Ayuso suspende 'sine die' las grandes reformas en Madrid que necesitan el aval del Congreso

Algunas de las grandes reformas legislativas en la Comunidad de Madrid no llegarán esta legislatura. Y quizá tampoco en la próxima. Isabel Díaz Ayuso ha supendido sine die las iniciativas que necesitan el aval del Congreso de los Diputados hasta que cambie la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez y sus socios en la Cámara Baja. Dos ejemplos de esta parálisis, guardados ya en el cajón del Gobierno autonómico, son la modificación del Estatuto de Autonomía y la propuesta sobre el sistema de elección de los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJM).

El PP, que trabaja desde hace años en estas medidas, esperaba dar los últimos pasos esta legislatura. El cambio en la fórmula de designación de los jueces, que plantea que sean los magistrados y no la Asamblea quien nombra a los miembros del TSJM, se pactó con Cs en 2019, pero no pudo materializarse en la Cámara regional hasta febrero del año pasado y no llegó al Congreso hasta marzo. La reforma del estatuto, anunciado por Ayuso durante su primer gobierno en solitario, ha decaído incluso antes de negociar con el resto de partidos, conscientes de la mayoría de Sánchez.

Fuentes del equipo de la presidenta aseguran que no reactivarán ninguna de estas iniciativas hasta que no haya un cambio en la Carrera de San Jerónimo, extensible a otras cuestiones que puedan surgir. Ni siquiera como instrumento político para retratar al PSOE, especialmente en lo relativo a los jueces, con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial de fondo. "Con esta composición en el Congreso hay que medir mucho todo lo que se manda", indican las voces consultadas, que añaden que en este momento no hay más planes en esa línea.

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El PSOE, Sumar y fuerzas nacionalistas e independentistas como Junts, PNV o BNG tumbaron el pasado mes de marzo la propuesta para los jueces, que ya había sido aprobada en la Asamblea de Madrid con los votos del PP y Vox. La medida, que supone la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, plantea suprimir la potestad del Parlamento regional para nombrar una de cada tres plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal del TSJM. Los socialistas, que instaron a Ayuso a centrarse en los "problemas reales de la gente", calificaron la iniciativa de "absurda".

La reforma del Estatuto de Autonomía ha muerto antes de llegar al Congreso, aunque el PSOE prevé registrar la iniciativa de nuevo, según informa ABC. El PP propone modificar la principal norma autonómica e introducir algunos cambios, como el nombre de Parlamento de la Comunidad de Madrid en lugar de Asamblea de Madrid, eliminar el término "minusválido", rebajar el número de diputados (135) o incluir la figura del decreto ley. La oposición, tanto la izquierda como Vox, se ha mostrado favorable a estas cuestiones, pero no habrá acuerdo esta legislatura.

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El PSOE propone una actuación exprés limitada a la palabra "minusválido", de la misma forma que hicieron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con el artículo 49 de la Constitución, aunque los populares lo rechazan. El grupo parlamentario del PP en la Asamblea remite a la mayoría de izquierdas en el Congreso y una supuesta utilización política por su parte. "No vamos a ofrecer el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid para que Sánchez y Puigdemont jueguen con él. Una vez que se aprobase en la Asamblea, llegaría al Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez y los independentistas lo están esperando", dijo Carlos Díaz-Pache, portavoz del partido en la Cámara de Vallecas. La situación no ha cambiado en las últimas semanas.

Las reforma del estatuto es muy complicada con independencia de quién controle el Congreso. La iniciativa requiere de una mayoría reforzada de 2/3 en la Asamblea de Madrid, lo que significa que el PP, en el caso de que vuelva a ganar, necesitaría en el siguiente intento un mínimo de 90 diputados para este proyecto. Ayuso cuenta ahora con 70, gobernando con absoluta, por lo que deberá convencer a otros veinte. Más Madrid y el PSOE serán clave para modificar la norma, sin tocar desde hace más de diez años.

Otros frentes

La bronca política no invita al optimismo. El contexto de confrontación hace prácticamente imposible cualquier tipo de acuerdo transversal, especialmente en la relación de las administraciones madrileñas con el Gobierno de Pedro Sánchez, con varios frentes abiertos en los tribunales en ambas direcciones. Y lo cierto es que hay otros asuntos que preocupan y que han sido señalados como una prioridad absoluta.

Es el caso de la reforma de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial, vigente desde 2006, en punto muerto tras la solicitud del Ayuntamiento de la capital. El equipo de José Luis Martínez-Almeida apremia al Ministerio de Política Territorial para impulsar un nuevo marco que les brinde mayor autonomía y competencias, pero el Ejecutivo de coalición no ha movido ficha y los contactos hasta la fecha son nulos.