Las comunidades de vecinos podrán vetar los pisos turísticos en todo Madrid

Las comunidades de vecinos podrán vetar, si así lo recogen sus estatutos, que haya pisos turísticos en sus edificios. Es una de las novedades de la modificación del decreto que regula este tipo de negocios que ya fue aprobado por la Comunidad de Madrid en 2014 y que ahora el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes quiere cambiar e impulsar de nuevo, ya que fue anulado por los tribunales. Otra de las novedades es que los dueños de estas viviendas tendrán que informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes. Si además sale adelante la propuesta del Ejecutivo autonómico las plataformas que operan en la región, como Airbnb, serán consideradas empresas turísticas, y como tal estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para aprobar el decreto que regula las viviendas de uso turístico, aprobado en julio de 2014, y que había quedado desfasado por varias sentencias. "Madrid no tiene los problemas de Barcelona", ha señalado este martes Cristina Cifuentes, pero "sí tenía un vacío legal". En toda la región hay unos 17.000 inmuebles que se alquilan a través de estas plataformas. La primera novedad del nuevo decreto es que todos los propietarios que quieran entrar en el negocio deberán contar con un Certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), un documento técnico cuya finalidad es garantizar al cliente que la vivienda donde se aloja cumple con unos parámetros determinados de seguridad (disponer de un extintor), ventilación directa al exterior, y condiciones de agua y energía, como disponer de calefacción o agua fría y caliente.

Otra de las novedades del texto es que si una comunidad de vecinos así lo decide por mayoría y lo incluye en sus estatutos podrá vetar en su edificio que algún propietario dedique su vivienda a un uso turístico. Una prohibición que se incluye y otra que se quiere levantar: permitir el alquiler de habitaciones sueltas y eliminar el requisito de contratación por un tiempo inferior a cinco días, algo que pedía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid). Según Cifuentes, la nueva normativa no quiere ser "prohibicionista", pero sí regulará mucho más a las plataformas de viviendas turísticas, que estarán sujetas al régimen sancionador de la Ley de Ordenación del Turismo cuando incumplan las normas básicas de convivencia.

Esta última medida, la de poder sancionar, es sin duda la más ambiciosa, ya que la legislación europea no es muy dura con empresas como Airbnb, a las que el Gobierno regional quiere considerar empresas turísticas. Por ejemplo, el Ejecutivo autonómico creará una figura inexistente hasta ahora, los "Canales de Oferta Turística", donde estarán incluidas estas plataformas. Se considerará infracción grave no cumplir las obligaciones de información, que incluye que la vivienda está en el registro que quiere constituir la Comunidad, tener un seguro de responsabilidad civil, disponer de hojas de reclamación o respetar la ratio de capacidad de personas que se pueden alojar en función del tamaño de la vivienda.

Otra de las principales novedades es que los propietarios tendrán que remitir a la Dirección General de la Policía la información relativa a las personas alojadas en sus inmuebles. El borrador del nuevo decreto se publicará este miércoles en el Portal de la Transparencia de la Comunidad de Madrid y habrá un plazo de 15 días de información pública para interponer alegaciones. El texto podrá ser así enmendado por la patronal de hosteleros, los vecinos y las propias plataformas de alquiler. Normalmente el tiempo de tramitación de un decreto oscila entre ocho y doce meses, pero la Comunidad tiene especial énfasis en agilizarlo todo lo posible.

El Gobierno regional también ha mantenido contactos informales con el Ayuntamiento de la capital, aunque la capacidad normativa es de la Comunidad. Cifuente ha señalado que el Consistorio que dirige Manuela Carmena tiene una visión "básicamente prohibicionista que no compartimos". Como ya publicó El Confidencial, el Gobierno local lleva tiempo negociando con algunas plataformas para firmar un acuerdo de entendimiento, una especie de protocolo de actuación que no serviría si finalmente se aprueba el decreto regional. Al Ayuntamiento le gustaría limitar el tiempo de alojamiento y que estas viviendas paguen una tasa. Esto último no lo comparte el Ejecutivo autonómico.