Citan a declarar como testigos a dos cargos del Ayuntamiento de Madrid en el segundo caso mascarillas

El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que investiga el segundo caso de supuesta estafa al Ayuntamiento madrileño al comprar mascarillas en 2020, ha citado a declarar como testigos a la responsable de compras del Consistorio, Elena Collado, y al director general de Emergencias, Enrique López.

Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Jorge Bartolomé, que investiga la posible estafa por parte de la empresa Sinclair and Wilde, que vendió al Ayuntamiento un lote de 500.000 mascarillas en plena pandemia por 2,5 millones de euros, aunque el Consistorio sólo pagó la mitad al detectar que faltaban las certificaciones de calidad reclamadas en varias ocasiones.

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A Collado la cita el próximo 13 de julio y a López, quien figura como denunciante por parte del Ayuntamiento, el día 20 de ese mes, fecha en la que también llama como testigo al intendente jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, Jesús María García, quien firmó el atestado previo a esa denuncia.

De esta forma, el magistrado acuerda alguna de las diligencias solicitadas por Podemos y Más Madrid, que ejercen la acusación en esta causa, aunque rechaza citar como investigada a la empresaria que supuestamente hizo de intermediara en esa operación y como testigo a Carlos Fernández Pita, tío del segundo teniente de alcalde de Madrid, Borja Fanjul.

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El pasado 2 de diciembre la empresaria declaró ante el juez que desconocía quién del Consistorio se puso en contacto con ella, ni quién es Philippe Haim Salomon, supuesto interlocutor de Sinclair and Wilde, a quien el juez no localiza. Relató además que se contactó con "Charlie" -que según sospechan las acusaciones populares es Fernández Pita- porque estaría interesado en la compra del material y que después alguien del Ayuntamiento se dirigió a ella.

"Hasta la fecha únicamente existen indicios de delito en la actuación de la persona que contrata con el Ayuntamiento, que percibe el pago, y se encarga de remitir la mercancía fallida, pero no en relación a cualquier persona que pudo llevar a cabo previas labores de intermediación", argumenta el magistrado al rechazar citar como investigada a la empresaria.

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Y advierte a los partidos políticos personados que "resulta tentador" para ellos "ejercer la acusación no ya del investigado, sino de quien ejerce la acusación particular, lo cual es insólito en un proceso judicial".

El presente proceso, remarca, se limita a investigar el posible engaño del que habría sido víctima el responsable del Consistorio encargado de la compra de las mascarillas, e incide en que "no es objeto del presente proceso la fiscalización de la actuación del Ayuntamiento".

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En este caso, agrega, "el engaño habría consistido en haber utilizado la apariencia de un negocio de venta de mascarillas, enriquecerse con el adelanto del pago parcial, y limitarse a remitir un producto inservible".

Esta causa es diferente a la que se sigue en otro juzgado madrileño contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por otra presunta estafa al Consistorio, en su caso por presuntamente embolsarse comisiones 6 millones de dólares por la venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento, que pagó 11,9 millones de dólares por el material.