Pueblos de Madrid de 44 vecinos, obligados a subcontratar un plan forestal de incendios

¿Puede un pueblo de 44 vecinos y tres empleados sin la cualificación necesaria elaborar un plan de prevención contra incendios forestales? La respuesta parece obvia. Y si encima tiene un presupuesto muy limitado, de unos 200.000 euros. ¿Puede permitirse el lujo de encargarlo a una empresa privada y pagarlo? La respuesta también parece clara. El nuevo decreto Infoma que aprobó este verano el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes obliga a 59 municipios de la comunidad de Madrid a elaborar un plan municipal de protección civil contra incendios forestales específico para su territorio.

Las localidades elegidas son aquellas que están en zonas de alto riesgo. Todas tienen menos de 20.000 habitantes menos seis: Las Rozas, Boadilla del Monte, Collado Villaba, Galapagar, Torrelodones y Villaviciosa de Odón. Siete de ellas además no llegan a los 100 vecinos. Muchos alcaldes de estos pequeños pueblos ya han comunicado a la Comunidad de Madrid que no pueden asumir, ni material ni económicamente, la realización de este plan. Y mucho menos las actuaciones y obras que se generen al elaborar el documento. Aseguran además que esta competencia es autonómica, no suya.

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El grupo parlamentario socialista acusa al Ejecutivo autonómico de que con esta medida busca dar negocio a las empresas privadas del sector. "Este miércoles 22 la Comunidad organizó una jornada con los ayuntamientos implicados para explicarles los planes especiales que tienen que llevar a cabo y allí estaba la patronal, la Asociación Nacional de Empresas Forestales, entregando su tarjetita a los alcaldes sabedora que tienen que contratar la elaboración de esos planes ya que la gran mayoría de los municipios no tienen capacidad propia para redactarlos", explica el diputado José Luis García.

Los 59 ayuntamientos tienen un año para hacer su plan contando desde que se aprobó el decreto en junio, que debe ser ratificado luego por la Comunidad de Madrid. El objetivo del mismo es que los consistorios diseñen "una estructura organizativa y los procedimientos para la respuesta inicial en emergencias por incendios forestales, dentro del territorio de la entidad local que corresponda". Los Gobiernos locales también tienen que organizar "grupos locales para la prevención y primera intervención contra incendios", establecer medidas de información y formación a la población, catalogar los medios y recursos específicos y "poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones".

En principio, los municipios con más medios (en el listado hay 6 de más de 20.000 habitantes) tienen más posibilidades de elaborar internamente el plan, aunque este tipo de proyectos se suele encargar a empresas especializadas. María Cano, la alcaldesa de Robregordo, en la sierra norte de Madrid, asegura que este decreto se ha hecho "con precipitación y desconocimiento". Este municipio solo tiene 44 vecinos y tres empleados en plantilla, uno a media jornada. "Ni sabemos hacer el plan ni podemos costearlo, con un presupuesto anual que ronda los 200.000 euros". La regidora señala que la Comunidad está traspasando "una gran responsabilidad a pequeños ayuntamientos que no podemos gestionar".

A pesar de la sequía, la Comunidad de Madrid no ha sufrido grandes incendios forestales este año. "Pero con este decreto están metiendo el miedo en el cuerpo a los alcaldes, ya que si pasa algo es responsabilidad inicial de los municipios", señala el diputado García. Todos tienen en la retina los últimos y devastadores incendios en varios pueblos de Galicia este mes de octubre. Robledo de Chavela, en la sierra oeste, es una de los pocas localidades que ya he hecho el plan. "Nos ha costado unos 18.000 euros, teniendo en cuenta que tenemos una población de 4.100 habitantes y 93 kilómetros cuadrados de territorio", explica el concejal Francisco Javier González.

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El problema, matizan en Robledo de Chavela, no es la elaboración del plan, sino las actuaciones que se generan una vez redactado. "Nosotros ahora tenemos que invertir unos 500.000 euros en franjas de seguridad, en el remarque de vías de evacuación, en habilitar caminos para que los vehículos accedan al monte... y nosotros solo tenemos un presupuesto anual de seis millones y una plan de gasto que vigila el Ministerio de Hacienda, como a todos. Si es que la 'Ley Montoro' no permite que tengamos ahora estos gastos extra. Todo es un despropósito y un sinsentido", concluye Javier González.

Natalia Núñez es alcaldesa de Cenicientos (1.900 vecinos y 70 kilómetros cuadrados). Su municipio tiene 10,5 millones de deuda y solo 1,5 millones de presupuesto. "Estamos intervenidos por Hacienda. No podemos asumir esos gastos. La Comunidad nos traspasa disimuladamente una competencia sin dotarla económicamente. Y aunque no tuviéramos la lupa de Hacienda, no tenemos ni medios ni dinero para hacer el plan". Algunos regidores destacan que el decreto Infoma obliga a los municipios a crear "Grupos de Pronto Auxilio" que deben estar constituidos por un mínimo de cinco personas. "Es incongruente. El año pasado la comunidad eliminó el grupo voluntarios que había en Cenicientos, y ahora hay que crear uno", señala la regidora. En toda la región hay 2.447 voluntarios de Protección Civil.

Rafael Pastor es el alcalde de Garganta de Los Montes, también en la sierra norte. Tiene 375 vecinos y el ayuntamiento emplea a dos trabajadores. "No tenemos capacidad, espero que tengamos ayuda económica procedente de la Comunidad. Si no es inviable". Otro tema polémico es la competencia en el capítulo de prevención de incendios. Los alcaldes consultados y el PSOE aseguran que la ley 27/2013, de 27 de diciembre, "de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", es bastante clara. El artículo 26 señala que solo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben encargarse de la "prevención y extinción de incendios". En los de menos es competencia de la diputación provincial o de la Comunidad en el caso de Madrid.

Pero desde la Dirección General de Emergencias señalan que estos planes se encuadran en el capítulo de protección civil, competencia exclusivamente municipal. La Comunidad se ha comprometido con todos los ayuntamientos para ofrecerles ayuda técnica en la elaboración de cada plan, no económica, que obligatoriamente tendrán que contratar con empresas privadas. ¿Qué pasará con las obras derivadas de esos planes? "Si están dentro del ámbito urbano correrán a cargo del municipio, ya que en los montes la Comunidad seguirá haciendo muchos de los trabajos de prevención que ya hace. No estamos ante una carga económica elevada. Todas las administraciones tienen que poner cartas en el asunto y desarrollar planes contra incendios. De todas formas, les intentaremos ayudar en todo lo que podamos", explica un portavoz de la dirección general.

Los 59 elegidos

Los municipios afectados son La Acebeda, Aldea del Fresno, Alpedrete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, El Boalo, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Cadalso de los Vidrios, Canencia de la Sierra, Cenicientos, Chapinería, Collado Mediano, Collado Villalba, Colmenar de Arroyo, Colmenarejo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Galapagar, Garganta de los Montes, Guadarrama, La Hiruela, Horcajo de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Hoyo de Manzanares, Lozoya del Valle, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Montejo de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Navalagamella, Navas del Rey, Patones, Pelayos de la Presa, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Redueña, Robledo de Chavela, Robregordo, Las Rozas, Las Rozas de Puerto Real, San Lorenzo del Escorial, San María de la Alameda, San Martín de Valdeiglesias, Somosierra, Torredolones, Valdelaguna, Valdemanco, Valdemaqueda, Valdemorillo, Venturada, Villa del Prado, Villaviciosa de Odón y Zarzalejo. La Comunidad se ha comprometido a entregarles su cartografía municipal a cada uno de ellos para que les resulte más económico contratar cada plan específico.