Ayuso espera un fallo del TSJM sobre el Valle de los Caídos para decidir si protege la cruz

La Comunidad de Madrid espera un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para decidir si se lanza a proteger la cruz del Valle de los Caídos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene un litigio contencioso-administrativo con la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos desde hace un año para dirimir si la Administración autonómica es competente para blindar el enclave o alguna de sus partes o si es tarea exclusiva del Estado. Lo que digan los jueces determinará si el Ejecutivo regional inicia los trámites para actuar sobre el elemento más característico del lugar al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural vigente en el territorio, aprobada en marzo.

La asociación, en la misma línea que Vox, reclamó a la Comunidad de Madrid que declarase el Valle Bien de Interés Cultural (BIC) para evitar una eventual actuación del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque la Ley de Memoria Democrática no prevé ningún desmontaje de la cruz o similar. Solo la "resignificación" del lugar, ahora denominado Cuelgamuros.

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El Ejecutivo autonómico rechazó esta posibilidad con el argumento de que se trata de un monumento adscrito a Patrimonio Nacional (dependiente del Ministerio de la Presidencia) y, por tanto, fuera de sus competencias. La asociación, sin embargo, sostiene que sí es posible y presentó un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM el 23 de septiembre de 2022. "La Comunidad de Madrid dice que no es competente, pero ya lo ha hecho con otros bienes del Estado", declara Pablo Linares, presidente de la organización.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos recurrió ante el TSJM el rechazo del Ejecutivo madrileño de blindar el enclave

El punto de partida del Gobierno autonómico es que la competencia sobre el Valle de los Caídos es estatal. La propia Isabel Díaz Ayuso reprochó a la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, que siquiera lo planteara en la Asamblea de Madrid a sabiendas de que era inviable. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo madrileño impulsó una nueva ley de patrimonio que supuestamente ha encontrado un resquicio y abre la puerta a la protección de la gigantesca cruz, de más de 150 metros de altura, como bien de interés patrimonial.

Protección de la cruz

La norma, aprobada el pasado mes de marzo con los votos de PP y Vox, incluye los bienes de tipo etnográfico como nuevos elementos a proteger en la Comunidad de Madrid, entre los que se incluyen la arquitectura religiosa y las cruces, entre otros. El artículo 74 de la ley señala en su apartado 1.C sobre los bienes susceptibles de este blindaje: "La arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger".

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos insiste en que la Comunidad de Madrid tiene las herramientas para blindar el espacio

El Gobierno de la Comunidad de Madrid abrió la posibilidad de proteger la cruz, pero todo está pendiente de lo que dicte el TSJM. Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, de quien depende esta acción, explican a El Confidencial que cualquier decisión sobre el Valle de los Caídos está condicionada al fallo judicial, que en cualquier caso se centra sobre las competencias del enclave en su conjunto, no sobre la cruz en particular. Una vez resuelto este litigio, el Ejecutivo autonómico decidirá si inicia alguna medida. Desde Sol, no obstante, siempre han advertido de que cualquier acción estará sujeta al criterio de los técnicos del área.

La Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que también tiene un procedimiento abierto contra el Ministerio de Cultura, insiste en que la Comunidad de Madrid tiene las herramientas para blindar el espacio, levantado por Francisco Franco para conmemorar su victoria en la Guerra Civil. Otras entidades no solo rechazan que el Gobierno autonómico sea competente al respecto, también advierten de los intereses electorales de Isabel Díaz Ayuso cuando anunció la confección de la norma, habida cuenta de que la Ley de Memoria Democrática no establece nada sobre la cruz. Así lo considera la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.