PP y Cs cerrarán su pacto en Madrid antes del miércoles a la espera de 'engatusar' a Vox

PP y Ciudadanos esperan cerrar su pacto antes de este miércoles 10 de julio, fecha en la que se ha fijado el pleno de investidura sin candidato, una fórmula recogida en el Reglamento y adoptada la semana pasada por el presidente de la Asamblea tras constatar que ninguno de los aspirantes a la presidencia regional había sumado los apoyos necesarios para ser elegido. Fuentes de los equipos negociadores de ambas formaciones coinciden en señalar que el acuerdo está muy próximo y que el objetivo es rubricarlo antes del miércoles. Se trata en realidad de un doble pacto: el programático y el de la estructura de Gobierno, el reparto de sillones.

Ya nadie duda de que Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso llegarán en breve a ese principio de acuerdo. El problema, como ha pasado en Murcia, es que en la ecuación son indispensables los 12 diputados de Vox en el Parlamento madrileño. Su portavoz, Rocío Monasterio, ya dejó claro la semana pasada que su apoyo tiene un precio: un programa en el que se recojan sus principales exigencias y que esté firmado a tres bandas, por PP, Ciudadanos y Vox. El jefe nacional del equipo negociador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, señaló este pasado viernes que "muy probablemente" pasará en Madrid lo mismo que en Murcia. No obstante, Ayuso espera en estos días antes del miércoles poder acercar posturas con Monasterio y consolidar las bases de un pacto que satisfaga a las tres partes.

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Lo que está claro es que hemos comenzado una fase en la que el lenguaje es esencial, y los gestos muestran el camino que se puede empezar a tomar. La situación a día de hoy es clara. El PP ya sabe que Ciudadanos solo quiere negociar un acuerdo de Gobierno con ellos. Nunca a tres. Un acuerdo "cerrado" sobre el que no aceptaría modificaciones introducidas por otras formaciones, con lo que excluye a Vox. Pero Ignacio Aguado señaló el pasado jueves que no tiene ningún problema en sentarse con el resto de grupos parlamentarios para explicarles las bondades de ese pacto y que no le importaría que otros partidos se sumasen a él.

Aquí se vislumbra una luz al final del túnel, explican fuentes populares, porque si el pacto que firmen PP y Ciudadanos es asumible por Vox ese acuerdo a tres bandas se podría producir. Fuentes de Ciudadanos consultadas aseguran que no habría ningún problema en que Vox se sumase al pacto alcanzado previamente por ellos y el PP. "Como si se lo apoyan el resto de formaciones", señalan. El matiz es importante, porque aunque Ciudadanos insiste en que solo está negociando con el PP y solo negociará con ellos el texto ya cerrado, puede contar después con otro tipo de apoyos.

El círculo, no obstante, es difícil de cuadrar. Porque el PP tiene que tener la suficiente habilidad para cerrar un acuerdo con Ciudadanos (ya muy avanzado) en el que se incluyan las principales reivindicaciones de Vox. Algunas de ellas bastante asumibles por los tres actores, como la libertad educativa, la bajada de impuestos o el apoyo a la natalidad, pero otras de difícil encaje para contentar al mismo tiempo a los de Aguado y a los de Monasterio. Véase derogaciones de algunos artículos de las leyes LGTBI y la identificación de inmigrantes ilegales.

Rocío Monasterio ya dejó claro que dada la situación de bloqueo ya no es imprescindible sentarse a negociar con Ciudadanos, sino que Aguado "me firme el papel", es decir, llegar a un acuerdo que guste a las tres partes. La clave es que el PP sea capaz de consensuar un texto con Ciudadanos que agrade a Vox pero sin parecer ante su interlocutor naranja que está hablando por boca de Vox. Los de Monasterio tampoco han exigido sillones en el futuro Gobierno regional. Algunos dentro de las filas populares, no obstante, son pesimistas, porque reconocen que estos días de tensas negociaciones "Vox ha roto algunos puentes de interlocución con nosotros" y porque califican a Vox como "monos con pistolas", es decir, "no sabes para donde va a ir el disparo".

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Va a ser difícil que Vox se sume a un acuerdo cerrado previamente entre PP y Ciudadanos si ese texto no contenta ampliamente sus exigencias, señalan las mismas fuentes del PP, sabedoras de que Rocío Monasterio querrá vender ante su electorado que se han colmado sus peticiones y que se ha llegado a un buen acuerdo. De todas formas va a ser muy difícil llegar al día 10 con un pacto ya cerrado que contente a los tres actores implicados, por lo que todos esperan un mes de julio de más encuentros y negociaciones. De todas formas, la fórmula de pleno sin investidura tiene una particularidad que deja una puerta entreabierta.

El artículo 182 del Reglamento de la Asamblea regula la potestad del presidente de la Cámara para convocar un pleno sin candidato si considera, tras la ronda de contactos que hizo con todos los partidos, que ninguno de los aspirantes tiene apoyos suficientes para ser elegido. Pero continúa. "En dicha sesión, si la referida situación continuara, se dará cuenta al Pleno de la imposibilidad de proponer un candidato, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía, abriéndose un turno de intervención de diez minutos por Grupo Parlamentario para explicar su posición".

La redacción de este párrafo incluye un importante matiz: "en dicha sesión, si la referida situación continuara", es decir, que de aquí al miércoles día 10 el presidente de la Asamblea (diputado de Ciudadanos) puede cambiar el orden del día e incluir la propuesta de un candidato (Ayuso) si las negociaciones dieran estos días un giro importante y la candidata popular sumase los votos de los 68 diputados de PP, Ciudadanos y Vox. Un escenario, no obstante, que se antoja complicado. Mientras, el bloque de la izquierda presiona. El PSOE registró el jueves un escrito reclamando al presidente del Parlamento que rectifique su decisión de convocar un pleno de investidura sin candidato y que lo sustituya por otro en el que se vote a Ángel Gabilondo. Los socialistas acusan al presidente Juan Trinidad de actuar por "puras motivaciones políticas y partidistas" y han anunciado que están dispuestos a llevar este asunto hasta el Tribunal Constitucional.