Urkullu impulsa una ley para recuperar los restos de los vascos en el Valle de los Caídos

El mismo día en el que el Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la exhumación de Francisco Franco y su entierro en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el lehendakari Iñigo Urkullu ha presentado en el Consejo de Gobierno el borrador del anteproyecto de ley de Memoria Histórica del País Vasco para "reconocer y reparar" a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que contempla llevar a cabo diferentes acciones para "recuperar los restos de los vascos inhumados en el Valle de los Caídos".

El texto determina que el Ejecutivo de Vitoria establecerá "los cauces de colaboración" con la Administración General del Estado en lo que atañe a los vascos inhumados en el Valle de los Caídos para que "aquellas familias que así lo deseen puedan exhumar a sus familiares". Dentro de este objetivo, el anteproyecto establece que el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora prestará el "apoyo necesario" a los allegados de los vascos enterrados en este emplazamiento que "quieran iniciar el proceso de exhumación y recuperación de los restos allí inhumados".

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La recuperación de los restos de vascos inhumados en el Valle de los Caídos se recoge dentro del capítulo V del borrador del anteproyecto de ley de Memoria Histórica del País Vasco -estructurado en su conjunto en once apartados- y que está dedicado a las "medidas para la búsqueda de desaparecidos y su identificación". Para este fin, el documento pone en manos de Gogora las diferentes acciones a llevar a cabo para la localización e identificación de las personas desaparecidas en la Guerra Civil, así como la realización del mapa de fosas, la comunicación con los familiares de desaparecidos o los columbarios destinados a los restos de las personas desaparecidas. A este respecto, el texto contempla la firma de convenios con otras instituciones autonómicas o con el Gobierno de España para la recuperación de personas desaparecidas, y concretamente, para "recuperar los restos de los vascos inhumados en el Valle de los Caídos".

Una vez presentado su contenido al Consejo de Gobierno, el borrador del anteproyecto se remitirá ahora al Parlamento Vasco de cara al inicio de su tramitación como proyecto de ley en aras a su aprobación en la Cámara de Vitoria, donde el Ejecutivo de PNV y PSE necesita el apoyo de alguno de los tres grupos de la oposición para que el documento vea la luz. Precisamente, el texto elaborado por el Gobierno de Urkullu llega apenas dos semanas después de que EH Bildu y Podemos presentaran en el Parlamento una proposición de ley de Memoria Histórica que recoge el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que en su momento presentó y posteriormente retiró la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo al conocer que el Ejecutivo de Vitoria preparaba una ley vasca específicamente sobre esta materia.

El texto de Urkullu llega solo dos semanas después de que Bildu y Podemos presentaran en la Cámara vasca una proposición de ley de Memoria Histórica

Ahora, el Parlamento Vasco tiene que abordar la tramitación de dos leyes sobre memoria histórica, si bien el Gobierno vasco confía en llegar a un acuerdo con EH Bildu y Podemos ya que se trata de dos textos que "confluyen", ya que "la filosofía subyacente es básicamente la misma", con "muchos elementos en común", según ha destacado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en la tradicional comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno. En todo caso, pese a la coincidencias, el Ejecutivo de Vitoria mostrará su criterio desfavorable a la tramitación de la iniciativa de estas dos formaciones al considerar que el "eje central" del debate se debe articular sobre el anteproyecto elaborado por el gabinete de Urkullu, y que también será remitido a asociaciones "memorialistas" de cara a incorporar, en su caso, sus aportaciones.

El borrador del Ejecutivo vasco contempla la "recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista" en el País Vasco bajo el liderazgo de Gogora, que "adoptará las medidas y actuaciones necesarias" para su localización y, "si es posible, la recuperación e identificación de sus restos". En esta línea, este organismo establecerá los "medios y canales de comunicación adecuados para asegurar a las posibles víctimas y a sus familiares el conocimiento del derecho y procedimiento de localización, exhumación e identificación".

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El traslado de restos humanos encontrados, bien sea como consecuencia de los procedimientos de localización o por "hallazgo casual", requerirá de la autorización de Gogora, según sostiene el texto, que determina que "los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados deberán ser inhumados en el columbario que se determine o en el cementerio correspondiente al término municipal en el que se encontraron". En este sentido, el anteproyecto apuesta por, de acuerdo con las entidades locales, "dignificar las fosas de las víctimas en aquellos casos donde resulte técnicamente imposible la exhumación" para "así asegurar su conservación".

Igualmente, el borrador señala que la Administración vasca establecerá y gestionará un sistema de banco de datos de ADN de cara a la recogida de muestras genéticas de los restos óseos procedentes de las exhumaciones, en el que "se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el de personas voluntarias que, tras su acreditación como familiares de víctimas, soliciten que les sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y poderlo comparar con las muestras almacenadas".

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El anteproyecto faculta al Gobierno vasco para la firma de convenios de colaboración con el Gobierno español, otras comunidades autónomas y entidades públicas y privadas encaminados a "la indagación, la localización y la identificación de personas vascas desaparecidas violentamente fuera del territorio vasco". El texto también plantea la creación de columbarios de dignidad y, a este respecto, recoge que Gogora deberá "preservar como lugar de homenaje y recuerdo permanente los diferentes columbarios que existan y se creen, entre ellos el Columbario de la Dignidad de Elgoibar", y que estarán "destinados a la inhumación de los restos de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil que no han sido identificadas, o los que, siendo identificados, sus familiares decidan que reposen en él".

La creación de una Ley de Memoria Histórica no estaba previsto en el calendario legislativo aprobado por el Ejecutivo de Urkullu de cara a los cuatro años de mandato que finalizan el próximo año, cuando se celebrarán elecciones autonómicas, si bien el Gobierno vasco ha decidido actuar a raíz de una iniciativa parlamentaria aprobada en febrero de 2018 con el voto de todos los partidos de la Cámara a excepción del PP que solicitó a Gogora la realización de un informe sobre la conveniencia de contar con una Ley de Memoria Histórica en sintonía con lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Dentro de este debate, el Parlamento también dio a finales del pasado año el mandato al Gobierno de Urkullu de hacer todas las gestiones administrativas oportunas para exhumar y trasladar al País Vasco los restos de "republicanos, milicianos, ‘gudaris’ y ciudadanos de origen vasco" que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos para que estas víctimas tengan su "reconocimiento y reparación".

El Gobierno vasco no garantiza que la ley de Memoria Histórica se apruebe en el Parlamento Vasco antes de que se agote la legislatura en 2020

Esta vía puede contar con sustento legal a través del borrador del anteproyecto que el Gobierno de Urkullu pretende sacar adelante en la Cámara de Vitoria antes de que finalice la legislatura, algo que, en todo caso, no ha garantizado Erkoreka a raíz del tiempo que resta para que se agote la misma -además se especula incluso con un posible adelanto de las elecciones, previstas en un principio para octubre, ante la posibilidad de que Urkullu sea incapaz de aprobar sus presupuestos por segundo año consecutivo por la falta de apoyos y el "bloqueo" en el Parlamento Vasco-.

En sus once capítulos, el anteproyecto de ley aborda el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. No obstante, el documento no recoge medidas concretas de cara a la reparación económica para las víctimas y sus familiares, ya que, según defiende Erkoreka, se trata de una posibilidad que queda "abierta" a posteriores modificaciones. El texto también plantea llevar la memoria histórica a las aulas con su inserción en el currículum vasco dentro de la misión orientada a la "divulgación y la educación". En concreto, determina que Gogora, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, "ofrecerá herramientas didácticas para la inserción de la Memoria Histórica al currículum educativo vasco garantizando los procesos de elaboración de las mismas, basadas en el rigor histórico y la pluralidad".

El borrador no recoge medidas para la reparación económica a las víctimas y sus familiares: es algo que queda "abierto" a posteriores modificaciones

El borrador también plantea la creación de "lugares, itinerarios y espacios de memoria histórica del País Vasco" y el impulso de las actuaciones necesarias para recuperar todos los fondos documentales y testimonios orales de interés para el País Vasco, así como el reconocimiento al movimiento asociativo por su labor en defensa de las víctimas con el establecimiento de canales para fomentar su participación en materia de memoria histórica. Igualmente, el anteproyecto establece el régimen sancionador para aquellas acciones que atenten contra la ley y regula la retirada de la simbología contraria a la misma. A este respecto, el Gobierno vasco afirma que, si bien la mayoría de símbolos que honran al franquismo han sido retirados a lo largo de los últimos años, aún "sigue habiendo vestigios que deben desaparecer".