El juez procesa a Ignacio González por fraude y malversación en el caso Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao, por la que se pagaron en 2003 unos 30 millones de dólares.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha dictado un auto de procesamiento contra el exdirigente del PP de Madrid por los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en relación con esta compra por parte del Canal.

El juez ha accedido así a la petición de la Fiscalía y también ha procesado a Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica; al exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; a la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; al exgerente de Triple A Ramón Navarro; al exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias, y al representante de Emissao Sebastiao Cristovam, según las fuentes.

La compra de Emissao estuvo plagada de "ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración"

En su auto, que es recurrible, el magistrado afirma que la compra de Emissao estuvo plagada de "ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición".

Con el conocimiento de González —que presidió el Canal entre 2003 y 2012 y la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015—, la empresa pública adquirió el 75% de Emissao por 31 millones de dólares, cuando en realidad su valor oscilaba entre los 17,9 y los 22,2 millones.

En esos 31 millones estaban incluidos, según el juez, los 5,4 millones de dólares que los investigados se repartieron presuntamente en comisiones: para González, 1,8 millones; para los otros investigados, 900.000 euros cada uno, a excepción de Richmond, que facilitó la tramitación de la operación si bien no hay constancia de que recibiese mordidas.

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Toda una operativa de transferencias —prosigue el auto— hechas por el ente público en cuentas radicadas en Suiza y Brasil, con comisiones que terminaron en distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los investigados y sus sociedades interpuestas. De todo ello, dice el juez, estaba al tanto González, que participó activamente: aceptó la propuesta de compra con un "sobreprecio indebido" que le hizo Luis Vicente Moro y encargó a su estrecho colaborador Edmundo Rodríguez Sobrino que gestionase la operación y garantizase el cobro de las comisiones.

En el caso Lezo están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un "sobreprecio injustificado" de entre 19 y 29 millones de euros. El juez eximió de responsabilidad en esta pieza a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, pero no así a los 14 miembros del consejo de administración del Canal entonces.