Tras pagar 1,2 millones en abogados, Campus de la Justicia 'olvidó' abonar 8 de IVA

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha tenido que aprobar este miércoles un gasto extra de 8,3 millones de euros que sigue haciendo más grande el pozo sin fondo del Campus de la Justicia, el fallido proyecto de Esperanza Aguirre que intentó reubicar en un solo complejo los 356 órganos judiciales madrileños. La Agencia Tributaria ha exigido a la Comunidad de Madrid el pago del IVA que supuso transferir las dos únicas instalaciones construidas de la extinta empresa pública Campus de la Justicia al inventario de la Comunidad de Madrid, más los intereses de demora, ya que los asesores jurídicos contratados por Campus se 'olvidaron' de pagar el impuesto, a pesar de que primero Aguirre y luego Ignacio González (su sucesor) se gastaron 1,2 millones en abogados para liquidar el ente público.

La Comunidad constituyó Campus de la Justicia SA en diciembre de 2004, una empresa 100% pública para intentar llevar a cabo uno de los proyectos faraónicos de Aguirre: reagrupar en único complejo en el barrio de Valdebebas todas las sedes judiciales de la región. Pero la crisis hizo desechar la idea cinco años después, en 2009. En el verano de 2011 se decidió la liquidación de la sociedad, aunque Campus, ya sin trabajadores ni actividad, siguió operativa hasta febrero de 2015 después de que también fracasara el intento de revitalizar un proyecto parecido ideado por el sucesor de Aguirre, Ignacio González, bautizado como Ciudad de la Justicia.

Para liquidar Campus de la Justicia, el Gobierno regional presidido entonces por González tuvo que transferir las dos únicas instalaciones que se han levantado (estaban previsto 14 edificios) de la empresa pública al inventario de la Comunidad. Una operación que conllevaba el pago del IVA. El único edificio construido es el Instituto de Medicina Legal, que en su día costó 21,4 millones de euros. Sin uso, Madrid paga actualmente 143.000 euros al año por su servicio de seguridad. Hacienda ha valorado este inmueble de 8.700 metros cuadrados y siete plantas en 17,7 millones de euros, por lo que devenga un IVA superior a los tres millones.

La Agencia Tributaria también ha valorado en 19 millones los túneles que se construyeron, que iban a ser una arteria de comunicación subterránea debajo del complejo para conectar las distintas sedes. Devenga un IVA de más de 4 millones. En total 7,6 millones que los servicios jurídicos contratados por Campus se olvidaron de pagar en los ejercicios 2014 y 2015. A esa cantidad hay que sumar 671.000 euros en intereses de demora y 12.400 euros de multa.

¿Cuánto ha costado Campus de la Justicia? No hay una cifra exacta. Mínimo 100 millones de euros, aunque el desembolso puede superar los 140 millones. Un despilfarro excesivo que los tres grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) quieren llevar a la Fiscalía en una denuncia que aún no se ha concretado a la espera de analizar el Libro Mayor de la sociedad, que se había perdido y se tardó en recuperar. Los diputados están analizando ahora todas las operaciones contables de Campus entre los años 2008 y 2014.

En cuanto a los servicios jurídicos se contrataron al menos una decena de despachos de abogados. "Estos contratos no salían a concurso público, al menos no hemos encontrado la convocatoria de los mismos. Se atribuían a quienes elegían los responsables de la sociedad. La multiplicidad de contrataciones a abogados y asesorías tenía que ver con la incapacidad de los gestores de la empresa para resolver cualquier cuestión", explicó la diputada socialista Mercedes Gallizo en la comisión parlamentaria que trató el tema.

El bufete de Eduardo Fernández de Blas, mano derecha de Florentino Pérez en el Real Madrid, facturó al menos 252.000 euros a Campus de la Justicia entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. También había varias facturas con otro bufete, Fernández y Toth, entre diciembre de 2013 y febrero de 2015 por valor de 549.387 euros. "No hemos encontrado contrato con este abogado. Considerando que utiliza un contrato corporativo de Fernández de Blas, podría suponer que forma parte del contrato con este último", explicó Gallizo.

Luego están los trabajos de KPMG por "servicios prestados": otros 374.341 euros sin contar lo cobrado por las auditorías externas que hacía de las cuentas de Campus. El que fuera liquidador de la empresa pública, Miguel Ángel Fernández, señaló en la Asamblea que el periodo de liquidación del ente público se llevó a cabo entre el 31 de julio de 2014 y el 5 de febrero de 2015, tras más de dos años sin actividad. Es en ese periodo cuando se debió pagar el IVA por la transmisión de las infraestructuras construidas. Desde 2012 Campus de la Justicia no contaba con plantilla y solo se acometían gastos básico de agua y luz, además de auditores, gestoría y notaría. Otros trabajos jurídicos, menores, se contrataron con Auxadi Contables (75.892 euros), Urbanismo y Vivienda Asesores (28.710 euros), Félix García de Castro (15.150 euros) y Sagardoy (8.700 euros).