Carmena da un contrato por cero euros a un socio de Flores, promotor del Madrid Arena

Ciudad Lineal, uno de los distritos de la capital, adjudicó por cero euros el contrato de cines de verano para el año 2017, y prorrogó por la misma cantidad, cero euros, el contrato para el verano de este año 2018. Lo más llamativo es que en años anteriores las empresas adjudicatarias de este servicio pagaban un canon al ayuntamiento. Ya no, lo que ha provocado la apertura de un expediente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ha delegado en la Comunidad de Madrid. La agraciada es la sociedad Urkel Multimedia, cuyo administrador único es Miguel López Langa, socio de Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de prisión por la tragedia del Madrid Arena. De hecho, López Langa fue quien dejó a Flores los 200.000 euros para que este pagara la primera fianza que fijó el juez del caso.

"Es la primera vez que veo que un contrato de servicios se adjudica por cero euros", señala un experto en contratación consultado por El Confidencial. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Manuela Carmena, licitó en diciembre de 2016 el contrato 'Programación cultural del Distrito de Ciudad Lineal 2017', por el que el consistorio estaba dispuesto a pagar 1,2 millones de euros en varias actividades que se dividían en seis lotes. El lote número 3 pretendía adjudicar el cine de verano que los 215.000 vecinos del distrito llevan años disfrutando en el Auditorio Parque Calero, un contrato anual valorado en 39.500 euros prorrogable por otro año más.

El proceso de adjudicación lo llevó a cabo la Junta de Distrito de Ciudad Lineal, presidida por la concejala de Ahora Madrid Yolanda Rodríguez Martínez. Lo más llamativo es que Ciudad Lineal estaba dispuesto a pagar 39.500 euros por un cine que en años anteriores había supuesto un ingreso para el consistorio, ya que por ejemplo en los años 2014 y 2015 el distrito había percibido un canon de 30.000 y 20.000 euros de las empresas adjudicatarias que prestaban el servicio. A cambio de ese canon, la adjudicataria se llevaba la recaudación de las películas (unas 25.000 entradas anuales) y las consumiciones de un pequeño bar.

Para el contrato de 2017, el distrito decidió que el ayuntamiento no debía ingresar sino pagar, y licitó este lote. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2017, el prestatario del servicio debía ofrecer en un auditorio de 200 sillas unas 93 películas "de gran taquillaje que hubieran sido exhibidas en las salas comerciales en los dos últimos años y dirigidas a un público familiar". Al concurso se presentaron cinco empresas, y dos de ellas, sorprendentemente, ofertaron el cine de verano por cero euros. Sí, por cero euros. El ayuntamiento las excluyó y ambas sociedades, Urkel Multimedia y Lince Comunicación, decidieron recurrir ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que en marzo de 2017 les dio la razón.

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Urkel y Lince plantearon prácticamente las mismas alegaciones: que en años anteriores "la actividad objeto de contratación determinó que la empresa adjudicataria abonase al Ayuntamiento de Madrid cánones de hasta 30.000 euros". Es decir, que si otros años los adjudicatarios pagaban al ayuntamiento, cómo no iban a poder ahora prestar el servicio sin pagar nada. Urkel y Lince tampoco querían encima que el distrito les pagase. Lo harían por cero euros. Fuentes presentes en todo el proceso de contratación explican que ambas empresas acudían a las mesas de contratación con el mismo representante, "luego alguna relación debía haber entre ellas".

Urkel Multimedia fue constituida en mayo de 1998 y según el Registro Mercantil tiene dos trabajadores. Su administrador único es Miguel López Langa, un conocido empresario de la noche madrileña y socio de Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años por la tragedia del Madrid Arena. En 2013, varios medios publicaron que López Langa había abonado la fianza de 200.000 euros impuesta al promotor de la fiesta que dejó cinco víctimas mortales. La otra sociedad, Lince Comunicación, fue constituida en abril de 2007 y su administrador es Luis Miguel Rodríguez Lozano.

En ambos casos, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública dejó bien claro en sus resoluciones de marzo de 2017 que solo es posible excluir la oferta de un licitador que contenga valores anormales cuando se estime que "la oferta no puede ser cumplida". Urkel, por ejemplo, alegó que con unas taquillas de 5,5 euros de entrada general y cuatro euros de reducida tenía suficiente para cubrir los "gastos generados por el mencionado servicio y el correspondiente margen empresarial de negocio". Sobre todo teniendo en cuenta que ya no había canon que pagar. El tribunal dictaminó además que el distrito había calculado los gastos e ingresos del licitante, que obtendría unos 6.800 euros de beneficio.

Lince y Urkel ganaron sus recursos y sus ofertas tuvieron que ser admitidas, pero a última hora la primera empresa decidió renunciar a la adjudicación, lo que hubiera provocado una penalización por parte del ayuntamiento que nunca se aplicó. Urkel, por tanto, fue la adjudicataria y se llevó el contrato por cero euros. El ayuntamiento no debía pagar nada ni la empresa tampoco, al no haberse fijado un canon. Ciudad Lineal optó en 2016 por un contrato de servicios cuando en años anteriores, con el PP en el poder, había aplicado para el cine de verano la autorización demanial (por aprovechamiento de espacio público) y el contrato de gestión de servicio público, dos modalidades que conllevan el pago de un canon a la Administración.

Ciudad Lineal optó en 2016 por un contrato de servicios cuando en años anteriores, con el PP, los adjudicatarios pagaban un canon al ayuntamiento

La Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas del ayuntamiento también destacó la irregularidad del procedimiento de contratación elegido por el distrito, ya que si una empresa gana un contrato por cero euros, no se le puede exigir la constitución de una garantía económica, ya que la misma se establece en el 5% del presupuesto de adjudicación, con el inconveniente añadido de que tampoco se pueden imponer sanciones a la adjudicataria si incumple el servicio, dado que las penalidades también se calculan en función de un porcentaje del precio de adjudicación del contrato. Y un porcentaje de cero siempre es cero.

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Para más inri, la adjudicación del lote 3 no se pudo tramitar en Plyca (la aplicación informática de contratación electrónica del ayuntamiento) porque dicho 'software', diseñado y ajustado a la Ley de Contratos del Sector Público, no admite como contrato de servicios un lote a precio cero, por lo que desde el distrito se decidió tramitar la licitación en papel, lo que está expresamente prohibido desde el año 2011 por la Concejalía de Hacienda porque vulnera la Ley 11/2007, que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. En 2018, el distrito decidió prorrogar el cine de verano a la misma empresa por cero euros, en lugar de sacar una nueva licitación y tramitarla como autorización demanial. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, varios funcionarios del departamento de contratación alertaron de que este sistema era irregular.

En abril de 2018, la secretaria del distrito, Teresa García de Robles, y el coordinador del distrito, José Luis de Pablo, dictaron una nota interna para avalar que la prórroga del contrato por cero euros se siguiera tramitando en papel (fuera de Plyca) por "un mero error y no por la voluntad de apartarse del procedimiento electrónico definido". La tramitación en papel requiere la convalidación de la Junta de Gobierno. La Junta decidió aprobarlo el 31 de mayo de 2018 "por falta de fiscalización". Un argumento anómalo. Porque el contrato debía ser fiscalizado por la intervención y por tanto solo caben dos posibilidades: un informe desfavorable, que hubiera impedido la prórroga, o uno favorable. En este último caso, ¿por qué se convalida por falta de fiscalización?

Posible multa de 10 millones

En febrero de 2018, una denuncia (seguramente de uno de los licitadores que perdieron el contrato) ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) provocó la apertura de un expediente, que ahora está tramitando por delegación la Dirección General de Economía, Estadística y Competitividad de la comunidad, que ha concluido que tanto el ayuntamiento como Urkel pueden haber cometido infracciones tipificadas como graves en la Ley de Defensa de la Competencia. Abierto el proceso de alegaciones, tanto el Gobierno de Carmena como la empresa pueden ser penalizados con multas que oscilan entre 500.001 euros y los 10 millones.

Este diario ha intentado conocer la versión de la Junta de Distrito. En las alegaciones que el consistorio presentó a la comunidad se señala que ya no es necesario que el ayuntamiento reciba un canon porque se trata de un contrato de servicios, y que se ha elegido esta modalidad jurídica porque el adjudicatario del cine de verano (aunque se llevara el taquillaje de las películas) no gestiona el bar del auditorio, como sí ocurría en años anteriores. El expediente abierto por la comunidad refleja todo lo contrario, ya que el propio servicio de inspección de distrito pudo comprobar que el adjudicatario estaba utilizando el bar. "Las contestaciones de la Junta de Distrito han resultado cronológicamente contradictorias", señala la Dirección General de Economía, Estadística y Competitividad.