Un alto cargo de Moncloa reprochó a Más Madrid una querella al PSOE al filo del 4-M

La campaña electoral del 4-M transcurrió envuelta en una tensión sin precedentes. Muchos conflictos afloraron, pero otros permanecieron en silencio. Este fue el caso del que afectó y afecta al PSOE, a Más Madrid... y a Moncloa.

El escenario es Móstoles, una de las ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid, con más de 200.000 habitantes. El pasado 15 de febrero, Gabriel Ortega Sanz y Susana García Millán, dos concejales de la formación Ganar Móstoles —marca de Más Madrid en la localidad—, interpusieron una querella contra la alcaldesa, la socialista Noelia Posse, y el resto del equipo del Gobierno municipal por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras condonar el ayuntamiento, supuestamente, casi 2,5 millones de euros a una empresa adjudicataria. El escrito fue admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles dos meses después, el 12 de abril.

Desde el ayuntamiento, aseguran a El Confidencial que aún no han recibido "comunicación oficial" de la querella por parte del juzgado. El consistorio sí tiene, sin embargo, conocimiento extraoficial de que la misma ya ha sido aceptada. En cualquier caso, la apertura de la investigación judicial no solo puso en marcha inmediatamente las correspondientes diligencias, sino que también tuvo consecuencias políticas.

Durante la campaña, el PSOE y Más Madrid mantuvieron una suerte de 'pacto de no agresión', lo que se tradujo en que ambas formaciones enfocaron sus ataques dialécticos únicamente contra la derecha, sin caer en intercambios directos para no desgastar a la izquierda. Sin embargo, la admisión a trámite de la mencionada querella, a juicio de algunos dirigentes socialistas que decidieron tomar partido, representaba un torpedo en la línea de flotación de este acuerdo.

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Así lo entendió Iván García Yustos, concejal en Móstoles hasta 2003 y actualmente alto cargo del gabinete de Pedro Sánchez que dirige Iván Redondo. El responsable de Relaciones Institucionales de Moncloa telefoneó al número dos autonómico de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, para mostrarle su malestar por la apertura de la investigación judicial motivada por dicha querella. Fuentes de Más Madrid confirman a El Confidencial que esta llamada se produjo. En concreto, detallan que García Yustos "estaba muy molesto por la denuncia". Perpinyà, según aseguran las mismas fuentes, no quiso, sin embargo, entrar en el juego que le planteaba el alto cargo de Moncloa. Respondió a su requerimiento alegando que los concejales de su partido en Móstoles gozaban de "plena autonomía" para tomar sus propias decisiones y que, si habían dado el paso de interponer la querella, contarían con un motivo suficiente.

La llamada pretendía evitar una brecha en el 'pacto de no agresión' de las fuerzas progresistas

Los dirigentes de Ganar Móstoles no pretendían —le insistió el número dos de la lista liderada por Mónica García— crear un escándalo público en pleno proceso electoral, pues su finalidad era "que se hiciera justicia". García Yustos, no obstante —añaden otras fuentes consultadas por El Confidencial—, contestó a su interlocutor que la denuncia era "injusta", que no tenía sentido ponerla y menos que trascendiese al filo del inicio de la campaña electoral, que comenzó oficialmente el 17 de abril.

Estas últimas fuentes aseguran que el miembro del gabinete de Sánchez incluso llegó a pedir a Más Madrid que no diera a conocer la existencia de la investigación en ese preciso momento, mientras la izquierda trataba de unir fuerzas contra Díaz Ayuso, y evitar así que la noticia se percibiese como una brecha en el 'pacto de no agresión' entre los tres partidos progresistas. Sin embargo, fuentes de la formación fundada por Íñigo Errejón no confirman este último extremo. García Yustos, por su parte, niega este mismo punto e incluso que se produjera la llamada a Gómez Perpinyà. "No hay ninguna prueba de esa llamada; yo no he hablado con nadie de Más País de ese tema", ha recalcado al ser consultado por este diario.

La querella

El Juzgado de Instrucción 1 de Móstoles admitió a trámite el pasado 12 de abril la querella, que se dirige directamente contra la alcaldesa y contra el resto de miembros que formaban parte del equipo de gobierno local cuando se produjeron los hechos denunciados. El escrito les acusa de prevaricación y malversación por haber perdonado, supuestamente, casi 2,5 millones de euros a la empresa ITV Móstoles SL, adjudicataria de un contrato municipal desde 2011, por el cual el ayuntamiento debía cobrarle un canon por su actividad (147.653 euros anuales), pero que acumulaba varios impagos al consistorio, que, presuntamente, redujo sustanciosamente la deuda.

En la querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los dos concejales de Más Madrid acusan al Gobierno mostoleño de obviar deliberadamente los informes del interventor del ayuntamiento, que se opuso de forma contundente a esta rebaja, hasta el punto de que incluso llegó a remitir un informe al Tribunal de Cuentas en el que alertaba de las posibles "responsabilidades en que se incurría, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal" con la decisión de condonar el dinero. El mencionado tribunal, de hecho, abrió una investigación por las supuestas "irregularidades" que había detectado.

Cese del interventor

El Gobierno local cesó al interventor el pasado 5 de mayo. En una nota informativa emitida un día después de la destitución, el ayuntamiento argumentó que esta se debía a que el funcionario había dado "el visto bueno a adjudicaciones que ahora están siendo investigadas por los tribunales por presunta corrupción", en el marco de las tramas Púnica y Gürtel, vinculadas a dos ex regidores del PP imputados. La decisión, sin embargo, fue tachada por la oposición como una represión contra el empleado público. Desde el consistorio mostoleño, recordaron que el de interventor es un puesto de libre designación y enmarcaron su cese en un "proceso de renovación" del Gobierno local para "romper con cualquier rastro de corrupción", y añadieron que dicho funcionario había sido "el responsable de fiscalizar, sin ninguna objeción, los presupuestos del Instituto Municipal del Suelo (IMS), un ente con una deuda de 53 millones de euros que está al borde de la quiebra".

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Sin embargo, un informe —no vinculante, eso sí— del Ministerio de Hacienda, que se pronunció sobre la petición del cese por parte del ayuntamiento, debido a que el cargo de interventor tiene habilitación nacional, no apreció "falta de diligencia en el desempeño de las funciones legalmente asignadas a la Intervención General del Ayuntamiento de Móstoles en lo relativo a la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad mercantil municipal IMS".

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De acuerdo con la querella, "la Junta de Gobierno, conociendo ya la posición desfavorable de los funcionarios de la Secretaria e Intervención, porque se quería acordar una quita no prevista en la legislación concursal y expresamente prohibida por el derecho público, con grave perjuicio para la Hacienda local, aprobó la solicitud de preconcurso, que tan solo tenía por finalidad dar una apariencia de legalidad a lo que se pretendía hacer desde el año anterior, que era modificar a la baja el canon de la concesión y, además, en esta ocasión, imponer una quita en contra de la legislación del sector público".

Ganar Móstoles formó parte, a partir de junio de 2019, del Ejecutivo municipal, hoy conformado tan solo por el PSOE y Podemos. En octubre de ese año, Ortega y García Millán, los ahora querellantes, presentaron su renuncia y se desligaron de la coalición tripartita, después de la "crisis institucional" —en palabras del hasta entonces concejal de Cultura y Políticas Medioambientales— que sufrió el consistorio por el escándalo que provocó el nombramiento de la hermana de la alcaldesa como responsable de las redes sociales del ayuntamiento (contrato finalmente revocado) y la designación de otros familiares de Noelia Posse también en diferentes cargos públicos.