52 euros por caso y pagos retrasados: la realidad de los abogados de los migrantes en Canarias

El drama migratorio en El Hierro, una isla de algo más de 11.500 habitantes, no cesa y se espera que este año, la cifra de personas llegadas de manera irregular supere incluso la cifra de los censados; ya son más de 10.600 las llegadas contabilizadas en este 2024. A la presión educativa, sanitaria y social, se suma otra: la legal. Frente a la escasez de abogados en El Hierro, es necesario trasladar abogados de oficio desde un turno especial desde Tenerife para así dar cobertura a estas personas.

Cuando una persona llega al Muelle de La Restinga, pasa a disposición policial en calidad de detenido y en un plazo de 72 horas debe ser asistido por un abogado especializado. Mientras tanto, avisan a los abogados tinerfeños para el desplazamiento a la isla herreña y comenzar el trámite y la odisea. El primer vuelo Tenerife-El Hierro es a las 07:55 horas y el último a las 17:40 horas, teniendo durante el día, y en verano, 7 conexiones diarias, pero en estas fechas y sobre la marcha, es a veces imposible conseguir plaza. Por vía marítima solo sale un barco a las 17:00 horas y los sábados ni siquiera hay.

"Desde que nos llega la notificación del Colegio de Abogados, vía WhatsApp, de la cantidad de abogados que necesitan, tenemos media hora para mirar billetes de avión, alquilar un coche, ver si tenemos la posibilidad de cumplir la guardia y darle el sí al Colegio, teniendo el compromiso firme de asistir", comenta Teresita Hernández, una de las abogadas afectadas. "Al llegar a la isla, vamos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, donde estamos presentes en la lectura de derechos. Allí, con intérpretes, se les notifica la orden de devolución, e intentamos hablar con ellos para conocer los motivos y las circunstancias en las que vienen", explica.

Asimismo, y debido a que muchas embarcaciones llegan de noche, la abogada resalta que acumulan jornadas maratonianas: "Hacemos jornadas de madrugada y les garantizamos este derecho en horario nocturno para poder irnos al día siguiente, trabajando, en algunos casos, más de lo permitido porque intentamos dar una atención, en la medida de lo posible, personalizada".

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Hernández también expone que, hasta que llega el juicio, "cada expediente puede alargarse por un periodo de tiempo de entre ocho meses y un año y medio": "Por persona se pagan 52 euros, teniendo, por ejemplo, juicios señalados para principios del 2025 de migrantes que llegaron en septiembre del año pasado". Cada abogado asiste a un máximo de seis migrantes por día de guardia, facturando todos los gastos trimestralmente cuando el Gobierno de Canarias, que tiene las transferencias en Justicia, libera los fondos para abonar el servicio de defensa letrada.

"Se niegan a pagar"

En un manifiesto para denunciar sus condiciones, y que firman 30 abogados afectados, aunque Hernández apunta que hay más de 200, los letrados argumentan que "el tiempo, trabajo y gastos que se dedica a cada expediente, así como el cese temporal de nuestra actividad privada o interrumpir la pública, no se cubre con 52 euros". En el mismo, afirman que "el abogado asume casi en su totalidad el coste de la defensa letrada completa de sus defendidos".

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Estos abogados piden a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que se incluya el recurso de apelación, que cuesta 200 euros, una vez dictada la sentencia para evitar la devolución del migrante: "Nos pagaban 52 euros y facturábamos este recurso aparte, hace un par de meses lo pagaban sin problema, pero como en este último año el cúmulo ha sido de más de 17.000 expedientes tramitados y hay recursos, se niegan a pagar". Por su parte, Hernández afirma que desde la Consejería le han trasladado que "dichos recursos entran dentro de los 52 € y no van a pagar las facturas, teniendo compañeros a los que les deben casi 10.000 euros". El Confidencial se ha puesto en contacto con la Consejería y desde dicha administración han declinado hacer declaraciones al respecto.

Orden de Protección Internacional

Los migrantes pueden pedir una orden de protección internacional, siendo estos abogados quienes la notifican a las ONG y Policía Nacional. "Si la piden, el expediente de devolución se paraliza todo el tiempo que dure la tramitación de la orden de protección", aclara Hernández. En este sentido, pone de ejemplo a las personas que llegan de Mali porque "son refugiados por causa de guerra".

Asimismo, concluye pidiendo que se valore judicialmente y se tenga en cuenta que muchas de estas personas vienen huyendo de situaciones como "la bajada de producción en el arroz, en más de un 40%, por la salinización del río Gambia o la situación en los países africanos que antes se dedicaban a la pesca y ahora tienen la costa plagada de buques ilegales de chinos". "Debería tenerse en cuenta, y amparar, no solo a los que vienen huyendo de la guerra, sino a aquellas niñas que son puestas en una embarcación para evitar que sean violadas, prostituidas o sometidas toda su vida", finaliza.