Madrid sigue pagando la luz de la M-30 (3,5 millones) pese al dictamen del pleno

El dictamen aprobado en el pleno municipal del pasado mes de noviembre sobre Madrid Calle 30, la sociedad público-privada encargada de gestionar la vía de circunvalación madrileña, incluyó entre sus principales conclusiones que el coste de la factura de la luz recayese en el socio privado, Emesa. Sin embargo, apenas dos meses después de su aprobación en el pleno se licitó, por un coste de alrededor de 3,5 millones de euros, el suministro de energía eléctrica a las 14 acometidas de alta tensión de los túneles de la Calle 30 para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 1 de febrero de 2019. Una factura que ha vuelto a recaer sobre las arcas públicas, según confirman fuentes del Gobierno municipal.

Las conclusiones del dictamen, que salió adelante con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, recogieron los resultados de una comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa mixta y su incidencia en las cuentas municipales. Se confirmaron entonces diversas irregularidades y una falta de transparencia en la creación de la sociedad mixta, situando uno de los focos en la factura de la luz. Según la investigación, "la documentación contractual parece dejar claro que Emesa debe soportar el coste de la factura eléctrica que será abonada por Madrid Calle 30, pero el modelo económico financiero no recoge este hecho. Desde el comienzo de la explotación se han abonado en torno a 60 millones de euros por el abono de la factura eléctrica de las instalaciones que, según ambos pliegos, correspondía a Emesa soportar su coste".

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La Cámara de Cuentas de Madrid ya determinó respecto a la millonaria factura de la luz una incongruencia entre el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas. Asimismo, la Intervención General del Ayuntamiento de Madrid se manifestó en el sentido de revisar quién debía asumir el coste de la factura de la luz puesto que, bajo su análisis, no existe dicha contradicción. Como conclusión, el dictamen apelaba en sus recomendaciones a "iniciar las tramitaciones necesarias para que el coste de la factura de la luz recaiga en la sociedad privada, tal y como reflejan los documentos contractuales, y exigir el pago de las facturas abonadas hasta la fecha".

Desde el departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, argumentan que el pago de la factura de la luz es "un asunto delicado y con un componente jurídico muy elevado". Principalmente por "el equilibrio económico que vincula el contrato entre Emesa y Calle 30, por lo que el informe de Intervención hace una referencia específica a regularizar la situación sin alterar los elementos esenciales del contrato".

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Actualmente, se están manteniendo conversaciones entre el ayuntamiento y los socios privados de Madrid Calle 30, según señalan estas mismas fuentes, para buscar la fórmula que permita al consistorio "recuperar el 100% de las acciones de este servicio". Emesa posee ahora el 20% de las acciones, y se calcula su valor en unos 100 millones, aunque el ahorro en impuestos, intereses y dividendos a medio plazo podría llegar a triplicar esta cifra. Cantidad que tendría que desembolsar el ayuntamiento para acatar otra de las recomendaciones del dictamen: "Revertir el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal".

Una operación que se descarta llevar a cabo en lo que queda de legislatura. Con todo, sobre la mesa de negociación se sitúan diversos asuntos, entre ellos la búsqueda de una fórmula jurídica y garantizar "la no alteración de los elementos esenciales del contrato en el abono de la factura de la luz". Desde el Ayuntamiento de Madrid, insisten en que las recomendaciones del dictamen no son ejecutivas y que "requieren de un enorme ejercicio de trabajo para materializarlas con todas las garantías jurídicas".

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La realización de auditorías, mientras no se materialice la remunicipalización de Madrid Calle 30, es otra de las recomendaciones cuya ejecución se ha puesto en entredicho. El dictamen aprobado en el pleno municipal establece la necesidad de elaborar una auditoría de las "certificaciones de obra para que se esclarezca la falta de linealidad de las mismas y las irregularidades cometidas en su tramitación". Por otra parte, se aconseja una auditoría ambiental con el fin de esclarecer "el nivel de contaminación en el interior del túnel, en sus bocas de salida y en los pozos de extracción del túnel en los que el aire es filtrado únicamente cuando la ventilación forzada se activa, y, además, parece que no todos los pozos cuentan con sistema de filtrado".

Entre las irregularidades durante la tramitación de las obras denunciadas en el informe final de la comisión de investigación, jque llevó a recomendar la realización de auditorías, destacan partidas presupuestarias dedicadas a varias de las estructuras que no llegaron a ejecutarse. También se obviaron tanto la elaboración de los estudios de impacto ambiental como las estructuras provisionales con las que se pretendía evitar atascos y reducir el impacto ecológico en el río Manzanares. Todo ello, debido a la celeridad de los plazos marcados por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón para poder inaugurar los túneles antes de presentarse a la reelección.