Nacho Cano, de la acusación policial por traer bailarines de México al montaje "por apoyar a Ayuso"

Código Penal. Artículos 311 y 313. Estos dos epígrafes definen los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y contra los derechos de los trabajadores. Son los dos en los que la Policía Nacional basó la detención, este martes en Madrid, del músico y productor Nacho Cano, artífice de la banda Mecano y en primera línea de la industria de nuevo tras estrenar en el año 2022 el musical Malinche. Junto a él también fue detenida una de sus colaboradoras, de nacionalidad mexicana y 54 años, por su relación en el caso.

El artista fue requerido en la comisaría de Centro, ubicada en la calle de Leganitos, después de que unas semanas antes, los efectivos de la Policía y una inspectora de trabajo se personaran en unas instalaciones que emplea el espectáculo para interrogar a diversos integrantes del show. Este martes, y tras entrar en dependencias policiales, los agentes comunicaron al artista que estaba detenido y, tras las pertinentes labores de reseña y comunicación de los delitos de los que le acusaban, rápidamente fue puesto en libertad.

Pese a que los agentes no consideraron oportuno ni arrestarlo en su domicilio ni mantenerlo retenido en los calabozos de la comisaría, el músico tuvo que detallar un domicilio para que, en el caso de que avance el caso -todavía abierto- y sea necesario localizarle, los efectivos policiales puedan acudir. Sobre él pesa una acusación policial por presuntamente haber traído de manera irregular a artistas desde México para después participar en su show; e indicios de haber cometido otro presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

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Cano, arropado por 17 artistas de la compañía, lo negó todo horas después y esgrimió, en una rueda de prensa, que la detención responde a un montaje policial por "apoyar a Ayuso". Sostuvo que la situación de los bailarines que trajo su compañía desde México es perfectamente legal y uno de sus asesores indicó, en este sentido, que no se trata estrictamente de profesionales, sino que son estudiantes de danza que realizan sus prácticas en el espectáculo.

De igual modo, los abogados de Cano aseguraron que estos jóvenes solicitaron su visado de estudios, si bien es cierto que, como admitieron, todavía no había sido validado por la Administración. Alegaron un atasco burocrático en las oficinas que lo tramitan. Pese a ello, los artistas habrían participado en el espectáculo y ni Cano ni sus asesores determinaron el número de horas que los bailarines en prácticas han realizado durante estos últimos meses.

"Tuvo suerte"

Las fuentes policiales consultadas, después de asistir a las explicaciones ofrecidas por Cano, hicieron palpable su perplejidad. "Tuvo suerte, ha recibido un trato especialmente garantista", explican, haciendo alusión a que únicamente estuvo detenido durante unos minutos y después puesto en libertad, mientras que, por ejemplo, los acusados de otros delitos con una menor carga penal, como pudieran ser algunos casos de violencia machista, "es raro que no se queden en el calabazo más tiempo".

Las mismas fuentes advierten que, si Cano hubiera considerado que su detención, como expuso, era fruto de un montaje o de algún tipo de negligencia policial -llegó incluso a señalar al comisario jefe de Centro, Alberto Carba, por estar "muy supeditado a Marlaska"-, "podría haber solicitado un habeas corpus", para que el juez fuera quien determinase si se le había detenido con motivos o sin ellos, legal o ilegalmente. Cano no indicó nada al respecto en su rueda de prensa, más allá de sus ataques contra la Policía.

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En esta línea, fuentes conocedoras de la investigación defienden la diligencia policial en lo relativo a la detención del músico: "No detienes a alguien si no está todo bien atado". Se refieren a que cualquier arresto, más todavía si se trata de un personaje mediático, se lleva a cabo únicamente cuando existen "los indicios suficientes" para tomar esta medida cautelar antes de que el caso llegue al terreno judicial.

Al margen de la denuncia de una de las trabajadoras, que desencadenó la investigación y a la que Cano tildó como "conflictiva", en este apartado entrarían otros testimonios de compañeros que fueran en la misma línea o incluso comunicaciones de algún tipo -bien valen mensajes de texto, emails o whatsapps- que respalden las tesis de la Policía en lo relativo a los presuntos delitos que le achacan a Cano.

"Ayer por la noche, pensando que iba a pasar lo que ha pasado, aunque cabía una pequeña esperanza de que no fuera un caso orquestado, se pusieron 17 denuncias por parte de ellos [en relación a los bailarines que le acompañaron en la rueda de prensa] del trato ilegal, coactivo y achantador de la Policía". Con estas palabras reconoció Cano que, visto el devenir de los acontecimientos, era consciente de que se estaba investigando a su compañía.

Preguntadas por estas denuncias, las fuentes policiales consultadas restan hierro al posible recorrido que puedan tener. "Hay muchísimas, prácticamente es algo que hace cada detenido", indican, y se retrotraen a las detenciones que se produjeron durante Ferraz y que no han conllevado ningún reproche legal para la actuación de los agentes.

Decidirá el juez

El artículo 311 del Código Penal, y relativo al favorecimiento de la inmigración irregular, define el delito de la siguiente forma: "El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante". Está castigado con hasta cinco años de cárcel.

El artículo 313, relativo a los delitos contra los derechos de los trabajadores, castiga que se impongan a los trabajadores condiciones laborales perjudiciales para ellos "mediante engaño o abuso de situación de necesidad"; "imponer condiciones ilegales a los trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo"; o, entre otros supuestos, dar ocupación a una simultaneidad de empleados "sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos del 25% en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 100 trabajadores".

A partir de ahora, y en base a estos preceptos y las pruebas aportadas por los investigadores para sustentar la detención, será el juez que asuma el caso quien decida si Nacho Cano cometió algún tipo de irregularidad o no.