Nueva sentencia que salpica al PNV: 7 años de cárcel a un exsenador por tres delitos fiscales

El exdirector de la Hacienda foral de Guipúzcoa y exsenador del PNV Víctor Bravo ha sido condenado a una pena de siete años de cárcel como autor a título de cooperador necesario de tres delitos fiscales contra la Hacienda Pública –dos años y cuatro meses por cada uno de ellos– en el marco de la investigación abierta en torno a la sociedad Glass Costa Este Salou por haberse beneficiado presuntamente de forma irregular del régimen foral de este territorio. La sentencia le impone además una multa de 3,11 millones de euros y el pago de una indemnización de 1,55 millones de euros que deberá abonar a la Hacienda Pública Estatal de forma conjunta y solidaria con su socio en la mercantil Fernando Isidoro González.

Por su parte, el que fuera administrador de Glass Costa Este Salou ha sido condenado a tres años de cárcel como autor penalmente responsable de tres delitos contra la Hacienda Pública –once meses y 29 días de prisión por cada uno– al aplicarle el tribunal el atenuante de reparación del daño causado por haber devuelto durante el juicio un millón de euros. En su caso, la multa queda fijada en 1,5 millones de euros, según refleja la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián, fechada este jueves 6 de febrero.

La sentencia llega ni dos meses después del fallo que condenó a tres exdirigentes del PNV en Álava por el mayor caso de corrupción en el País Vasco

La resolución, que no es firme ya que cabe recurso de apelación ante este mismo juzgado, cierra en primera instancia el proceso abierto por unos hechos ocurridos en los ejercicios de 2003, 2004 y 2006, cuando Bravo ofreció un trato privilegiado a la mercantil Glass Costa Esta Saloy, en la que era socio con Fernando Isidoro González (ex de Air Madrid), durante su etapa al frente de la Hacienda de Guipúzcoa. La vista oral tuvo lugar entre el 17 y 19 de septiembre en San Sebastián. Tras el juicio, la Fiscalía decidió incrementar de seis a nueve años su petición de prisión para Bravo al considerar que había defraudado 1,4 millones de euros a través de la sociedad Glass Costa Este Salou en lo referente a la cuota de Impuesto de Sociedades de los citados ejercicios, mientras que rebajó a cuatro años y medio la petición para el administrador de la mercantil al haber consignado durante el juicio en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado la cantidad total de un millón de euros como atenuante de reparación del daño causado. Por su parte, la Abogacía del Estado, en representación legal de la Agencia Tributaria, pedía nueve años de prisión para cada uno de los dos procesados.

La sentencia salpica al PNV cuando no se cumplen ni dos meses desde que el pasado 17 de diciembre la Audiencia de Álava condenara a tres exdirigentes de la formación 'jeltzale' en este territorio a penas de entre trece y seis años y medio de prisión, dentro del denominado 'caso De Miguel', por liderar una trama dedicada al cobro de comisiones ilegales y al logro irregular de contratos y adjudicaciones públicas en la que ha sido la sentencia del mayor caso de corrupción juzgado en el País Vasco.

Víctor Bravo y Fernando Isidoro González estaban acusados de haber "planificado" la forma para que la mercantil, con sede real en Cambrils (Tarragona), pudiera "disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Guipúzcoa" y que ofrecía "considerables ventajas fiscales". Durante el juicio, el exsenador del PNV, que ejerció su derecho a defenderse a sí mismo en su condición de letrado de profesión –aunque estuvo asistido por otro abogado–, aseguró que la mercantil cumplía todos los requisitos para acogerse a la normativa fiscal de este territorio dado que la sede y la dirección "efectiva" de la misma estaban en Guipúzcoa, donde además tenía la "totalidad" de su inmovilizado. Asimismo, afirmó ser "totalmente ajeno" a las decisiones tomadas por Glass Costa Este Salou pese a que era copartícipe de la misma, y negó haber ejercido alguna "función de responsable" de esta mercantil, que se dedicaba al sector inmobiliario, entre otros negocios.

Su socio y amigo, como segundo administrador de Glass Costa Este Salou, poseía junto a su esposa directa e indirectamente cerca del 80% de la mercantil. La Fiscalía acusaba a ambos procesados de planificar un entramado societario para, a través de una "simulación domiciliaria convenida", realizar la tributación bajo la ventajosa normativa foral en lugar de atenerse a la normativa estatal que le correspondía. Para ello, se basaba en la ausencia de actividad de la mercantil en el territorio, donde en apariencia se dedicaba a la promoción inmobiliaria. En su informe de conclusiones, el Ministerio Público era muy contundente al acusar a Bravo de "maquinar un fraude burdo" contra el fisco. Incluso, aseveró que "se creía que era Dios" desde su puesto de responsable de la Hacienda de Guipúzcoa, permitiendo que la sociedad obtuviera "grandes beneficios" con total "impunidad", y de los que se benefició Bravo. Por ello, reclamaba a ambos una compensación de 1,4 millones de euros, cantidad que la Agencia Tributaria elevaba a 1,8 millones.

La fijación del domicilio fiscal de Glass Costa en Guipúzcoa fue "ficticia" para lograr los "importantes beneficios fiscales" que ofrecía la normativa foral

La resolución judicial, de 149 páginas, respalda el criterio del Ministerio Público y da por probado que la fijación del domicilio fiscal de Glass Costa Este Salou en Guipúzcoa fue "ficticia" mediante una "deslocalización" que estaba encaminada a favorecerse de "la aplicación de la normativa foral que reconocía importantes beneficios fiscales a las sociedades domiciliadas" en este territorio, cuando su gestión administrativa y su actuación de negocio se encontraba en Cataluña. Entre estas ventajas, se encontraba la posibilidad de "solicitar y obtener el régimen de Sociedades de Promoción de Empresas", que por entonces era una figura "exclusiva" de Guipúzcoa tras ser derogada por otras administraciones, o acceder "al régimen fiscal especial de Fusiones, Escisiones, Aportación de activos y Canje de valores (FEAC)", el cual "permite valorar activos a precios de mercado con efectos fiscales y practicar mayores deducciones del fondo de comercio, en concreto hasta un 20%, cuatro veces más que lo permitido en la normativa estatal".

La magistrada María Ángeles Rubio destaca el papel que tenía Bravo en la gestión de la Hacienda a pesar de ser "un cargo de designación política", lo que abría la puerta a la comisión de los delitos fiscales por los que le ha condenado después de otorgar un trato privilegiado a Glass Costa Este Salou. Determina que la Hacienda Foral, como "competente para la exacción e inspección" de los impuestos, contaba con "el apoyo y la cobertura" de Bravo, quien "no realizaba únicamente labores de gestión política, sino que asumía funciones de organización y dirección" de las áreas de gestión tributaria, recaudación e inspección.

El hermano del exsenador, José María Bravo, fue condenado en 2012 a once años de cárcel por la comisión de diferentes fraudes cuando lideraba la oficina de la Hacienda de Irún

Se da la circunstancia de que el hermano del exsenador del PNV, José María Bravo, fue condenado en 2012 a once años de prisión por diferentes fraudes cometidos cuando estaba al frente de la oficina de la Hacienda de Irún. La Audiencia de Guipúzcoa consideró probado que el procesado se apropió de forma ilegal de diversas cantidades de dinero de contribuyentes morosos para saldar sus cuentas con Hacienda durante su etapa como responsable de esta oficina tributaria y que iban a parar a sus cuentas particulares. En la mayoría de los casos, el condenado exigía el pago en metálico a cambio de rebajas en las deudas fiscales contraídas, para posteriormente darles de baja del sistema por "insolvencia". La sentencia, de 380 páginas, le obligó a devolver a la Hacienda Foral 1,9 millones de euros, más los intereses correspondientes, por el dinero desviado y los perjuicios ocasionados al fisco guipuzcoano.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de San Sebastián también condena a los dos procesados a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.