Barracones y niños sin patio: los 42 millones que Canarias reclama al Gobierno para adecuar sus colegios

Si sumamos crecimiento poblacional, auge de extranjeros y llegada de migrantes menores, el resultado son unos centros escolares que, cada año, hacen magia para dar la atención educativa que merecen los niños y sacar el curso adelante. Es una situación que empeora y, de cara a septiembre, afrontará Canarias sin la financiación de un documento que es necesario y pide a gritos al Gobierno central: el Plan de Infraestructuras Educativas del Estado para las islas.

Esta hoja de ruta ha quedado en el olvido. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no ha ayudado en la recuperación del mismo. Se trata de un convenio Canarias-Estado que se puso en marcha en 2015, pero se eliminó en 2018 con la entrada al Gobierno de Pedro Sánchez. En él, se recoge una inversión anual de 42 millones de euros del Estado y otros 42 millones del Ejecutivo canario para mejorar, o construir, instalaciones educativas en el Archipiélago.

El plan quería dar respuesta a la necesidad de plazas escolares, fruto del crecimiento demográfico y reducir los ratios de alumnos por aula. En total, hay 130 obras nominadas en las Islas para dotar de unas 23.000 plazas a todo el Archipiélago entre 2018 y 2025. Y hay una inversión final de casi 507 millones de euros. A día de hoy, según datos de la Consejería de Educación, solo se ha ejecutado el 12%.

“Se hace necesario y urgente que se transfieran los 42 millones de euros para recuperar el Plan de Infraestructuras de Canarias y se pongan al día muchos centros educativos para, por ejemplo, adaptarlos al cambio climático y a las altas temperaturas”. Así de rotundo se muestra Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias al solicitar, una vez más, “que se articulen las medidas necesarias para esta transferencia”. Recuerda, además, que esto fue uno de los puntos de la agenda insular que Coalición Canaria pactó para el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

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La mayoría de los 792 centros de Canarias, donde imparten enseñanzas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no cuentan con instalaciones adecuadas: carecen de techo en las canchas o patios de recreo, no tienen aire acondicionado o ventilación, y no presentan deficiencias en las instalaciones eléctricas. Antes de la pandemia ya había 77 barracones, o aulas modulares en las Islas debido al crecimiento poblacional. A día de hoy hay 151 aulas en 42 centros escolares, la mayoría en el Sur de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. En La Palma, y tras la erupción del Volcán Tajogaite, se instalaron para el CEIP La Laguna. "Es un infierno dar clases en un barracón de chapa y tener que caminar entre palets para ir, de lo que llamamos aula, a otra", comenta esta profesora de Lanzarote, una de las islas que más dificultad presenta.

"A ello hay que sumarle el calor, los niños sudando y el déficit de atención que tienen muchos porque están más pendientes a la falta de ventilación antes que a las clases, cuando hay calima no quiero ni recordarlo", añade. "Me gustaría que los que ponen excusas, por los motivos que sean, estén una mañana en las condiciones que estamos nosotros o que fueran sus hijos quienes se sientan en las mesas, la situación cambiaría rápido", concluye.

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Por la falta de financiación para este proyecto, el director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, Iván González, va más allá: "Hay centros en el Archipiélago, que son los Centros Ordinarios de Atención Educativa Preferente para alumnado con discapacidad motora, que presentan problemas de accesibilidad cuando, por normativa, deberían serlo y más en estos casos y lo recogía el documento".

Plan de choque… que también depende parte del Estado

A falta de un año, con un plan obsoleto y sin respuesta para este año del Ejecutivo estatal, el Gobierno canario ha tomado cartas en el asunto y ha creado un Plan de Choque de Infraestructuras Educativas en el sur de Tenerife 2023-2031. Tendrá una actualización anual y se ha creado específicamente en este punto de Canarias, según el consejero Suárez, para "atender a la necesidad urgente de una zona considerada roja en materia de escolarización". "En algo más de 20 años, la comarca sur de Tenerife ha pasado de 146.081 a 317.006 habitantes, lo que supone un 220% más que hace dos décadas", aclara.

Asimismo, el director general añade que los municipios de San Miguel de Abona y Adeje, en el sur tinerfeño, "han triplicado su población, pero no se han creado centros nuevos porque incluso el Instituto de Educación Secundario Montaña de Guaza, inaugurado a comienzos de este curso, no aumentó el número de plazas, sino que fue un traslado de alumnado desde las aulas modulares a una edificación en condiciones".

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Este plan de Choque, aprobado y presentado este mismo mes, contará con financiación procedente de cuatro instituciones: fondos propios del Gobierno de Canarias; Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027; convenios con los Ayuntamientos y, nuevamente, 42 millones procedentes del Estado.

Por último, y según adelanta González, ya trabajan en "la creación de un Plan Estratégico de Infraestructuras de Canarias, que sería 2024-2031, y se actualizaría anualmente para incluir las necesidades y ser lo más realista posible a cada Isla". Además, "uno de los requisitos que deberá tener es que los Ayuntamientos pongan desde el comienzo el suelo a disposición de la Consejería para ampliar o crear nuevas infraestructuras", finaliza.

Mientras tanto, dos meses de parón escolar en el que el Gobierno de Canarias, los alumnos, padres y profesorado canario, siguen esperando 42 millones de euros estatales para mejorar, adaptar y acondicionar infraestructuras educativas que permitan empezar un nuevo curso escolar en el que la situación, lejos de ir a mejor, será peor: más alumnos y menos aulas.