La Audiencia atiende el recurso de Ayuso y suspende de urgencia las medidas de Sanidad

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la suspensión inmediata de las restricciones impulsadas por el Ministerio de Sanidad en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que fueron aprobadas por mayoría pero no por consenso. El Ejecutivo madrileño había reclamado este lunes la adopción de medidas cautelarísimas contra las limitaciones que afectan al ocio nocturno, a la hostelería y a los eventos extraordinarios. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, se acusa al departamento de Carolina Darias de "no mantener un discurso coherente". Pasadas las 18:00, se ha concedido la petición, suspendiéndolas en el ámbito de la región.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en la primera región que ha decidido recurrir las normas que se aprobaron en el CISNS entre Sanidad y las comunidades autónomas con el voto en contra de seis comunidades. En el recurso presentado ante la AN, la Comunidad de Madrid argumentaba que la adopción de cautelarísimas se debe aplicar al menos sobre "las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable", esto es, sobre "los locales de ocio nocturno y discotecas, la hostelería y la restauración y los eventos y actividades multitudinarias no ordinarias".

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Finalmente, la Sección Octava de la Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional ha acordado "suspender, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la ejecutividad de las medidas" citadas. La Administración tiene ahora un plazo de tres días para efectuar alegaciones.

Indica que, ante los dos intereses públicos en conflicto, uno el que representa la Administración del Estado y otro el que alega la Comunidad de Madrid, debe dar la razón a los de Díaz Ayuso. "En este momento, ante la eventual suspensión de la orden comunicada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el primero no sufre riesgo apreciable" y, "por el contrario, consideramos que el interés público que alega la comunidad autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal".

"El riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares", señala. Agrega que en la siguiente fase, la de medidas cautelares que se deciden tras escuchar a las partes en conflicto, la opinión adoptada ahora puede cambiar. "En un lapso temporal breve [trámite de alegaciones por tres días] se podrá decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la decisión adoptada", explica.

Los magistrados dan también la razón a la Comunidad de Madrid en sus alegaciones respecto a esa citada inseguridad. Aseguran que si esperaran más tiempo "el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones". "Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa. En todo caso, nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica", afirma el auto.

El argumento de la CAM

La CAM, en su recurso, entiende que las nuevas restricciones impulsadas por Darias, cuando la pandemia se encuentra lejos de su peor momento y en pleno aumento de la vacunación, "derogan, sin motivo alguno, las [medidas] ahora existentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid". "Sustraen la competencia de esta Administración como Autoridad Sanitaria, y generan una indudable inseguridad jurídica, al existir una discrepancia sobre la necesidad de aplicar estas medidas de forma prevalente sobre las que actualmente existen".

Los de Díaz Ayuso subrayan que el CISNS es un órgano que establece "recomendaciones" y que estas deberán aprobarse "por consenso", algo que no sucedió en la última reunión, cuando se acordó el cumplimiento obligado de las restricciones anticovid en función del grado de incidencia de la pandemia en cada región, algo que hasta este momento era orientativo. Consideran que el haber tomado estas decisiones mediante "un instrumento controvertido", con una "actuación poco clara", hace que emerja una "legítima controversia" por lo que debería llevarse a cabo "la suspensión inmediata de la orden".

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Según el recurso, que ha sido anunciado este mismo lunes por la presidenta, el paso dado por Sanidad es síntoma de una "actuación sumamente confusa y totalmente censurable cuando se trata de restringir derechos de los ciudadanos". Madrid sostiene que la orden del ministerio sume "al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna". "Una afrenta clara a la seguridad jurídica".

En su justificación, la CAM enfatiza que si se aplican las restricciones impulsadas por el Gobierno central, supondría "un grave impacto económico negativo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, al recaer las restricciones sobre el sector de la hostelería, que viene sufriendo especialmente las consecuencias económicas derivadas de la situación sanitaria". Asimismo, mantiene el argumento esbozado por la propia Díaz Ayuso sobre que "no existe ningún informe o documento técnico que justifique la necesidad de estas medidas".

Este martes, en una entrevista en 'Más de Uno', de Onda Cero, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha indicado que "un Consejo Interterritorial no está para imponer con rodillo una serie de decisiones que, como dice el recurso, son un sinsentido" y ha lamentado que "no hubiera consenso" entre Sanidad y las CCAA para determinar las medidas sanitarias. Preguntada por si haría renuncias a fin de lograr un pacto unánime, Díaz Ayuso ha manifestado: "Si yo, para alcanzar acuerdos, tengo que atacar a la economía privada, a los comerciantes y a los autónomos, que no cuenten conmigo". "Ojalá se llegue a un consenso en el que no se retroceda", ha insistido la dirigente popular.

Golpe a la hostelería

El escrito cita un informe de la Asociación de Hostelería de Madrid según el cual la aplicación de las limitaciones sanitarias del CISNS implicarían una pérdida del 65,51% de la facturación diaria del sector, bajando de los 36,16 a los 12,47 millones de euros. "Supondría el cierre de 8.133 establecimientos de los 24.400 locales que se encuentran operativos a finales de mayo", reza el documento, en el que se carga contra Darias porque "el Ministerio de Sanidad no solo invade la competencia autonómica, sino que causa un daño desproporcionado y carente de justificación".

Galicia amenaza con el TC

Estas medidas, que fueron publicadas en el BOE este sábado, son las que regularán las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería y tampoco convencen a Galicia, donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que Galicia presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias" en caso de que el Gobierno no modifique la normativa.

Las medidas contemplan la reapertura del ocio nocturno hasta las 03:00 de la madrugada en los territorios de menor incidencia (nivel 1 de riesgo o nueva normalidad), es decir, los que cuentan con menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

También establecen un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 01:00 ni servir más tarde de las 00:00 horas, y restricciones de aforo, así como otras medidas para eventos multitudinarios y prohibiciones de fumar y vapear en la calle cuando no se puedan guardar los dos metros de distancia, entre otras.

Feijóo ha abordado el tema tras participar en un acto con el consejo asesor de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Aunque ha valorado que "la redacción última en el BOE haya mejorado" y ya no sea obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos que señalaba como obligatorios la resolución inicial, desde su Ejecutivo siguen en contra.

"Dicho esto, que es un avance, seguimos en desacuerdo con un horario rígido en la hostelería y con una norma rígida hasta que se consiga la inmunidad", ha continuado el presidente gallego, que ha advertido que, si no hay una modificación esta semana, la Xunta presentará un recurso ante el Constitucional por "invasión de competencias" autonómicas.