Ayuso demanda al Gobierno ante el Supremo por no pasar Madrid a fase 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid está decidida a llevar hasta el final su enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez por la desescalada y ha decidido llevar a los tribunales su decisión de no pasar a la región a la fase 1. Así, acaba de interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El Gobierno regional considera que"la resolución no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio".

Fuentes del gobierno autonómico indican a El Confidencial que el recurso no incluirá la solicitud de medidas cautelares o cautelarísimas y que la intención del Ejecutivo madrileño no es la de forzar que el Supremo realice interpretaciones distintas o contrapuestas a las efectuadas por Sanidad. Es decir, lo que pretende Díaz Ayuso y su Gobierno con esta decisión es que el alto tribunal se pronuncie, sin que sea de forma urgente, sobre si el criterio aplicado por el Ministerio de Sanidad como mando único para el cambio de fases ha incluido algún tipo de irregularidad.

Las mismas fuentes apuntan que la intención del Ejecutivo que dirige Ayuso es la de conocer el expediente administrativo y entender "las razones por las que pasan unas comunidades y no otras", como ha sido el caso de Madrid. En el caso de que el recurso se admita a trámite, el gobierno central se verá obligado a aportar esos informes técnicos, avisan.

Según el Ejecutivo madrileño "la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que exista ningún informe que motivara el primer rechazo" de Sanidad a sacar a la región de la fase 0 del confinamiento y, tal y como adelantó la propia Isabel Díaz Ayuso que no descartaba actuaciones judiciales tras el segundo rechazo la semana pasada, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado el recurso en un Consejo de Gobierno extraordinario reunido en la tarde de este miércoles.

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Los servicios jurídicos de la comunidad han estado estudiando toda la semana pasada la interposición del recurso por entender que "la decisión no se sujetaba en criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio". Es más, y según anuncia la comunidad, "en relación con la primera solicitud de cambio a la Fase 1, la Comunidad de Madrid no tiene constancia de que exista ningún informe que motive el rechazo a la petición de progresión, lo que podría suponer un defecto grave".

Este será uno de los aspectos que el Ejecutivo madrileño quiere que dilucide el Supremo: si ha habido desigualdades de interpretación o tratos de favor en los criterios aplicados con respecto a otros territorios y si los informes en los que se basa la decisión del ministerio de Salvador Illa para dejar a Madrid en la fase 0 estaban suficientemente motivados.

En cuanto a la segunda solicitud, y siempre según el Gobierno madrileño, "el informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad es posterior a la comunicación de la decisión a la Comunidad de Madrid y, además, las razones que esgrime el informe para motivar la denegación no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad". Por otro lado, la Comunidad de Madrid asegura tener "dudas razonables acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad, lo que le hace cuestionarse la validez jurídica de la decisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad".

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Según el Gobierno de Díaz Ayuso, Madrid considera que cumple, desde que lo solicitó por primera vez, "todos los requisitos técnicos que exige el ministerio para poder acceder a la Fase 1 de la desescalada". Esto incluiría los indicadores de salud, la capacidad de detección y seguimiento de nuevos contagios, así como la capacidad estratégica del sistema sanitario madrileño para hacer frente a un eventual rebrote del covid-19.

Para Díaz Ayuso y su Gobierno, la forma en la que se han tomado las decisiones desde el Ministerio de Sanidad que niegan a la Comunidad de Madrid el cambio de fase "podrían vulnerar varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, lo que justifica la presentación del recurso contencioso-administrativo por parte de la Comunidad de Madrid".