Todo lo turbio cabe en esta historia: del puesto al puticlub sin dejar el uniforme

Lugo, diciembre de 2008. Una mujer denuncia que un hombre la amenazó a punta de pistola poniéndole el cañón en la cara para obligarla a mantener relaciones sexuales. Aterrorizada, lo señala con nombres y apellidos: Armando Lorenzo.

Lo que relató después solo fue a peor. Él era mando intermedio en la EMUME, el equipo de mujeres y menores de la Guardia Civil en la zona de Lugo. Ella, una mujer de origen latino obligada a prostituirse a todas horas por una trata que las movía por distintos clubes de la ciudad y otros desperdigados por las carreteras interiores de la provincia como Queens, La Colina, Eclipse, Eros, Las Vegas, Luxor…, estirándose a otras provincias como Asturias, León y Ourense.

De aquella denuncia partieron las primeras diligencias de instrucción de la Operación Carioca, a cargo de la jueza Pilar de Lara, entonces titular del Juzgado número 1 de Lugo (posteriormente sancionada por el CGPJ y relegada a otro destino). Del hilo salió una madeja enmarañada que 16 años después llegó este martes a juicio en la Audiencia provincial de Lugo. La Operación Carioca destapó la mayor trama de trata del norte de España, donde el horror se escondía en burdeles de los que entraban y salían agentes sin que nada bueno les pasara a las víctimas y también sospechas de un crimen que no se pudo probar.

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Agencias

La lista de imputados se acercó al centenar entre policías, guardias, políticos y empresarios locales, pero se fue desinflando en la pieza principal para cerrarse con cinco acusados. Fue un escándalo mayúsculo que sacudió los cimientos de toda la provincia en el que afloraron prácticas repugnantes: violencia sexual, chantajes, coacciones y que desató una ola de indignación en Galicia que dio lugar al colectivo ciudadano Carioca Impunidade.

"El acuerdo de la vergüenza"

La impunidad es, precisamente, lo que temía Mónica González, una de las portavoces de la plataforma ciudadana, a la vista de lo ocurrido en la primera sesión del juicio, que este miércoles quedó visto para sentencia. "Es el acuerdo de la vergüenza", denunció al trascender que cuatro de los acusados admitieron su culpa en un trato con la Fiscalía para evitar la cárcel a cambio de una multa irrisoria. "Llevamos años viendo que el papel de la Fiscalía parece más de defensa de los imputados que de justicia para las víctimas que han vivido historias de terror", lamentó.

La contradicción entre los más de 130.000 folios de una instrucción en 300 tomos que duró 16 años, con 86 imputados y 46 detenidos choca frontalmente con un banquillo de los acusados donde solo hubo un hombre: el guardia civil retirado Julio Baquero Rodríguez, entonces sargento de la EMUME -y superior de Armando Lorenzo-, que fue ascendido dos años después.

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Proclama su inocencia "por falta de pruebas", afirmó su letrado, César Lodos, y enfrenta el juicio en solitario, pese a que la jueza instructora lo señaló en su día como conocedor y cómplice de la trama. Está imputado por delito sexual, omisión del deber y solicitud de favores sexuales como funcionario público por los que enfrenta una pena de un año y siete meses.

Otros tres acusados: José Manuel G.A, José Marcos G.A y Jesús G.V, dueños o encargados de los clubes Queens, Eros y Eclipse, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Lugo para asumir su culpa por cohecho pasivo a cambio de pagar 2.000 euros. Evitan así las consecuencias penales de haber ejercido durante años como proxenetas al frente de los burdeles. Uno de ellos, García Adán, cabecilla de la trama, cumple 20 años de prisión por maltrato a su mujer en una de las 47 piezas separadas a las que dio pie la Carioca y donde también se enraíza la Operación Pokémon (2012), que investigó la presunta corrupción entre políticos gallegos.

El cuarto encausado es el propio Armando Lorenzo: el primer señalado y hombre clave en toda la trama Carioca que enfrentaba 21 años de prisión por una decena de delitos de abusos sexuales, cohecho, extorsión, revelación de secretos. Finalmente, será inferior a cuatro y medio tras otro pacto con la Fiscalía muy cuestionado por el colectivo Carioca Impunidade. Lorenzo no irá a la cárcel aduciendo que su estado de salud es delicado.

Un burdel por guardería

"Ha sido muy largo, muy difícil y muy doloroso para las víctimas", sostiene Helena Rodríguez, abogada de una de las mujeres explotadas. "Tanto dolor para tan poco castigo", se lamentan. Los letrados de la defensa y acusación sí coincidieron ayer en denunciar los tiempos de una instrucción "excesivamente larga" que tildaron de "lamentable". "Se hizo a cañonazos a izquierda y derecha imputando alegremente", denunció uno de los abogados.

Se llamó Operación Carioca porque la mayoría de las víctimas procedían de Brasil, pero también de Venezuela, Colombia o República Dominicana y tuvo su epicentro en el club Queens de Lugo, que comandaba un José Manuel García Adán, señalado por los testimonios del sumario, pero muy bien relacionado, que criaba a su hija en el mismo burdel por donde corría el alcohol y la cocaína.

Cerca de 400 chicas muy jóvenes fueron explotadas por la trama. Aterrizaban en Barajas y acababan encerradas, días y años, sometidas a una esclavitud sexual, con bebés recién nacidos que les arrebataban para doblegarlas o abortos forzados en un infierno vital, que se reflejó en el documental Bienvenidas al club, de Carmen P. Granxeiro.

El cabo Armando Lorenzo, que debía protegerlas, añadía otro plus. El principal imputado era uno más en los burdeles, era invitado a copas y sexo, le llevaba su parte del negocio a cambio de soplos y de hacer desistir a cualquiera de una denuncia que incomodase al negocio, presuntamente con ayuda de su jefe Baquero.

La agitación social que acarreó la Operación Carioca sirvió para que la mayoría de aquellos prostíbulos del horror bajaran sus rejas para siempre y se pusiera el foco en la explotación sexual.