"Toralla S.A.": los vigueses reclaman la apertura de la isla paradisíaca de los ricos

Al foráneo que llega a Vigo le sorprenden dos cosas del islote de Toralla: la torre de 21 plantas que se erige sobre tan paradisíaco lugar, vestigio del desarrollismo de los años setenta, y la barrera al final del puente que impide el paso a los no residentes. La isla es propiedad desde hace seis décadas de Toralla S.A., sociedad que disfruta de una concesión que no vence hasta 2064. Como ningún gobierno ha conseguido aplicar allí la Ley de Costas de 1988, el deslinde del dominio público marítimo-terrestre no se ha hecho y los jardines de los 34 chalés que trufan el terreno llegan hasta la misma orilla. Ahora, un movimiento vecinal y ecologista vuelve a agitar la situación con el objetivo de "reconquistar la isla".

"Toralla está bloqueada y privatizada. Tenemos derecho a una senda litoral de seis metros de ancho para visitar la isla cuando nos apetezca", resume uno de los convocantes de la manifestación que reunió días atrás a decenas de personas para reclamar la apertura de la verja. Su lucha viene desde hace años, pero en las últimas semanas se ha reactivado ante la inminente entrada en vigor de un Plan General en Vigo que, según afirman, no contempla ninguna actuación que conduzca a la apertura del paso, y a la aprobación de una nueva Ley del Litoral de la Xunta que "tampoco tendrá consecuencias para acabar con el anacronismo".

La reclamación cuenta con la simpatía de buena parte de los vigueses, aunque reina la resignación ante una situación que arrancó hace seis décadas, cuando Toralla S.A. adquirió la isla, de 10 hectáreas. Hasta finales de los años noventa, el guardia y su barrera custodiaban el puente del lado continental, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasar el puesto de control y a permitir el acceso público a dos pequeñas playas de la isla; en realidad, una sola dividida por el viaducto.

La situación pareció adquirir visos de solución hace 15 años, cuando el Ministerio de Medio Ambiente tramitó un proyecto para una senda litoral de tres metros de ancho. Nunca llegó a ejecutarse. La mayor parte de los chalés pertenecen a destacadas personalidades de la sociedad local, como jueces, arquitectos o algún futbolista, que se resisten a ceder parte de sus terrenos para la construcción del paseo. La anomalía de Toralla ha llegado ya un par de veces al Congreso de los Diputados y el pleno municipal vigués ha reclamado en diversas ocasiones, la última en 2018, que se tomen "las medidas necesarias para recuperar y garantizar el acceso público y gratuito al dominio público marítimo-terrestre de la isla de Toralla".

La Ley de Costas es clara al respecto. En su artículo 27.1 establece una "servidumbre de tránsito sobre la franja de seis metros medidos tierra adentro a partir del límite inferior de la ribera del mar". También establece que esa zona "deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal". El deslinde se ha realizado en más del 90% de la costa española, pero no en Toralla. Los protagonistas de la última protesta –que contó con Greenpeace y Ecologistas en Acción entre sus convocantes, junto a distintas asociaciones vecinales– denuncian la "absoluta especulación urbanística desde la década de 1960, por intereses empresariales privados". "Es un claro ejemplo de la cultura del pelotazo", afirman.

El incumplimiento de la Ley de Costas y los deslindes es obvio en Toralla, pero también lo es su carácter privado. Así lo zanjó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2021, cuando ratificó una sentencia de los juzgados de Vigo que denegaba la licencia para un nuevo chalé precisamente por esa condición privativa. La Ley del Suelo de Galicia establece que, para merecer la condición de solar, una finca debe tener acceso desde un vial público, y las calles interiores de Toralla no lo son, ya que la comunidad de propietarios siempre se negó a cederlas al Ayuntamiento. Porque, para mayor peculiaridad, el municipio no presta en la zona los servicios urbanísticos de alumbrado, abastecimiento de agua, alcantarillado ni conservación ni mantenimiento de las vías, de los que se encarga la comunidad de vecinos, Centro Turístico Residencial Isla de Toralla.

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La manifestación de hace dos domingos provocó la reacción del BNG, cuya senadora, Carme da Silva, reclamó al Gobierno la recuperación del espacio público y la apertura al paso de los ciudadanos no propietarios. Da Silva denunció en un comunicado "la desprotección de la isla y su caótica urbanización", e incidió en la "privatización" del terreno pese a recoger la ley que debe ser accesible al tránsito público en las zonas de servidumbre y de dominio público terrestre.

La historia reciente de Toralla se remonta a 1965, cuando la actual concesionaria la compró a los herederos de Martín de Echegaray, un emigrante que hizo fortuna en Argentina. Hasta la constitución de Toralla S.A. mantenía su aspecto original, a pesar de que la presencia humana en el islote se remonta a casi 3.000 años antes, cuando fue empleada por los romanos como cementerio. El terreno acabaría en propiedad del Obispado de Tui, hasta que la desamortización lo dejó en manos de Francisco Javier Martínez Enríquez, Marqués de Valladares, quienes posteriormente lo venderían a Martín de Echegaray.