Los agricultores canarios ya no quieren recuperar la fruta que les roban (y tienen una buena razón)

A la sequía sin precedentes, el calor que provoca una floración temprana en la fruta y la atención, sacrificio y trabajo diario que requiere el mantenimiento de una explotación, los agricultores tienen que sumar los robos que no solo les dejan sin cosecha, sino también sin dinero. Por un lado, no pueden vender los productos y, por el otro, tienen que acarrear con los gastos de abogados para abordar estos litigios y ya se han cansado.

Según un informe de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en 2023 Canarias fue la región de España con más robos -24,95 por cada 1.000 explotaciones-, seguida de Murcia (23,23) y La Rioja (19,48). Por otra parte, las comunidades donde más han descendido este tipo de sucesos fueron País Vasco (-31%), Baleares (-19%) y Cataluña (-16%). En cuanto a la resolución, y a nivel autonómico, Canarias también tiene la cifra más alta con un 31% de denuncias resueltas, seguido de la Comunidad Valenciana (27%) y Cantabria (20%).

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En el archipiélago, los agricultores que se encuentran dentro de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA) creen que pueden ser incluso más porque "muchos se han cansado de denunciar y de la lentitud de la justicia". Sergio Rodríguez, su portavoz y también agricultor de Güímar, Tenerife, ha aprendido a convivir con los robos en su explotación. “He perdido el número de veces que me han robado, pero en los últimos cinco años, en una finca de cinco hectáreas de mangos y aguacates, lo que se han llevado puede oscilar en torno a 6.000 o 7.000 kilos”, señala.

Revela que ha presentado 10 denuncias en cuatro años, pero se resigna porque "no tiene recorrido ninguno si no sospechas de nadie". "Hay que pillarlos con las manos en la masa o con testigos porque, sin nadie que quiera declarar, tampoco tiene recorrido la denuncia más allá del cuartelillo", comenta.

"Faltan agentes"

La Guardia Civil creó una unidad en 2013, Equipo Roca, contra el robo en el campo cuyo objetivo es dar respuesta a los delitos cometidos en las instalaciones ganaderas y agrícolas. En Canarias sus bases están en Santa María de Guía (Gran Canaria) y La Orotava (Tenerife). Por razones de seguridad, desde la Benemérita no facilitan el número de agentes que trabajan en esta unidad, aunque los agricultores los cifran en cuatro efectivos en Tenerife. Sin embargo, Rodríguez alega que "no hay efectivos suficientes para poder cubrir la parte agrícola, ya no solo los aguacates, sino que se llevan de todo; máquinas, elementos de riego… absolutamente todo".

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Este agricultor critica que "para la Guardia Civil el tema agrícola es lo último, si tienen un rato libre, se dedican a ello". Alude a un "fallo del sistema", porque "ellos tienen la aptitud suficiente para luchar contra los robos, pero lo hacen cuando otras cosas más importantes les dejan". Asimismo, Rodríguez se ha cansado de escuchar siempre lo mismo cada vez que comunica un robo: "Tienen que llamar cuando vean a los delincuentes". No obstante, se pregunta que de qué sirve si "las patrullas están a 10 kilómetros de la finca y el delincuente no va a esperar a que ellos lleguen".

"La injusticia"

Rodríguez es claro: "La lentitud de la Justicia se convierte en injusticia porque no se solucionan los casos". Por este motivo, explica el proceso que pasa desde que se denuncia hasta que sale la resolución: "Cuando tienes la suerte de cogerles robando, la Guardia Civil actúa, informa y lo pasa al juzgado. Allí, si no vas con un abogado y un procurador, el sistema no evoluciona, pasa mucho tiempo para que eso camine. En muchos casos, el propio Juzgado no lo admite".

Este agricultor hace alusión a un dato del informe y es que Tenerife disminuyó la cifra de denuncias interpuestas en 2023 y lo achaca a un solo motivo: "Si voy y denuncio, doy un montón de vueltas, voy al Juzgado y ahí no se resuelve nada, esto no vale la pena denunciarlo". Aclara que "han bajado las denuncias, pero los robos no han disminuido". Además, añade el gasto que supone no solo de tiempo, al perder un día de trabajo, sino también de dinero porque afirma que “las cifras oscilan entre los 350 y 400 euros”.

No recogen la fruta que les roban

Muchos ladrones, si son pillados y para evitar las sanciones, devuelven la fruta al agricultor para su cosecha, pero Rodríguez explica por qué él y muchos otros se niegan con rotundidad a aceptarla, especialmente después de haber sufrido varios robos: "Nosotros antes recogíamos la fruta, la ignorancia te lleva a eso, pero cuando llegabas al juzgado era una atenuante". Por lo que, a partir de ahí, explica que han cambiado su forma de actuar: "Si la han robado, normalmente han recolectado fruta que no está apta para comercializar y yo no la puedo vender. He decidido que, como funciona como una atenuante para el infractor, no la voy a recoger", subraya.

Además, indica que tiene sentencias favorables en las que "golfos, de los que roban con una mochila", lo han reconocido y "no se presentan a los juicios, que es lo más común, y tienes que ir con el abogado y procurador porque si no te machacan en el juzgado o, incluso, no se les comunica a los ladrones no los encuentran al no tener un domicilio habitual". "Hay sentencias que han caducado sin decírselo a los infractores y también hay casos en la plataforma de hurtos en los que lo único que se ha conseguido es un alejamiento de la finca", recalca.

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Por último, anota que los ladrones conocen "a la perfección" la diferencia entre hurto, robo o robo con fuerza. "Siempre van a decir que entraron por la puerta y en todas aquellas fincas que no estén valladas, la Justicia determina que son simples hurtos: no tiene recorrido", concluye.

Una situación que se ha vuelto rutina para unos agricultores que intentan sacar sus cosechas adelante, a pesar de las condiciones climáticas y las escasas ayudas económicas, pero que se sienten impotentes ante la lentitud de la burocracia que muchas veces les abandona para alegría de quienes, sin escrúpulos, les arrebatan el fruto de su trabajo.