La autopista gallega que Bruselas tiene en la diana: la indemnización que asusta a Transportes

La AP-9, que vertebra el territorio de Galicia de norte a sur, vuelve al ojo del huracán. Con su larga concesión y sus elevados peajes, es un clásico de la polémica política gallega. Ahora con un motivo adicional: el ataque frontal de Bruselas a la prórroga aprobada a dedo en 2000 para extender el contrato con Audasa hasta 2048, cuando se habrán cumplido 75 años desde la licencia inicial. Un nuevo expediente de la Comisión Europea al Gobierno español contra esa ampliación abre la puerta a un rescate de la concesión, lo que conllevaría una indemnización superior a los 1.000 millones.

El Ministerio de Transportes siente la espada de Damocles de la AP-9 desde septiembre 2021, cuando la Comisión, a instancias de un colectivo de usuarios, advirtió por primera vez de posibles irregularidades relacionadas con la prórroga. Ahora, la Dirección General de Mercado Interior e Industria del gobierno comunitario ha notificado un nuevo expediente de infracción al considerar insuficientes las alegaciones enviadas por Gobierno de España, que se resiste a hacer públicos sus razonamientos jurídicos. Bruselas sostiene que la prórroga hasta 2048 es "incompatible" con la legislación comunitaria sobre contratación pública y con la normativa sobre la concesión de autopistas, al haberse concedido sin concurso público.

"España amplió la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE", explica Mercado Interior, en una notificación que incluye también la autopista AP-66, gestionada por Aucalsa, en su tramo de peaje entre Asturias y León.

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La posibilidad de hacer frente a una reclamación por encima de los 1.000 millones de euros la puso encima de la mesa la concesionaria –que no es parte en el proceso– en junio de 2023, en un folleto de emisión de obligaciones. Según informó ante la CNMV, en el caso de que Bruselas ordene la caducidad de la concesión o una modificación sustancial de las condiciones del contrato entraría en juego "el derecho de la sociedad concesionaria a ser debidamente compensada e indemnizada”, indemnización que a juicio de Audasa "sería significativamente superior al importe actual de su deuda". La deuda de Audasa a junio de 2023 ascendía a 1.064 millones de euros.

La concesión de la Autopista del Atlántico, cuyo primer tramo se inauguró en 1979, debería haber concluido en agosto del pasado año, de no ser por la ampliación por 25 años del período de explotación aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 2000 en beneficio de Audasa, entonces propiedad de la pública Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que tres años más tarde sería privatizada a un consorcio liderado por Sacyr.

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La razón esgrimida para la prórroga fue una compensación a la empresa por su compromiso de financiar y construir nueve kilómetros entre Fene y Ferrol libres de peaje, la gratuidad de los movimientos internos en el entorno de Vigo y una rebaja de tarifas. La concesión ya había sido ampliada 10 años en 1994 por el Gobierno de Felipe González en 1994, coincidiendo con la ampliación hacia el sur hasta Tui y la gratuidad del tramo Rande-Puxeiros, pero es la de 2000 la que es objeto del expediente de Bruselas.

En su respuesta a las alegaciones del Gobierno de España al expediente de 2021, el Comisario europeo de Comercio Interior, Thierry Breton, sostiene que "el verdadero objetivo de la prórroga de la AP-9 por 25 años era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractiva con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable", según informaron Faro de Vigo y La Nueva España. Bruselas señala que la ampliación de 2000 no solo no garantizó "la transparencia e igualdad de trato a los licitadores" en el contrato de explotación, sino que se hizo para maximizar el precio en la privatización de Audasa.

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"Varios elementos demuestran que las autoridades públicas ya sabían que ambas concesionarias, Audasa y Aucalsa (para la AP-66 entre Asturias y León), se venderían", en un procedimiento "que ya había empezado", continúa el informe. "La única explicación verosímil en la prórroga extremadamente prematura 20 años antes de la fecha final del plazo es que tenían la intención de venderlas a corto plazo y querían obtener el máximo beneficio gracias a su prórroga", lo que "equivaldría aceptar la elusión de las normas de contratación pública de la UE y una desviación de poder".

Tanto Audasa como Aucalsa pertenecen a Itínere, el gestor de infraestructuras ya en manos extrajeras, participado en un 54,2% por Arecibo, sociedad formada por el fondo neerlandés APG, máximo accionista (69,9%), y por el grupo multinacional Globalvia (30,1%). La gallega AP-9 es su gran filón. De hecho, la concesionaria de la AP-9, que conecta el frente Atlántico entre Ferrol y Tui, genera con sus ingresos casi tres cuartas partes del negocio de su matriz, que rondan los 270 millones anuales.

La intervención de la Comisión Europea se abrió a instancias de la asociación de usuarios En Colectivo, que celebró el nuevo expediente como "un gran avance y una gran noticia para todos". "Con los pasos que se están dando, cada día estamos más cerca de conseguir que finalice el cobro de los peajes y de lograr una autopista gratuita como ya sucede en otras comunidades como Cataluña y Valencia, en las que han vencido los 40 años de concesión", señaló su portavoz, Diego Maraña.