El fin de cinco contratos aviva la pugna sindical contra la temporalidad en Canal de Isabel II

Los sindicatos han convocado a todos los trabajadores de Canal de Isabel II para participar en una protesta el próximo miércoles 11 de mayo. Fuentes sindicales señalan que entre sus reivindicaciones está paralizar la batalla judicial que enfrenta a la compañía pública madrileña y a una veintena de empleados y frenar la externacionalización de los servicios. La concentración, que tendrá una duración de una hora, comenzará a mediodía frente a las oficinas centrales ubicadas en la calle Santa Engracia. Este medio ha intentado recabar la visión de la compañía sin haber obtenido respuesta al cierre de esta edición.

La primera de sus exigencias tiene que ver con 23 trabajadores que fueron integrados en su plantilla tras la absorción de Hispanagua. Como contó El Confidencial, Canal de Isabel II está pleiteando contra ellos después de que la Justicia diese la razón a varios trabajadores y exigiese cambiar sus contratos de temporales a indefinidos no fijos, una decisión que la compañía ha recurrido en los tribunales. Sin embargo, cinco de estos empleados se han visto obligados a abandonar su puesto de trabajo al no disponer todavía del veredicto y haberles expirado su contrato temporal.

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Javier Melguizo

"Han estado tres años trabajando en lo público, primero en Hispanagua y ahora en Canal, por lo que están dentro del periodo necesario para la estabilización del empleo público", apuntan los sindicatos. Esta máxima también la respalda la Justicia, que ha decretado el fraude de ley al considerar que los trabajadores eran falsos autónomos o venían concatenando contratos temporales desde hace más de tres años, justo el tiempo necesario para entrar a formar parte de la plantilla de una empresa pública con un contrato indefinido no fijo. Desde la compañía justifican que actuaron de forma correcta al mantenerles como empleados temporales y consideran que no son herederos del tiempo que llevasen trabajando en la anterior empresa.

El caso de esta veintena de trabajadores ha llegado hasta la Asamblea de Madrid, donde el diputado de Más Madrid, Alejandro Sánchez Pérez, pidió la comparecencia del consejero delegado de Canal de Isabel II, Pascual Fernández Martínez, en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. A pesar de que la solicitud se presentó el pasado 7 de febrero, todavía no se ha fijado una fecha para su asistencia. En el último mes, este medio ha preguntado en dos ocasiones si Fernández Martínez tiene intención de acudir al parlamento madrileño, pero no ha recibido respuesta.

En cuanto a la externacionalización de los servicios, los representantes sindicales denuncian que se están adjudicando contratos que restan trabajo a una parte de la plantilla. "Tenemos a la gente parada a través de una nueva licitación que ha duplicado su coste", remarcan al poner como ejemplo el contrato 109/2019 para la renovación y reparación en la red de abastecimiento de agua potable. Además, advierten de que casi ha duplicado el coste de la anterior licitación (148/2016), pasando de 71 millones de euros anuales a 125 millones. "En el Cantón de Casa de Campo, los trabajadores se han quedado sin contenido, les han quitado lo que estaban haciendo", añaden.

Plan de Igualdad

Aunque no lo incluyen en sus reivindicaciones del próximo 11 de mayo, los sindicatos también trasladan su malestar por el Plan de Igualdad aprobado de forma unilateral por la compañía. Aseguran que no les dejaron participar en la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad que se formó a principios de 2021 y que el secretario de la misma presentó una propuesta "por su cuenta y riesgo, sin el acuerdo de la Comisión para la que ostentaba el cargo". Es decir, que se puso un plan sobre la mesa sin comunicarlo a la representación sindical y sin el respaldo de los representantes de los trabajadores que formaban parte de la Comisión.

Ante esta situación, han presentado una denuncia a la inspección de trabajo, al entender que "no ha habido voluntad negociadora, ni se ha actuado con buena fe durante el desarrollo de la negociación, buscando la mínima cooperación y confianza de las partes". También elevaron un escrito al consejero delegado en el que exponían su versión de los hechos y solicitaban que se les tuviese en cuenta. Por el momento, el máximo dirigente de la empresa pública no ha trasladado respuesta.

Conviene recordar que todas las corporaciones de más de 50 trabajadores deben contar con un plan de igualdad desde el pasado 7 de marzo, habiéndolo registrado formalmente ante la autoridad competente antes de esa fecha. Esta obligación se recoge en el real decreto ley para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo, aprobado en 2019.