El Gobierno prevé sancionar a las CCAA si sus menores tutelados se van a otras regiones

La grave crisis migratoria que desde el pasado verano sufre Canarias ha puesto a prueba el principio de solidaridad territorial y ha dejado en evidencia la deficiente política de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La conferencia sectorial convocada el próximo miércoles en Tenerife para acordar un mecanismo de reparto por toda la Península de los menores migrantes no acompañados que desbordan las islas —unos 6.000 en este momento— va camino del fracaso más absoluto. Los gobiernos regionales del PP ven "difícil", incluso "imposible", salir de allí con un acuerdo y exigirán a Moncloa unos compromisos previos para asegurar un "reparto justo", que incluya lógicamente a Cataluña y que asegure una financiación suficiente desde la administración del Estado.

La reunión se ha convocado para acordar los criterios que permitan una reubicación urgente, pero ordenada, entre todas las CCAA de aquellos menores que han llegado a España solos, sin tutores ni familiares. Canarias, Ceuta y Melilla viven desde hace meses una situación dramática que ha desbordado sus sistemas de acogida. "La solidaridad voluntaria no ha funcionado", se duelen en el Gobierno insular, de Coalición Canaria, que ha forzado al Gobierno central a articular un sistema de "solidaridad obligada" que quedará recogido en una reforma de la ley de Extranjería. Así, se activará la derivación automática de jóvenes y menores extranjeros no acompañados cuando una región haya superado el 150% de su capacidad de acogida, como es el caso.

El Gobierno central y el insular presentarán el miércoles a los consejeros autonómicos encargados de los servicios sociales su borrador para la futura ley de Extranjería, que ya explicaron a los grupos parlamentarios en el Congreso hace unos días. Su propuesta toma como referencia los criterios acordados en la conferencia sectorial de 2022, como el PIB o la población, y escucharán las sugerencias e inquietudes que tengan las comunidades. De modo que todo está aún por definir.

Pero, según ha podido saber El Confidencial, se contempla incluir en la ley un régimen de infracciones y sanciones que garantice el control efectivo de las comunidades sobre los menores no acompañados, de cuya tutela son las únicas responsables hasta su mayoría de edad. La sugerencia partió del grupo del PNV, según fuentes parlamentarias, y ambos ejecutivos dieron su visto bueno. Esta previsión responde no solo a la necesidad de que todas cumplan con su deber de acogida y asistencia en medio de la polémica por la reticencia del PP y la pretensión de Junts de que Cataluña quede exenta del reparto —que justifica en el compromiso de Sánchez de cesión de las competencias de inmigración—. También se pretende castigar el movimiento descontrolado de los menores hacia otras comunidades y descompensar los equilibrios del reparto.

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"Debe garantizarse un control real y una tutela efectiva sobre estas personas para evitar que un menor inscrito en Burgos aparezca en Pontevedra", señalan en el grupo nacionalista vasco. "De lo contrario, las grandes capitales, y principalmente Madrid, asumirán toda la presión en sus servicios sociales porque lógicamente son polos de atracción", añaden las fuentes consultadas.

En este momento, según datos del Gobierno canario, unos 6.000 menores no acompañados son atendidos en las islas, cuando su capacidad de acogida es de 2.000 plazas. Se esperan que lleguen muchos más en los próximos meses, de todas las edades. Los últimos datos de Interior, actualizados a 31 de marzo, daban estas cifras de menores: Canarias (4.663), Andalucía (1.790), Madrid (1.542), Cataluña (1.474) y Comunidad Valenciana (1.061). Por el contrario, las regiones con menos acogidos eran La Rioja (11), Cantabria (33), Extremadura (68), Asturias (76), Navarra (118), Aragón (125) y Castilla-La Mancha (147).

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Los presidentes autonómicos del PP insisten en que seguirán siendo solidarios y asumirán las tutelas que les corresponda. Pero reclaman información precisa al Gobierno —por ejemplo, previsiones de nuevas llegadas—, una financiación suficiente hasta que los menores cumplan 18 años y otros recursos materiales, por ejemplo, cesión de infraestructuras del Estado. Génova exige a Moncloa que redoble sus esfuerzos diplomáticos con los países emisores —Mauritania y Senegal, entre otros—, que pida ayuda a la Unión Europea para proteger su frontera sur y que active el sistema de vigilancia de Frontex, sin descartar la movilización de la Armada española. "Es responsabilidad del Gobierno. La dejación de funciones del Gobierno de Sánchez ha dado paso a un efecto llamada sin precedentes", denuncia el PP.

Vox rechaza de plano la acogida de migrantes, ni siquiera de los más vulnerables, como son los menores, y exige su expulsión a sus países de procedencia. Por tanto, no apoyarán la reforma prevista. "Pretenden extender este problema por toda España", censuran en el partido de Santiago Abascal, que amenaza al PP con romper sus pactos de gobierno si aceptan formar parte del reparto. Feijóo ha asegurado que no se sienten intimidados por Vox. Sin embargo, en los últimos días se ha producido un notable giro de discurso sobre el fenómeno de la inmigración ilegal, tan presente en las elecciones francesas de este domingo.

Junts pretende que Cataluña quede exenta, toda vez que está negociando con el Gobierno central la cesión de las competencias en materia de inmigración, sin que esté claro el alcance de ese compromiso. "Sin perjuicio de la colaboración administrativa que se acuerde, vinculada en este caso al principio de solidaridad entre territorios y con el objeto de solventar problemáticas que afecten a la protección de los derechos humanos y de las personas menores de edad, lo establecido en esta Ley no resultará de aplicación en Catalunya", recoge la polémica enmienda que defenderá Junts ante el Congreso.