Leganés enajena tres parcelas destinadas a ser VPO para construir pisos de renta libre

El PSOE de Leganés ha aprobado en Junta de Gobierno, el pasado día 7 de junio, que la Empresa Municipal del Suelo (EMSULE) venda tres parcelas de titularidad municipal, ubicadas en el barrio de Poza del Agua, para, supuestamente, destinar lo obtenido con esta enajenación a la construcción de viviendas en alquiler en el barrio de Puerta de Fuenlabrada (PP4). Desde Unión por Leganés (ULEG), la formación política que ha destapado este caso, no se descarta acudir a la Fiscalía si este proceso no se detiene.

Esta operación ha provocado una nueva discrepancia en la coalición del Gobierno municipal de Leganés, PSOE-Ciudadanos. De hecho, los dos concejales de la formación naranja con voto en la Junta de Gobierno Local excusaron su presencia en la misma y dejaron sola a la parte socialista en su aprobación.

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Según la estimación hecha por Unión por Leganés (ULEG), estas parcelas podrían estar valoradas, “muy a la baja, en unos 10 millones de euros”. Desde este partido político han calificado dicha actuación como “chapucera, oscurantista, sospechosa y en clamoroso fraude de Ley”, por entender desde la citada formación que se “vacía el patrimonio público de suelo para generar especulación y salvaguardar mediante una ampliación de capital encubierta la viabilidad de una empresa pública que está condenada a su disolución por ser un chiringuito inútil”.

Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés (ULEG), aunque reconoce que un ayuntamiento puede vender suelo, “siempre y cuando lo que se obtenga de dicha venta se destine a lo estipulado por ley", denuncia que "lo grave en este caso es que al entregar esa venta a EMSULE, lo que se hace es despojar al Ayuntamiento de todos los mecanismos de control para que ese dinero no se evapore y que, efectivamente, se destina a la construcción de viviendas sociales en el PP4”.

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Desde este grupo político ya han solicitado formalmente explicaciones al alcalde socialista, Santiago Llorente, así como al presidente de EMSULE, Javier Márquez, acerca de esta operación y añaden: “No descartamos acudir a otras instancias como podría ser la Fiscalía si este proceso no se detiene”, advierten desde ULEG.

Precisamente fue la consejera de este grupo municipal en la citada empresa pública, Virginia Benito, la que dio la voz de alarma. En un correo dirigido a los anteriormente referidos, entre otros, la concejal asegura que en el orden del día de la Junta de Gobierno del pasado 7 de junio, cuando se autorizó la cesión de dichas parcelas para que EMSULE las pueda vender, “nos sorprende sobremanera diversas cuestiones, además de señalar la absoluta falta de transparencia sobre esta materia y la mala fe con la que se ha actuado ya que se ha ocultado consciente y deliberadamente que desde hace tres meses se había adoptado una decisión unilateral, autónoma y entendemos que al margen de sus atribuciones, por parte de la presidencia del consejo de administración de EMSULE”.

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Desde la citada formación política también se asegura que no se conocen los informes que desde EMSULE “se hayan elaborado para justificar la decisión unilateral del presidente del Consejo de Administración y por qué se ha obviado/desautorizado al Consejo en esta decisión”, además de no tener tampoco ningún conocimiento acerca de cuáles son los informes jurídicos que desde el área de Urbanismo o desde la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento avalen esta actuación.

Una plataforma ciudadana de Leganés también ha expresado su oposición a esta operación a través de Twitter. Así, Ciudadanos x el Cambio asegura en dicha red social que esta actuación del Consistorio “supondrá pasar de viviendas protegidas y asequibles para familias con bajos recursos y jóvenes que se quieran emancipar, a viviendas de 400 a 500.000 euros. Esta es la política de vivienda del PSOE en Leganés”.

Carlos Delgado ha calificado estos hechos como “muy graves”

Desde esta plataforma ciudadana se habla del fin de la vivienda social en Leganés. “Las parcelas eran para viviendas sociales y de precio protegido. Ahora se venden para hacer viviendas libres de lujo”, han lamentado.

Carlos Delgado ha calificado estos hechos como “muy graves”, puesto que “estamos hablando de la venta de patrimonio municipal de suelo y a un precio muy dudoso vistos los informes, donde esta mercantil (EMSULE) se convierte en la depositaria y garante del dinero que se obtenga por esta venta que por ley está afectado a unos usos muy tasados”.