino también por su ubicación en una zona de ampliación de la Red Natura o por su posible afectación al banco marisquero de la ría de Arousa, el más importante de Galicia, donde desemboca el río Ulla, al que verterá 30.000 metros cúbicos de aguas residuales por día.

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La polémica desatada desde que se abrió el período de alegaciones se extiende a otras instituciones como la Diputación de Lugo, que se pronunció en contra del proyecto al rechazar socialistas y nacionalistas una moción del PP en apoyo a la multinacional portuguesa. Pero no son los populares los únicos que defienden la celulosa de Palas de Rei. La Federación de Industria de Comisiones Obreras en Galicia mostró su apoyo a los planes de Altri, instó a ejecutarlos con celeridad y pidió "cordura y diálogo". "A Ulloa precisa este proyecto", sostiene el sindicato.