Nuevo culebrón en Galicia con los Franco y una casa señorial: "Somos los dueños"

El culebrón recuerda en muchos de sus detalles al que precedió a la recuperación de Meirás. No muy lejos del histórico pazo, en plena ciudad vieja de A Coruña, los Franco siguen disfrutando de la casa Cornide, un palacete adquirido en puja pública por Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa y prohombre del régimen, y entregado en cuestión de horas a Carmen Polo de Franco por apenas 25.000 pesetas en 1962. Todo aquel proceso está en entredicho y está siendo revisado por el Ayuntamiento, que impulsa la anulación de oficio de todos los acuerdos que propiciaron la operación. Pero los herederos del dictador se rebelan. "Somos los dueños", reclaman.

Los nietos de Franco reivindican la mansión del siglo XVIII "por derecho", tras haber disfrutado de su propiedad durante 62 años. "Desde hace medio siglo, el Ayuntamiento, consciente y voluntariamente, ha diferido sus posibilidades de reacción ante los acuerdos cuya nulidad se pretende", lo que los convertiría a ellos en "propietarios de buena fe", argumentan. Y todo ello mientras se retrasa la apertura del edificio a las visitas del público que derivan de su catalogación en 2023 como Bien de Interés Cultural, una declaración que extrema los parecidos entre la Cornide y el pazo en el que Francisco Franco pasaba los veranos con su familia y convocaba los consejos de ministros estivales.

La casa en cuestión es un palacio que perteneció en el siglo XVIII a la familia del geógrafo José Cornide, que lo legó como donación al ayuntamiento de la ciudad. Durante la dictadura salió a subasta pública, una decisión tachada por muchos historiadores de “maniobra fraudulenta y amañada” cuyo objetivo consistía en entregársela a Franco, para que pudieran pasar días en la ciudad sin tener que abrir Meirás. Pero no fue una adjudicación directa, sino que sería el empresario y banquero Barrié de la Maza quien se haría con el inmueble por 305.000 pesetas, para "venderlo" por un precio simbólico.

Para la recuperación de la Cornide, las autoridades han seguido un procedimiento similar al de Meirás, pero que se presenta complejo si se tienen en cuenta las dificultades que precedieron a la recuperación del pazo. Fue la aparición de un documento en el que consta que había sido adquirido en 1938 por la Junta pro-pazo a las herederas de Emilia Pardo Bazán. Quedaba demostrado que el contrato de compraventa formalizado en 1941 a favor de Franco, y que le sirvió para inscribir la propiedad a su nombre en el Registro de Betanzos, era "fraudulento". Ahora, se basan en un documento del administrador del dictador que apunta a un fraude de ley en la operación.

TE PUEDE INTERESAR

Meirás: 15 años para la mayor sentencia contra el franquismo de la democracia

Pablo López. Vigo

Pero antes de llegar a la recuperación de Meirás por sentencia –pendiente de recurso en el Tribunal Supremo–, las autoridades lograron, no sin esfuerzo, que los herederos del dictador abriesen las puertas de Meirás a las visitas del público, en su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). En 2021, tras la recuperación del pazo, el Ayuntamiento coruñés dio el primer paso para solicitar la declaración de BIC de la casa Cornide. Un mes más tarde, el Parlamento gallego aprobaba por unanimidad una proposición del BNG que emplazaba a la Xunta a agilizar el procedimiento. El objetivo se cumplió en octubre del año pasado, lo que implica que la familia Franco tendría que abrirlo al público al menos cuatro días al mes. Transcurrido un año, esa obligación no se ha consumado.

Este mismo mes de julio, antes de impugnar las actuaciones para despojarles del palacete, los herederos solicitaron un nuevo plazo para esa apertura, en respuesta a la incoación de un expediente sancionador de la Xunta. Alegaron para ello que el inmueble constituye "una vivienda", extremo que descarta la Xunta, que decretó que la casa está "sin muebles, por lo que no puede dar lugar a una residencia habitual". El expediente sancionador se abrió después de que la Consellería de Cultura tratara sin éxito de contactar con la familia hasta en cuatro ocasiones, situación que los Franco atribuyen a un error en la dirección postal.

La Xunta no duda que el proceso acabará con la ejecución de la obligatoriedad de la apertura al público, pero las resistencias a cumplir con esa obligación recuerda la actitud de la familia del dictador con el pazo de Meirás, en el que pusieron todo tipo de impedimentos durante años para facilitar las visitas. "Habrá sanciones y multas", ha advertido el conselleiro de Cultura, José López Campos, aunque socialistas y nacionalistas culpan al Gobierno gallego del retraso en el cumplimiento de los requisitos del BIC.

Mientras se dirime el cumplimiento de las visitas, el Ayuntamiento de la socialista Inés Rey, que gobierna en coalición con el BNG, ha puesto en marcha el procedimiento para recuperar la casa para la ciudad. Para ello, se basa en un informe jurídico de la Universidad de A Coruña que desgrana las claves que deberían permitir despojar a los Francos del inmueble. Sus autores –Carlos Aymerich, Carlos Amoedo y José Manuel Busto– exhiben una carta del administrador de la familia Franco en Meirás que puede ser clave, en la que se sugiere que se utilizó un método de subasta a través de un tercero para entregar la casa a Carmen Polo.

Ese documento apuesta por la subasta "por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio caudillo". Y agrega que "los señores (en alusión a los Franco) están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa" en la ciudad y evitan abrir el pazo de Meirás "por el número de criados y servidores que se necesita".

TE PUEDE INTERESAR

Los Franco: el árbol genealógico del dictador

T.F.

El Ayuntamiento de entonces convocó una subasta a la que solo se presentó el Conde de Fenosa, que por aquel entonces ya disfrutaba de ese título y era apoderado de Franco. El 3 de agosto de 1962 Pedro Barrié de la Maza, entonces ya Conde de Fenosa y apoderado de Franco, se hacía con el edificio. Tres días después transmitía la propiedad a la mujer del dictador a un precio muy inferior, un cambio de valor que, según el informe, demuestra "una simulación de venta".

El actual gobierno local coruñés pretende ahora anular el acuerdo plenario que dio luz verde a la teórica subasta de un bien público que no había sido desafectarlo previamente, una cuestión que no permitía la ley. También revisará el acuerdo por el cual se eximió a Barrié de enajenar ese bien, lo que le habría impedido su venta. Los Franco consideran que "el transcurso tan exagerado de tiempo" les permite disfrutar de derechos sobre el palacete, creen que la mala fe inicial del dictador, de haberla, "no se traslada a sus herederos" y califican la intención del Ayuntamiento de "oportunismo político".