El TSJM cita como testigo a la fiscal superior de Madrid tras la querella del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado como testigo el próximo 13 de junio a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en la causa que abrió el pasado mayo por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz de Ayuso, Alberto González Amador. En un auto notificado este jueves, el magistrado Francisco José Goyena también acuerda citar para ese mismo día al jefe del gabinete de prensa de esa misma Fiscalía.

Las primeras diligencias se centran en aclarar quién dio la orden de publicar la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. González Amador se ha querellado contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de esta comunidad, Julián Salto Torres, pero el TSJM va un paso más allá y quiere saber quién fue "el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal" que dio el visto bueno al comunicado.

El pasado 22 de mayo, al recurrir las primeras diligencias que había acordado el magistrado, la propia Fiscalía ya dejó caer la respuesta a esa pregunta: "Aunque nada dice el instructor sobre qué persona es esa, se puede colegir que se trata del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado [Álvaro García Ortiz]", apuntó en su recurso. "Sobre esta cuestión diremos que el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado ha asumido públicamente esa responsabilidad, pues sin su refrendo ese comunicado no habría sido divulgado". La Fiscalía recordaba para ello lo ocurrido el 15 de abril, cuando el propio García Ortiz asumió de manera pública "la responsabilidad última de esa nota".

Al citar a Lastra y al jefe del gabinete, el magistrado busca ahora confirmar esa tesis y profundizar en el modo en que se gestionó su publicación. Dada la condición de aforado del fiscal general, solo el Supremo puede investigarle, por lo que queda por ver si el TSJM no es más que una parada intermedia y, tras estas primeras diligencias, la causa termina por llegar al alto tribunal.

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"Ni el magistrado instructor ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tienen competencia objetiva para investigar al fiscal general del Estado", advertía la propia Fiscalía en el mencionado recurso en el que solicitó el archivo de la causa. "El artículo 57.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial defiere a la Sala II del Tribunal Supremo la competencia para la instrucción y enjuiciamiento de las causas seguidas, entre otros aforados, contra el fiscal general del Estado".

Cronología de dos causas paralelas

La causa del TSJM parte de la investigación que se sigue contra González Amador por fraude fiscal. El pasado 2 de febrero, su abogado envió una propuesta de conformidad a la Fiscalía en la que su cliente reconocía el fraude fiscal, aceptaba ocho meses de cárcel y se comprometía a pagar 525.000 euros, mostrando así su voluntad de alcanzar un acuerdo que le permitiera reducir su hipotética condena. 11 días después, el 13 de febrero, el fiscal encargado del caso, Julián Salto, interpuso su denuncia contra él y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto.

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El 12 de marzo, Eldiario.es desveló la investigación que se seguía contra González Amador por fraude fiscal. Horas después, el fiscal remitió la denuncia por correo electrónico a su abogado. Según afirman desde la Fiscalía, ese mensaje se envió “para facilitarle el derecho de defensa”, asegurándole en el mismo que la existencia de otras personas denunciadas en este procedimiento no constituía un obstáculo para cerrar un acuerdo.

Desde el entorno de Díaz Ayuso se agarraron a ese último correo para asegurar que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto, pero la Fiscalía emitió la polémica nota de prensa en la que detallaba las comunicaciones que habían mantenido para desmentirlo. "El único pacto de conformidad con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", advertían en la misma.

Tanto esta nota de prensa como la filtración de documentos y correos electrónicos de la investigación dieron lugar a las dos querellas: por un lado, la de la pareja de Díaz Ayuso y, por otro, la del ICAM. Esta última recayó en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, cuyo titular, Jaime Serret, apreció indicios de delito, por lo que elevó una exposición razonada y el TSJM también se ha hecho cargo de la misma.

Ese mismo mes, el fiscal general realizó una declaración institucional en la que asumía toda la responsabilidad respecto a la nota de prensa. "No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", advirtió García Ortiz. En la Fiscalía General del Estado consideran que esta nota en ningún caso incurrió en un delito de revelación de secretos, sino que se limitó a aclarar los ya revelados por el entorno de Díaz Ayuso.