Ferraris y películas fracasadas: los créditos de Avalmadrid que van camino de Fiscalía

Avalmadrid está estudiando si eleva a la Fiscalía las irregularidades detectadas después de que el Banco de España haya abierto expediente sancionador a los responsables de esta empresa semipública que entre los años 2008 y 2016 ofrecieron préstamos concedidos inadecuadamente. Entre esos créditos, están la compra de coches de lujo y la inversión en películas históricas que no tuvieron gran éxito entre el público. Avalmadrid, participada por el Gobierno regional (31%), Bankia (30%), la Cámara de Comercio (5%) y la patronal madrileña (0,02%), tomará la decisión tras recibir un demoledor informe que encargó a Forest Partners, que analiza 167 avales que movieron 82,3 millones de euros.

De todos ellos, 75 muestran "incidencias", señala el informe, que clasifica los avales dudosos en tres categorías: los que se concedieron a empresas en mala situación financiera donde, además, sus administradores tenían vinculaciones con consejeros o directivos de Avalmadrid; los que se otorgaron a empresas participadas por fondos de capital riesgo "con vinculaciones de socios protectores de Avalmadrid", y, en tercer lugar, los avales "con un mal comportamiento futuro", es decir, que se dieron a pesar de que estuviesen clasificados como dudosos de recuperar.

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Estos tres tipos de avales suman 40,6 millones y conllevaron la apertura de una inspección del Banco de España (que ha acabado en expediente sancionador) y que Avalmadrid aprobara en marzo de 2016 un código ético que impide desde entonces suscribir operaciones "con los miembros del consejo de administración, de la comisión ejecutiva, de la comisión de riesgos, de la comisión de auditoría y control, de la comisión de nombramiento y remuneraciones, y del comité de dirección de Avalmadrid". También están vetados los familiares de los mismos. Entre esos avales dudosos, están algunos que no habían trascendido hasta ahora.

Como el que se concedió a la productora Máscara Films, que en 2007 rodó la película 'La conjura del Escorial' (ambientado en la corte de Felipe II), dirigida por el cineasta Antonio Fernández del Real (que poseía el 40% de Máscara). El presupuesto de la película fue de 11,25 millones de euros. Avalmadrid entró en el proyecto con dos operaciones de aval: una de un millón de euros, concedida en abril de 2007, y otra de 300.000 euros en mayo de 2008, "cuando el proyecto se empieza a retrasar y a generar tensiones de liquidez", reza el informe.

En este segundo aval de 300.000 euros, el propio director puso como garantía una vivienda de su propiedad en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, "hipoteca que fue finalmente ejecutada, lo que permitió la recuperación íntegra de esta segunda operación". Una de las condiciones establecidas por la comisión ejecutiva de Avalmadrid para otorgar el primer préstamo de un millón de euros "era la toma de razón de alguno de los principales contratos de distribución de los derechos de explotación de la película", algo que nunca se hizo. "Avalmadrid no debió conceder el aval inicial debido al elevado riesgo existente", señala el informe forense.

La película preveía ingresar 15 millones y al final tuvo 325.000 espectadores y una taquilla de 1,8 millones de euros, ocupando el puesto 34 en los largometrajes españoles más vistos en 2009, cuando se estrenó. "Esta operación no se debió autorizar debido a que estaba destinada a financiar una operación de alto riesgo, sin que existiera una seguridad razonable de que la película, con un elevado presupuesto, fuera a obtener todos los recursos financieros necesarios para su producción". Forest califica el proyecto de "fracaso" y la práctica totalidad del millón de euros está en el capítulo de avales fallidos. Máscara entró en concurso de acreedores en 2011.

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No fue el único negocio fallido que avaló esta empresa semipública. El informe también analiza los créditos que recibió la empresa Gold Bridge SL, constituida en el año 2000 y "dedicada al alquiler de coches de gama alta, a largo plazo sin conductor, destinado en especial a directivos de empresa que desean coches nuevos con la facilidad de poder cambiarlos si quieren, cada seis meses". Entre 2009 y 2012, está compañía recibió tres avales por importe de 1.022.000 euros. No se trataba de una compañía de 'renting' al uso, ya que solo adquiría coches bajo el compromiso de recompra a un plazo determinado por el propio concesionario.

La primera operación de aval surge por petición de un cliente que desea un Ferrari 599 GTB F1, valorado en 295.000 euros, de los que el propio cliente anticipa con fondos propios el 25% (73.000 euros), y con un pacto de recompra con el concesionario de 197.000 euros. Pero apenas un mes después, se levanta una incidencia en el contrato y el Ferrari se sustituye por otros cuatro vehículos de otros concesionarios: dos Porsche y dos Land Rover Sport. La segunda operación es para otros coches, que el informe no cita, y el tercer aval, para refinanciar los saldos pendientes de los dos primeros, que suman 510.000 euros, y que hoy son fallidos porque Gold Bridge entró en concurso de acreedores en febrero de 2014.

"Adicionalmente, la empresa puso distintas denuncias en la Policía por desaparición de determinados vehículos, a lo que se une un incendio posterior en una nave que terminó con parte de la flota; demasiados eventos desafortunados que hacen dudar de la posible existencia de actuaciones fraudulentas por parte del cliente". Forest Partners es claro y contundente: "La escasez de datos económicos sólidos y la ausencia de planes de negocios contratables" hacían indispensable que se cumpliera una de las condiciones establecidas en la aprobación de los avales, esto es, formalizar la cesión de los derechos de venta de los vehículos a los concesionarios oficiales. Algo que no se hizo. "Condición sin la cual no deberían haberse formalizado estas operaciones".

Avalmadrid debe decidir ahora si eleva estas conclusiones a la Fiscalía (en una causa distinta a la que tiene abierta el Banco de España). Una decisión complicada, ya que la presidencia de Avalmadrid está ocupada por la Consejería de Economía, uno de los organismos expedientados por el organismo supervisor. El expediente abierto por este último, el Banco de España, puede acabar en sanciones económicas para los señalados, que tendrían que responder incluso con su patrimonio personal con multas de hasta 250.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos "en cualquier entidad de crédito o del sector financiero".

El expediente abierto por el Banco de España puede acabar en multas de hasta 250.000 euros para los consejeros y directivos de Avalmadrid

La inspección del Banco de España (realizada en 2016 pero comunicada en 2018) analiza los avales concedidos a proyectos vinculados con consejeros de Avalmadrid, y otros créditos sin esta vinculación pero que incumplieron varias instrucciones dictadas por el propio organismo supervisor sobre el control de riesgos. Hay que destacar que la última memoria de Avalmadrid revela que a 31 de diciembre de 2017 (aún no están los datos de 2018) existían "24 avales técnicos y financieros por importe de 4.730.000 euros concedidos a empresas vinculadas a miembros del consejo de administración", incluidos familiares de los mismos. Se trata, en todos los casos, de exdirectivos, ya que ninguno de los miembros del actual consejo de administración tiene concedido un aval.