Cae una organización que explotó sexualmente a 600 mujeres en el último año en Madrid, Málaga y Toledo

La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Madrid, Málaga y Toledo, en una operación que ha culminado con la liberación de 32 víctimas de trata. Se estima que se explotaron 600 víctimas en el último año en condiciones insalubres y abusivas.

Se ha procedido a la detención de un total de 26 personas, de las cuales nueve han sido en Madrid, cinco en Málaga y doce en Toledo. Además, los dos cabecillas de la organización han ingresado en prisión provisional. Durante el operativo se han intervenidos numerosos contratos laborales, firmados por las víctimas, que ha llevado a los investigadores a hacer una estimación de que cerca de 600 mujeres fueron explotadas en el último año en cuatro casas, que actualmente se encuentran clausuradas.

En las zonas comunes donde residían las mujeres se encontraron numerosos carteles con estrictas normas que, en caso de incumplimiento, les suponía sanciones económicas de entre 30 y 40 euros. Las mujeres debían estar disponibles y arregladas las 24 horas del día todos los días de la semana y cuando aparecía algún cliente disponían de cinco minutos para acudir. Además, tenían prohibido engordar siendo expulsadas de la casa en caso de no cumplir con los cánones de belleza y exigencias precisadas por los líderes de la organización criminal.

Generalmente vivían en los sótanos de las casas prostíbulo hacinadas en habitaciones de pequeñas dimensiones, con las camas separadas por cortinas, poca ventilación y en condiciones de insalubridad, mientras la parte de la casa destinada al ejercicio de la prostitución contaba con todo lujo de detalles.

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EFE

Distribuidas por todas las estancias había cámaras de seguridad que vigilaban a las víctimas que estaban obligadas a ofrecerle a los clientes diversas sustancias estupefacientes como cocaína, 'tusi', cristal y medicamentos para la disfunción eréctil.

La organización captaba a mujeres en su mayoría colombianas y venezolanas que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas para aprovecharse de su vulnerabilidad y engañarlas prometiéndoles unas ganancias de 5.000 euros a la semana, con unas buenas condiciones de trabajo y con habitación propia para descansar, si iban a trabajar a España.

Los delincuentes llegaban a ellas a través de empresas localizadas en el país de origen o de las propias encargadas de las casas, conocidas como las 'mamis', que contactaban con ellas. Una vez las mujeres llegaban a España contraían una deuda de entre 3.000 y 4.000 euros con la organización y debían ceder sus derechos de imagen, para que posteriormente pudiesen ser publicadas en varios portales web de contenido para adultos.